En el Ministerio y la Subsecretaría del Interior no se habla ni de refundación de Carabineros ni de Wallmapu. Pareciera que los complejos para abordar los temas relativos a la seguridad quedaron atrás, aunque para el subsecretario Manuel Monsalve, dice, nunca fue tema: “A los que no tenían vida parlamentaria previa quizás les llamó la atención la demanda constante de la población y los alcaldes de contar con más policías y más vehículos, pero a mí no”, asegura a La Tercera.
Y consciente de esa demanda -la cual se vio reflejada, por ejemplo, en la última encuesta Cadem que situó a la seguridad como la prioridad para los chilenos- es que explica cómo estará distribuido el presupuesto para esta materia en 2023.
Según anunció el jueves el Presidente Gabriel Boric, para el próximo año el monto para seguridad aumentará en un 4,4%, lo que se traduce en $ 165 mil millones. Estos irán destinados, principalmente, en dos direcciones: mejorar los insumos con los que cuenta Carabineros y la PDI, como también inyectar una cantidad importante de dinero para combatir el crimen organizado.
Sobre lo primero, el subsecretario Monsalve hace un crítico diagnóstico del escenario en el cual está Carabineros, en cuanto al parque vehicular con el que cuenta.
“Carabineros tiene un indicador de cobertura policial, que mide el porcentaje de cobertura que tienen. Eso, hoy, está en un 65%,y para mejorarlo es fundamental permitirle un mejor despliegue operativo”, dice.
La Subsecretaría del Interior destinará $ 27 mil millones para mejorar la flota de los vehículos de Carabineros, y lo hace luego de detectar que un 55% de la dotación de autos, camionetas y patrullas, está con su vida útil vencida.
“Estar en esta situación es altamente ineficiente, porque el costo es tener un vehículo policial ocho meses fuera de la calle y cuatro operativo. Es una pérdida por donde se le mire”, detalla Monsalve, quien descarta que esta situación tenga que ver únicamente con los daños sufridos durante el estallido social.
“No se puede negar que allí hubo un impacto, eso está fuera de discusión, pero esto tiene que ver más con que en los gobiernos anteriores no se compró la cantidad adecuada de autos que se necesitaba. Si Carabineros pedía 100 autos, les llegaban 40, 50 o 60, pero no se cubría todo”, dice.
El plan, denominado por el gobierno como Programa de Normalización del Parque Vehicular de Carabineros, tiene como objetivo terminar esta administración con la flota de vehículos en un 100% de operatividad. Para eso, Interior comprometió la compra de 1.054 autos y camionetas todos los años, hasta el año 2026.
Macrozona Sur
Además de contar con un déficit en las patrullas policiales de Carabineros, también existe un diagnóstico negativo en el Ejecutivo sobre los vehículos blindados que operan y transitan por la Macrozona Sur.
Según Monsalve, hay 18 vehículos tipo Mowag -cedidos por el Ejército- que están operativos y otros 23 que están en reparación. El porqué cuesta tanto arreglar estos vehículos radica, explican en el gobierno, en que es Famae la encargada de arreglar estos dispositivos, primero, llevándolos desde La Araucanía a Santiago para repararlos y, una vez listos, son devueltos hacia el sur.
El proceso es largo. Por lo mismo, Interior pidió a Carabineros licitar la reparación de los Mowag, lo cual ya está en curso y agilizará el proceso.
Pero hay un segundo problema. “No tenemos vehículos blindados intermedios, porque a quienes quieren una respuesta o reacción rápida no podemos ofrecerle el Mowag, el cual se demora una hora en recorrer 20 kilómetros. Para mejorar eso adquiriremos cuatro vehículos blindados, donde caben 12 personas y se desplazan a 100 kilómetros por hora”, explica Monsalve, quien cada cierto rato revisa uno de los cientos de papeles que tiene en su escritorio.
Además de esos cuatro vehículos -que serán cubiertos con parte de los $ 38 mil millones destinados a combatir el crimen organizado- el gobierno regional del Biobío que encabeza Rodrigo Díaz Worner aportará para la compra de otros cuatro de estos blindados. En La Araucanía también esperan llegar a un acuerdo con la gobernación para sumar una compra más.
“Las cosas no son todo lo rápido que uno quiera, porque hay temas de presupuesto, pero también de disponibilidad en el mercado. Lo importante es que tenemos un diseño definido respecto de las capacidades militares y policiales que debemos desplegar en la zona”, agrega el subsecretario.
La queja radica en que la inversión de $ 1.000 millones para la compra de 34 camionetas blindadas para la Macrozona Sur hecha por el Presidente Boric el 1 de junio en su cuenta pública, aún no puede concretarse. Sin embargo, Monsalve asegura que estarán disponibles para diciembre, pues la toma de razón ya salió de Contraloría y ya se depositaron estos fondos en la cuenta de Carabineros.
Otra de las preocupaciones para la zona que va entre el Biobío, La Araucanía y Los Ríos es la situación de los 800 carabineros que cumplen medidas de protección en distintos predios. “Hay algunos que están en condiciones deplorables, en casetas de madera, donde no hay garantías de seguridad”, advierte el subsecretario, quien, para solucionar eso, anuncia la compra de 15 módulos blindados para que puedan dormir ahí mientras cumplen sus labores.
Los insumos con los que los carabineros cuentan en La Araucanía y el Biobío es algo que inquieta en el Ejecutivo, dado que, por ejemplo, detectaron que los chalecos antibalas tienen estándares de seguridad muy bajos, sobre todo en el caso de los policías territoriales (los que están en las tenencias o comisarías).
Por ejemplo, estos solo protegen una parte del pecho, el estómago y los hombros. El resto de las extremidades quedan libres.
Por lo mismo, y eso ya es algo que está en ejecución y no forma parte del presupuesto para 2023, se dispuso la compra de chalecos antibalas con un grado mayor de seguridad.
Para el gobierno pareciera que ya no hay un complejo en disponer de más carabineros e, incluso, tener vehículos militares en la Macrozona Sur. ¿Se liberaron de ese amarre?
El subsecretario Monsalve admite que “hay que garantizar la seguridad de las personas, porque si yo pudiera llegar a un acuerdo de iniciar un proceso consensuado de restauración de tierras, de ley de cuotas en el Parlamento, etc., eso yo lo haría, es el camino, pero tenemos la obligación también de garantizar la seguridad de las personas”.
Crimen organizado
El combate a las bandas criminales también es abordado en el presupuesto del gobierno para 2023. Serán $ 38 mil millones que se dividirán así: $ 12 mil millones para Carabineros, $ 13 mil millones para la PDI y $ 4 mil millones para Gendarmería. El resto se reparte entre Aduanas, Directemar y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En el caso de la PDI, la principal inversión es construir un sistema biométrico de alto nivel que permita, por ejemplo, reconocer la cara de una persona aleatoriamente. Esto tiene un valor total de $ 38 mil millones, por lo mismo, se buscará llegar a un acuerdo con las gobernaciones regionales para lograr reunir estos fondos.
El mejorar los insumos tecnológicos para las cárceles -compra de antidrones y rayos X- también es necesario para Gendarmería, dice Monsalve, a partir de un diagnóstico preocupante.
“La cultura que se está instalando en Chile está presente en otros países y tiene que ver con que un grupo criminal toma de soldados al resto de la población penal para sus fines de extorsión. Estamos ante un proceso progresivo donde hay riesgo de que las bandas delictuales terminen tomándose las cárceles, y eso hay que frenarlo ya”, advierte el subsecretario.
