El jueves de esta semana se añadió un nuevo capítulo a la ya larga tramitación de la ley corta de isapres, pues el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió acoger el requerimiento que semanas atrás hizo un grupo de senadores oficialistas, quienes buscaban dejar sin efecto la mutualización, mecanismo que hasta ahí estaba plasmado en la redacción del proyecto que llegó a la Cámara de Diputados y que busca compartir costos y riesgos entre afiliados, lo que reducía el cálculo de la deuda de las isapres con sus asegurados a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

Eso sí, el TC no descartó del todo la posibilidad de incluir este mecanismo. En resumen, lo que hizo el órgano judicial fue declarar inconstitucional la forma en la que el concepto se incluyó en la redacción del proyecto de ley, que fue a través de una indicación presentada por senadores de la oposición. Por ende, ahora incluir esta fórmula es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y así, la pelota quedó otra vez en manos del gobierno, que ha acelerado en las últimas horas las reuniones sobre la materia.

Y así, al menos en lo que públicamente se dice y en el entendido de que el TC no le cerró definitivamente la puerta a la mutualización, idea que desde la oposición creen sigue siendo válida, el Ejecutivo ya da sus primeras señales, que van en línea con la decisión que ya había tomado en noviembre, cuando desoyó las recomendaciones de los expertos convocados por la Comisión de Salud del Senado sobre incluir el mecanismo en las indicaciones que se hicieron en noviembre. Y luego, además, aunque en un inicio lo habían descartado, sí se hizo parte del requerimiento de los senadores oficialistas para declarar inconstitucional la forma en que se introdujo en el proyecto.

Incluso, consultado al respecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, afirmó este viernes que desde el Ejecutivo presentaron “un proyecto que no comprendía la mutualización, y vamos a insistir en que se apruebe el proyecto originalmente presentado por el gobierno”, ahondando en que esa insistencia será con las indicaciones que en su tiempo se hicieron presentes “en las cuales no estaba considerado ese punto”.

Pero también se han dado las primeras señales en cuanto al futuro de las isapres. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó este viernes en Radio Infinita que dejar caer la industria no es una opción: “A veces se especula que el gobierno desearía eliminar las isapres. No hay ningún gobierno que quiera un colapso en el sistema de salud, es absurdo, es un autosabotaje. Lo relevante es tratar de buscar una solución y en eso ha estado el gobierno desde que presentó la ley corta”.

Y es que expertos, autoridades y la misma industria han advertido que sin la mutualización la sostenibilidad del sistema está en juego. Por eso, la resolución del TC abrió un debate mucho más amplio, apuntado principalmente a si La Moneda debe reincorporar este mecanismo, lo que sería posible ingresando una nueva indicación al proyecto, que ahora está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para aplicar el fallo que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso sin poner en riesgo el sistema sanitario.

Por lo pronto, personeros de Palacio admiten que si bien la mutualización no es su opción, lo claro es que aún no se ha zanjado si se buscará o no un reemplazo a ese mecanismo, o si se agregarán indicaciones con nuevas fórmulas de cálculo durante la tramitación de la norma en la Cámara.

Eso, dicen las mismas fuentes, no quita que ya se estén mirando algunas opciones. Y una de ellas va en línea con una propuesta planteada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y que consiste en que a los afiliados se les pueda pagar la deuda en acciones de isapres, y si es que no las tienen, en bonos.

La misma parlamentaria cuenta que las autoridades sanitarias -ministra de Salud, Ximena Aguilera; el director de Fonasa, Camilo Cid, y el superintendente de Salud, Víctor Torres- le dieron el visto bueno durante una ocasión en la que se reunieron en los primeros días de marzo, cuando el proyecto iniciaba su tramitación en la comisión del Congreso.

“Ahí ellos me comunicaron que se abrían a incorporar esta propuesta en la discusión de la ley corta en la Cámara y por eso ingresé nuevamente mi proyecto (el miércoles 20 de marzo) con las firmas de los mismos parlamentarios que me habían respaldado. (...) No lo hemos vuelto a hablar, pero regresando de la semana distrital vamos a agilizar reuniones y, sin duda, vamos a cobrarle la palabra a la ministra”, dice Pérez.

La diputada explica que la suya “es una propuesta optativa, no obliga, sino que es una forma de respuesta que las isapres tendrían para responderles a los afiliados sin generar perdonazo, pero tampoco complicar la liquidez de las empresas”. Esa idea cuenta con las firmas de los diputados Miguel Ángel Calisto (DC), Jorge Saffirio (Demócratas), María Luisa Cordero (ind.), Héctor Ulloa (ind.), Erika Olivera (Demócratas), Tomás Lagomarsino (PR), Andrés Celis (UDI), Rubén Oyarzo (PDG) y Raúl Leiva (PS).

Otras propuestas

El diputado Andrés Celis (RN) -quien también integra la Comisión de Salud- afirma que “la bancada de Renovación Nacional no tiene una oposición oficial. Algunos quieren insistir y convencer al Presidente de la República para incluir la mutualización, pero el gobierno ya lo ha descartado”. En ese escenario, agrega que concuerda con la propuesta de la diputada Pérez: “Es una buena indicación y es una opción que está mirando el gobierno. Me gusta, pero está incompleta, hay que mejorarla”.

Pero no es la única salida sobre la mesa. En el escenario de que no hubiera ocurrido lo del TC y la mutualización fuera rechazada en la votación en sala, los senadores tenían un plan, que para algunos podría ser la idea que reflote en este debate: la propuesta de Álvaro Clarke, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.

En concreto, esa idea postula que se haga un recálculo de los precios bases de las isapres en las fechas que cobraron extra, según la Suprema. Para ello, se plantea que se incluya a las mujeres (estaban excluidas del cálculo) y se vuelvan a calcular los precios que debieron tener los planes. Con ello se rebajaría la deuda de las aseguradoras con los contratantes. Sin embargo, esa propuesta no se ha materializado en el debate actual.

El senador Sergio Gahona, uno de los principales precursores de la mutualización y quien ingresó la indicación que incluía este concepto, asegura que “lo que esperamos es que si el gobierno no quiere que el sistema quiebre, lo que tiene que hacer es presentar la indicación de la mutualización o algún otro mecanismo que permita cumplir el fallo y no quebrar el sistema. Si el gobierno lo hace bien, la ley corta va a tener sentido. Sin la solidaridad de los riesgos y sin la mutualización de la deuda, efectivamente, no hay nada que hacer con la ley corta”.

Como sea, sin la mutualización en el proyecto, el monto de la deuda vuelve a lo expuesto originalmente por la Superintendencia de Salud. En una primera instancia el organismo había calculado que las aseguradoras deberían devolver más de US$ 1.400 millones a sus afiliados. Luego, a principios de noviembre, el Ejecutivo ingresó correcciones a ley corta de isapres, acogiendo solo en parte lo recomendado por el comité de expertos, siendo uno de los principales cambios al proyecto de establecer que no haya planes que impliquen un aporte inferior al 7%. Con eso en vista, actualmente la cifra bordearía los US$ 1.000 millones, aunque aumentando conforme avanza el tiempo.

Frente a este nuevo escenario, las isapres comunicaron que “debemos tener presente que mientras esto se debate, el sector privado de salud atraviesa una grave crisis que se ha prolongado 18 meses, con impacto en pacientes y prestadores. Lo crucial es que la solución permita restablecer el equilibrio financiero, única manera de normalizar la operación de las isapres, cumplir los fallos y evitar nocivos efectos sistémicos”.