Dice que han sido tres semanas “muy intensas” con un “desgaste personal y laboral importante” ya que nunca dimensionó lo que significaba instalar un poder del Estado desde cero.

Así resume el abogado y constituyente, Jaime Bassa (Ind.), su labor como vicepresidente de la Convención Constitucional en días en que el debate del órgano ha estado marcado por declaraciones cruzadas entre algunos de sus miembros.

En esta entrevista, aborda ese tema y niega que haya un ambiente tenso en la Convención.

El ministro Ossa dijo la semana pasada que su evaluación era más bien positiva que negativa sobre el rol del gobierno en la Convención. A tres semanas de la instalación, ¿qué opina de esos dichos?

Fui muy claro el lunes 5 de julio, cuando fracasó la primera sesión, de que aquí había ausencias y carencias absolutamente injustificadas. Cualquier persona que trabaje en un órgano del Estado sabe que para que esa instancia pueda desempeñar sus funciones requiere del apoyo de un aparato administrativo que funciona prácticamente por defecto y ese soporte no estaba. Eso fue público y notorio. Tuvimos que construirlo con la lamngen presidenta a partir del trabajo voluntario de organismos del Estado.

¿Hubo mala fe del gobierno?

No quiero calificar políticamente las intenciones que pueda haber detrás. Desde la Segpres se dijo que aquí había algo así como una intención de prescindencia política para garantizar la autonomía de la constituyente. Y esa lectura es muy errada respecto al sentido de la prescindencia. No se puede prescindir de garantizar las condiciones sanitarias, administrativas y funcionarias necesarias para que éste órgano haga su trabajo.

La mesa de la Convención se ha reunido con diversos actores y poderes. En ese sentido, ¿cree necesario reunirse con el Presidente de la República?

Como mesa nos hemos reunido con diferentes actores e instituciones que han querido saludarnos protocolarmente así como también colaborar y ponerse a disposición para todo el trabajo de instalación y posterior de la Convención. Nuestra interlocución con el gobierno ha sido la secretaría ejecutiva y Segpres, con quien hemos intentado fortalecer las comunicaciones para resolver distintos asuntos administrativos. Por cierto que accederemos si el Presidente de la República solicita una reunión protocolar, tal como lo hemos hecho con otras autoridades.

¿Cómo calificaría el nivel del debate que se ha dado en esta instalación? Ha habido momentos de tensión que han marcado esta primera etapa…

No estoy de acuerdo con esa afirmación. Por ejemplo, en la sesión del miércoles hubo un momento de tensión, que no duró más de diez minutos, en una sesión que empezó a las 9.30 y terminó a las 15.00 horas. Y eso no marcó la tónica de la jornada, sino que fue una excepción. Es muy importante que los medios de comunicación hagan el esfuerzo de transmitirle a la ciudadanía cuál es la tónica del trabajo constituyente. Porque la tónica no es la polémica, no es la diferencia, casi siempre, pequeña entre un constituyente y otro. La tónica del trabajo ha sido de normalización.

Lo que se ha visto es que esas diferencias de opinión han crispado el ambiente en algunos momentos. ¿Cree que el nivel del debate ha estado a la altura?

Nuevamente, no comparto la premisa sobre la que está formulada la pregunta. Porque aquí, en esta asamblea, no hay un ambiente de crispación. No es eso lo que hemos visto en estas tres semanas de trabajo. Lo que hemos visto es un funcionamiento normal, en un más del 90% del tiempo, que han estado marcadas por un par de polémicas bien puntuales. Pero no hay un ambiente de crispación generalizado, eso no es verdad. Ha habido algunas polémicas, muy menores, a mi juicio, recogidas por redes sociales que están más cercanas al acoso que a la diferencia política. Entonces, quizás deberíamos poner el acento ahí.

¿A qué se refiere con situaciones de acoso?

Hemos visto acoso en materia de uso del lenguaje, por ejemplo. Hay constituyentes de pueblos originarios, de las primeras naciones que han recibido comentarios ofensivos respecto del derecho a usar su lengua materna.

¿No cree que es un momento de crispación cuando una constituyente interpela a otra por usar su lengua materna, acusando un “show”?

Esa es una forma de acoso. Pero no porque haya prácticas concretas, uno va a decir que aquí hay un ambiente de crispación. Son cosas distintas y es importante mantener por separado, porque uno no puede sacar conclusiones generales a partir de casos aislados.

¿Tiene temor que la Convención caiga en esas lógicas que tanto se han criticado, por ejemplo, al Congreso?

Esos riesgos siempre están arriba de la mesa pero creo que esta constituyente está caracterizada, entre otras cosas, por tener una forma de representatividad muy distinta a la que hemos visto. El riesgo de caer en esta suerte de parlamentarización que muchas veces se habla de la constituyente, es un riesgo bastante más bajo de lo que se cree precisamente por la diversidad que hay.

La mesa ha planteado que la forma de elegir a las vicepresidencias permita la integración de grupos minoritarios. Algunos constituyentes acusaron “un traje a la medida de la derecha”. ¿Cómo toma esas críticas?

