Ignacio Cano, experto en seguridad pública: “Hay preocupación por el crecimiento de la tasa de homicidios en Chile, Costa Rica y Ecuador”

Tras su exposición en el seminario “Alternativas progresistas contra la violencia y el crimen organizado” -realizado a fines de abril por Fundación Chile 21-, el profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y miembro fundador del Laboratorio de Análisis de Violencia (LAV) de la misma casa de estudios, Ignacio Cano, ahondó en una de las realidades que afecta a la región: de acuerdo al último Estudio Global de Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Latinoamérica es la zona más violenta del mundo.

En conversación con La Tercera, el sociólogo español -también investigador y evaluador de proyectos de seguridad pública y derechos humanos en Brasil y otros países de América Latina- identifica entre los factores que explican esta realidad desigualdades sociales, debilidad en los Estados y altos niveles de impunidad. Además, entre los desafíos para combatir el crimen afirma que una de las claves está trabajar en mejorar la información e inteligencia, además de generar confianza en la ciudadanía a la hora de denunciar.

El Observatorio de Homicidios de Chile reveló un alza de asesinatos entre 2018 y 2022, aunque con una leve baja en 2023. ¿Cómo se compara esta evolución a la de otros países?

No soy un especialista en Chile, pero acompañamos con preocupación el crecimiento de la tasa de homicidios en países como Chile, Costa Rica y Ecuador, que son países con tasas tradicionalmente bajas y que han experimentado un aumento. A pesar de eso, la tasa de Chile continúa siendo prácticamente la más baja del Cono Sur y de América Latina. Entonces, tiene que haber una reacción del poder público, focalizada y mesurada, porque cuando uno deja subir mucho la tasa de homicidios, después volverla a bajar es muy difícil. Pero no tiene que haber alarmismo ni la sensación de que Chile se está convirtiendo en México, Brasil o Colombia.

De acuerdo al último informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, nuestra región es la más violenta del mundo. ¿Cuándo ocurrió el punto de quiebre?

El punto de quiebre sucedió hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos niveles de violencia estructural muy altos. A mitad del siglo XX se esperaba que el fin de las guerras civiles en Centroamérica y el fin de los regímenes militares en el Cono Sur redujeran básicamente los niveles de violencia, y sí se redujeron los niveles de violencia política, pero no se los de violencia homicida en general.

¿Qué factores influyeron?

Tenemos sociedades extremadamente desiguales, que son caldo de cultivo para la violencia. Tenemos Estados débiles, altos niveles de impunidad, y también alta difusión de armas de fuego. En América Latina tenemos un porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego claramente superior al resto del mundo. Nuestras víctimas de homicidios son más jóvenes y más masculinas, entonces tenemos una especificidad de cómo se da el homicidio en América Latina. Cuando ha habido políticas de combate a la exclusión social, como sucedió en Venezuela con Chávez, como sucedió en Brasil en la época de Lula, eso no se vio acompañado de una reducción de los homicidios. La izquierda latinoamericana siempre pensó que cuando se redujera el problema de la exclusión social, automáticamente la violencia y la criminalidad dejarían de existir y eso no sucedió.

¿Qué pasa con medidas para combatir el crimen como las que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador?

Ha reducido los homicidios y las extorsiones, pero ¿a costa de qué? A costa de colocar en la prisión a decenas de miles de jóvenes de escasos recursos, sobre los cuales no hay ninguna prueba de que participen en el crimen organizado. Las tentativas pasadas de criminalizar a mucha gente saldaron con el aumento y el fortalecimiento del crimen organizado. Lo que hace Bukele es gastar muchos recursos en construir cárceles, en encarcelar, y no sabemos si eso es sostenible, pero ciertamente tiene un costo en términos de democracia.

Sin embargo, ¿pueden ser medidas que terminen siendo bien evaluadas por una ciudadanía con alta percepción de inseguridad?

Es muy peligroso dejar llegar a altos niveles de violencia, porque la gente empieza a apoyar cualquier tipo de solución de manera autoritaria, ilegal incluso.

Uno de sus estudios habla precisamente del modelo de programas de prevención de homicidios en América Latina y El Caribe. ¿Qué estrategias han sido exitosas y cuáles no han dado resultado?

De forma poco exitosa podemos decir la militarización. Las evaluaciones que existen de proyectos de militarización de la seguridad en Colombia y en México han mostrado, en algunos casos, que no hay impacto sobre la criminalidad por la presencia del Ejército en las calles. Y en otros casos -peor- se ha producido un aumento de la violencia a raíz de la presencia del Ejército, sobre todo en México. En el caso mexicano también está vinculado a procesos de descabezamiento de los carteles. Eso produce una mayor fragmentación, más disputa por el territorio y los mercados criminales y más violencia. Hay una estrategia relativamente novedosa que está llegando a América Latina: la disuasión focalizada, que significa que uno admite que el crimen va a seguir sucediendo, pero intenta condicionar a los actores criminales para que operen con menores niveles de violencia. Hay otros proyectos de interrupción de los ciclos de venganza entre pandillas; otros de reinserción de los autores de crímenes violentos que salen de la cárcel; de protección a personas en situación de alto riesgo.

¿Cuáles son los desafíos para combatir en el crimen en Latinoamérica?

Necesitamos trabajar en mejorar la información para planificar las intervenciones. La información, por un lado, y la inteligencia por otro. También necesitamos generar mecanismos de denuncia anónima y canales de confianza que le permiten a la gente contar lo que sabe para tener información, inteligencia, que permita esta intervención focalizada. Y en la línea con lo que venía definiendo de la disuasión focalizada, es muy importante que el Estado actúe especialmente y con más intensidad contra los actores más violentos.