“Un león sin la misma dentadura pero que ruge”, “una amalgama” o “un engendro”. De esa forma, esta semana, distintos actores han calificado el acuerdo alcanzado por la izquierda y la centroizquierda de la Convención Constitucional para destrabar cuál será el diseño del sistema político que se propondrá a la ciudadanía en el proyecto de nueva Constitución.
Los calificativos apuntaron a que, como fue una negociación -entre el Colectivo Socialista, el Colectivo del Apruebo, Pueblo Constituyente, Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes, Independientes No Neutrales y el Frente Amplio- y cada uno de los involucrados defendió algunas “líneas rojas” que estimaban difíciles de traspasar, lo que se alcanzó fue una serie de indicaciones que no funcionan como un conjunto o que no tienen una mirada sistémica.
En concreto, entre los colectivos participantes se acordó la propuesta de la mantención del régimen presidencialista, la eliminación del Senado, la existencia de un Congreso Plurinacional y la conformación de un Consejo Territorial -que ocuparía el lugar del Senado-. También se agrega la figura de un vicepresidente de la República y se crearía la del ministro de gobierno.
Antes de la presentación de la propuesta, distintos expertos y académicos advirtieron sobre el riesgo de tomar decisiones ligadas al sistema político sin una mirada sistémica, o sea, que no se aborde este tema desde todos los puntos de vista del engranaje del poder político. “El diseño del sistema político requiere de un cuidadoso juego de pesos y contrapesos”, advirtió Sebastián Soto, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Lo mismo señaló el abogado Tomás Jordán, abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado. “Es necesario tener una mirada sistémica, que se equilibren las facultades del presidente, del Congreso con el gobierno regional y con las eventuales asambleas regionales”, agregó.
La institución que reemplazaría al Senado
Un punto que ha sido ampliamente discutido desde la publicación de la propuesta es el Consejo Territorial. Algunos de quienes participaron en esta propuesta afirman en privado que el órgano está inspirado en el Bundesrat alemán, que se podría traducir como Consejo Federal y que se encarga de representar a los 16 estados federados del país europeo. En la práctica, este órgano ejerce las funciones de una Cámara alta: aprobar y rechazar las leyes que afectan a las competencias de los estados federados.
En concreto, según se desprende de las indicaciones del acuerdo, el Consejo Territorial no sería parte del actual Congreso Nacional -que, de ser aprobada la propuesta, pasaría a apellidarse “Plurinacional”-. En lugar de eso, consistiría en una instancia separada y con carácter consultivo sobre la tramitación legislativa.
Según explicó Jordán, la gran diferencia entre el Consejo y el actual Senado estaría en la influencia de la revisión y en la capacidad de equilibrar distintas posiciones entre poderes. “Lo que queda por definir es la intensidad de la incidencia del Consejo Territorial. Hay un bicameralismo, pero inclinado, que acentúa la preeminencia o el rol político de la cámara ciudadana popular. Eso es lo que está pendiente por equilibrar”, señaló.
En tanto, las atribuciones del Consejo Territorial se limitarían a temas de interés regional o presupuestarios. Aunque en las indicaciones no se define el número de miembros, sí se establece que deben ser mínimo tres por región y que se elegirían en conjunto con las autoridades municipales y regionales. Además, en aquellas materias en las que el Consejo sí puede intervenir, no estaría habilitado para bloquear proyectos de ley impulsados por el eventual Congreso Plurinacional.
Algunos convencionales de derecha y centroderecha han acusado que la propuesta se trataría de un “unicameralismo encubierto”. En esta misma línea, Soto reafirmó: “Es fundamental que exista un Senado que no solo sea un espacio de representación de las regiones, sino que también uno de contrapeso. Tal cual está, el Consejo Territorial realmente no puede representar, porque carece de atribuciones que le permiten intervenir en las discusiones relevantes”.
Por otra parte, la politóloga y subdirectora del Instituto de Ciencia Política de la UC, Valeria Palanza, reafirmó que la propuesta se trata de un sistema bicameral, aunque “extremadamente asimétrico”, al punto de no cumplirse con el objetivo de ofrecer resguardo de las regiones mediante el Consejo.
Si bien Palanza valoró que se hayan alejado de la alternativa unicameral, sugirió que al Consejo Territorial se le debiesen expandir sus atribuciones. “A la cámara territorial se le restringieron los asuntos en los que podrá participar, lo que era previsible. Pero se restringieron tanto, que la redacción actual lleva a pensar que podría perder sus atribuciones sin derecho a participar de la decisión”, argumentó la politóloga.
Palanza, además, señaló que resulta preocupante que el Congreso Plurinacional pueda imponer urgencias e incluso aprobar sin la opinión del Consejo Territorial si este se demora. “Equivale a decirle al Consejo Territorial que su parecer y el del equilibrio de fuerzas entre territorios que representa no es relevante, lo que no tiene sentido”, afirmó. Según explicó, para cumplir bien su función, el Consejo debiese poseer la atribución de decidir sobre cómo se distribuye el poder de tomar decisiones en el país.
Reconfiguración del Ejecutivo
Bajo estas indicaciones, también se vislumbran modificaciones a la figura presidencial. Por un lado, se ratifica la norma aprobada en general de establecer un vicepresidente de la República. Sin embargo, se añade la figura de un “ministro de gobierno”, cargo que ha sido criticado por sectores del derecha por considerar que es una figura propia del parlamentarismo, pero sin sus atribuciones.
En concreto, y según se menciona en las indicaciones, el ministro de gobierno sería nombrado por el (o la) presidente de la República, y sería el encargado de conducir las gestiones legislativas del gobierno y de dirigir la ejecución de su programa de gobierno y legislativo.
Además, a esta figura le correspondería ejercer la coordinación política de los ministros, coordinar la relación política del gobierno con el Congreso Plurinacional y el Consejo Territorial, así como también presentar junto al presidente un programa de gobierno y legislativo al eventual Congreso Plurinacional.
Las últimas definiciones
Si bien el acuerdo alcanzado entre la izquierda y la centroizquierda fue apoyado y firmado de forma transversal por ese sector, desde distintos colectivos reconocen que su futuro es incierto. De hecho, hoy sábado algunos grupos se reunirán para definir, artículo por artículo, qué apoyarán y que no durante las votaciones particulares de la comisión de Sistema Político.
La votación del lunes sería la primera de tres vallas que la propuesta deberá atravesar para quedar plasmada en el borrador de la nueva Constitución. Luego de esa instancia, en que participarán los 25 convencionales que integran la comisión de Sistema Político, y solo en caso de ser aprobada, la propuesta sería integrada en un informe para luego ser sometida a la votación, en general y en particular, en el pleno, en que deberá conseguir el apoyo de 2/3 de los convencionales.
Aunque los convencionales prefieren no adelantar en detalle cuáles son sus “líneas rojas”, dentro de la comisión es recurrente la posición, en concordancia con los académicos consultados por La Tercera, que se busca darle más atribuciones al Consejo Territorial. Así lo han manifestado algunos constituyentes como Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) -coordinadora de la comisión de Sistema Político- y Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo).
En este sentido, el constituyente Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista) sostuvo: “Para nosotros es importante que el acuerdo arribado sea un piso para tener un sistema de tramitación bicameral, pero no un techo. Esperamos que avance en mayores facultades”. Por su parte, el convencional Guillermo Namor (No Neutrales) afirmó: “Estamos por fortalecer más al Consejo Regional, revisar la tramitación de las leyes de iniciativa exclusiva y seguimos analizando la figura de la vicepresidencia y la estructura de la ley de presupuesto”.