Todas las fuerzas políticas y sociales que están representadas en la constituyente son minoritarias. Con diez, veinte o treinta, estamos todas obligadas a una forma de articulación, de apertura y tolerancia política distinta a la que habíamos visto en los últimos 30 años. En ese sentido, las diferencias que pueda haber dentro de la constituyente, relativas a las formas de representación o construcción de las distintas orgánicas, son diferencias legítimas. Vamos a estar en ciertas votaciones juntos y en otras no, esas diferencias son parte de la forma de construcción de la acción política de la constituyente y aquí me parece que no se trata de hacerle trajes a la medida de nadie, sino que se trata que hay ciertos principios o ideas que caracterizan a la constituyente y que también deberían caracterizar a los distintos espacios.

¿Cree positivo entonces que algún constituyente de Vamos por Chile se sume a la conducción de la mesa?

Más allá de que sea positivo que entre equis persona u otra, la clave está en que los distintos órganos de trabajo y funcionamiento de la constituyente reflejen esas definiciones que marcan la realidad de la convención. Que es plurinacional, que es paritaria, con diversidad política, social y territorial.

Los constituyentes de derecha han hecho reclamos públicos hacia la mesa, aludiendo alguna especie de discriminación en el debate. ¿Cree que la derecha tiene argumentos válidos en ese sentido?

La diversidad de esta constituyente y la amplitud de discursos han generado cierta incomodidad en sectores que habían estado acostumbrados a monopolizar estos espacios institucionales. Aquí no hay condiciones especiales para el uso de la palabra de nadie. No hay condiciones particulares para que alguien diga “he sido excluido”. Más bien al contrario: las condiciones han permitido la inclusión de aquellas voces que habían estado históricamente en condiciones de postergación.

Pero más allá del uso de la palabra, ¿tiene asidero el reclamo de la derecha?

Es que en un espacio como este hay tres grandes cuestiones que uno podría considerar: el uso de la palabra, el resultado de las votaciones y la participación en las orgánicas internas de un órgano colegiado como este. En el uso de la palabra, claramente no, no hay exclusión estructural. En términos de votaciones, bueno, estamos en democracia y en democracia la regla es siempre la decisión por mayoría, por lo tanto tampoco hay forma de afirmar alguna exclusión. Y en tercer lugar, los espacios de organización y trabajo interno que existen hoy son el reflejo de ese carácter plurinacional, paritario, diversidad política, social y territorial, entonces no hay argumentos para decir que algún sector político esté siendo excluido en la constituyente.

Se ha planteado que se han sobrepasado las atribuciones de la convención. Precisamente con la declaración que se aprobó sobre presos del estallido social. ¿Dónde está el límite de esas atribuciones?

Hay una frontera que separa el ejercicio del poder constituyente del ejercicio del poder constituido. Esa frontera, ese borde, tiene dos lados. Y es clave que esa frontera sea respetada en ambos sentidos. El ejercicio del poder constituyente tiene que respetar el ejercicio de los poderes constituidos y, especialmente, los poderes constituidos deben respetar el ejercicio del poder constituyente. Entiendo que hay un par de actuaciones concretas de la constituyente que generarían, eventualmente, un temor de que esas fronteras se difuminen. Una es la declaración de los presos de la revuelta y lo que he señalado es que hay una dimensión de la contingencia histórica que forma parte del proceso constituyente y que de alguna manera explica que se haya abierto este ciclo de recambio. Aquí simplemente hubo una declaración política con la intención de influir en ciertas decisiones y orientar la acción política de los poderes constituidos, pero en ningún caso hay atribución de competencias que correspondan a otros órganos.

¿Y cree que ese límite está claro entre los 155 constituyentes?

Creo que sí. Precisamente por lo que significa desde la constituyente la necesidad de proteger el tipo de mandato popular que hemos recibido. Horadar esa frontera, desde un borde, es horadar la frontera propiamente tal. Distinta es la reacción que eventualmente se pueda tener ante cierta contingencia política, es difícil saber qué tipo de contingencia en el futuro pueda marcar la deliberación constituyente. La constituyente tiene que responder a la contingencia política que marca el momento histórico que estamos viviendo, no así a la política electoral que va a marcar el próximo año.

Ha dicho que sería una “trampa” la disposición del acuerdo del 15N que apunta a que, de rechazarse la nueva Constitución en el plebiscito de salida, se mantiene la Constitución del 80. ¿Sigue pensando lo mismo?

La manifestación de voluntad popular del plebiscito de octubre de 2020 contiene un mandato irreversible en favor de una nueva Constitución, de un nuevo pacto social, y sería impensable un itinerario que lo desconozca. Mantener la Constitución del 80 es una hipótesis incompatible con el proceso constituyente en curso y, en especial, con la potencia transformadora que se está desplegando. El rechazo a una propuesta de nueva Constitución no puede ser interpretado como una aceptación del actual texto, pues el mandato del plebiscito de 2020 seguirá vigente.