El subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón (Partido Comunista) dice que lleva dos meses de trabajo intenso. Desde que fue nombrado, y luego cuando asumió en el cargo, se ha pasado de reunión en reunión. Ha estado conformando su equipo y también empezando a delinear lo que será su trabajo al mando de esta cartera.
Gajardo dejó las clases de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales y su trabajo como abogado de un estudio jurídico para volver al gobierno. Dice que esta posición ya la conoce porque durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet estuvo como jefe de división en el Ministerio de Desarrollo Social.
En su primera entrevista, Gajardo apunta a algo que le preocupa y es el uso excesivo de la prisión preventiva en Chile, lo que él califica como un serio problema. Será una prioridad en su función liderar los cambios para terminar con este abuso.
¿Cuáles serán las prioridades de su gestión?
Nuestro programa de gobierno en materia de justicia tiene un énfasis especial en buscar mejorar el acceso a ella por parte de la ciudadanía. El acceso a la justicia en términos multidimensionales, no solo la representación jurídica en tribunales, sino que también la vinculación que tiene el conjunto de la ciudadanía con los órganos que participan del sistema de justicia.
¿Qué agenda legislativa impulsará en este primer tiempo?
En términos legislativos tenemos bastantes desafíos que tienen que ver con una agenda que lo que busca es mejorar la protección especial de ciertos grupos, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes. Queremos a la brevedad concluir con el proceso legislativo que viene desde hace mucho tiempo con esta idea de construir un sistema de garantías de protección de los derechos de la niñez. La última fase es crear el nuevo Sistema de Justicia Juvenil y el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Con eso vamos a cumplir con aquella frase de terminar con el Sename. Queremos implementar este sistema con herramientas que nos permitan hacernos cargo de ese gran flagelo que es la niñez desprotegida.
¿Está de acuerdo con las palabras de la ministra Siches quien criticó al Poder Judicial por ser clasista y no entregar una justicia igual para todos?
No hay dudas de que necesitamos tener un sistema de justicia más igualitario en el cual no sea relevante ni la condición socioeconómica de la persona, su condición étnica, de género, ni eventualmente su condición de niñez para que esta justicia opere de una manera adecuada. En general, la ciudadanía sabe que si la persona es pobre, niño, indígena, mujer o parte de las disidencias sexuales va a tener ciertas limitaciones en el sistema de justicia, para ellos es más complejo acceder al sistema de justicia en su conjunto.
¿De qué forma se va a hacer cargo de la demanda que pide libertad para los presos del estallido social? El retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado no tuvo efectos en este tema.
El retiro de las querellas no necesariamente deja en libertad a las personas porque seguirán siendo procesadas por el delito común, pero sí hace que se retire esta querella interpuesta por atentar contra la seguridad del Estado. Eso es bien relevante. Que una persona que altere el orden público, en el sentido de que participa de una manifestación no necesariamente autorizada, puede ser un delito de desorden público, pero no un delito en contra de la seguridad del Estado. Esa persona va a tener que responder en razón de ese delito pero ya no va a tener que responder por el delito contra la seguridad del Estado, algo que a nuestro juicio era absolutamente desproporcionado en razón a los hechos que se le imputaron. El retiro de las querellas tiene que ver con haber puesto las cosas en su justa medida, eso significa que van a seguir con sus procesos penales por delitos comunes y en ese marco se van a desarrollar sus procesos con debido ajuste al debido proceso.
¿Usted comparte la consigna de que existen presos políticos? Ya sean del pueblo mapuche o por el estallido social?
Más que ponerles una etiqueta a situaciones complejas de personas que se encuentran privadas de libertad, lo relevante es que aquí tenemos un problema como sociedad que debe ser abordado de múltiples maneras.
¿Cuál es el diagnóstico que hace usted sobre el uso de la prisión preventiva en Chile?
Es algo que lo viene sosteniendo la academia largamente, lo vienen sosteniendo los organismos internacionales largamente y lo viene reconociendo los distintos órganos que participan del sistema de justicia largamente. Si nos vamos a la parte más técnica, es un problema que no tiene tanto que ver con la regulación en particular que tiene la prisión preventiva en el Código Procesal Penal, sino que tiene más que ver con algunas leyes que se han aprobado últimamente que endurecen o hacen más gravosa la participación en ciertos delitos. Tenemos un porcentaje muy alto de quienes están actualmente cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva que no tienen una condena. Esto trae consecuencias incluso en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos porque no pueden ejercer su derecho a sufragio por problemas prácticos y no por problemas puntuales que establezca la legislación. Además, hay otro problema, hay casos en que luego son absueltos y, por lo tanto, los imputados pasaron dos años en prisión preventiva con una resolución que luego los declara absueltos y el daño que se genera es muy robusto.
Si el diagnóstico es tan claro. ¿qué harán al respecto?
Debemos restringir el uso de la prisión preventiva y eso eventualmente puede implicar una reforma al Código Procesal Penal, pero, además, revisar todo el conjunto de leyes que hacen que la aplicación de la prisión preventiva termine siendo casi automática.
¿Le gustaría que en el plebiscito de salida las personas privadas de libertad que aún pueden votar, puedan hacerlo?
Más que me gustaría o no me gustaría, esto es un tema de que esas personas tienen derecho a votar. Son ciudadanas que no han perdido su calidad de tal y que, por problemas prácticos, no pueden ejercer ese derecho. La Corte Suprema entregó una orden y lo que nos toca a nosotros como poderes del Estado es ayudar a que eso ocurra en la práctica.
¿Cuál es la evaluación que hace usted sobre cómo está quedando el Poder Judicial en la nueva Constitución?
Yo me he dedicado desde que salí de la universidad a trabajar en el derecho público y he entregado mi opinión en muchos lugares, pero ahora soy autoridad y, en ese sentido, nosotros como gobierno somos muy respetuosos del trabajo que está haciendo la Convención. No opinamos del contenido de lo que ellos están debatiendo y entendemos que nuestra función como poder constituido será acatar lo que ellos resuelvan, lo que el pueblo de Chile manifieste en el plebiscito y eventualmente trabajar en el marco de las atribuciones que nos entregue la nueva Constitución en la implementación.
Lo que está discutiendo la Convención es crucial para el Poder Judicial. ¿No cree que el subsecretario de Justicia debería tener una opinión?
Por cierto que yo como Jaime Gajardo Falcón tengo opiniones, pero como subsecretario de Justicia solo me toca tener un rol institucional. A nosotros nos cabe asegurar que el proceso se lleve de la mejor manera. Es la mejor contribución que podemos hacer para que este proceso camine adecuadamente.
¿Qué mensaje le da a la familia Luchsinger Mackay ahora que los dos condenados por el homicidio pueden salir en libertad todos los domingos?
El mensaje es que estas decisiones están reglamentadas a nivel normativo y reglamentario. Son decisiones que no tienen discrecionalidad, sino que están debidamente especificadas. El mensaje es que cualquier persona que se encuentre privada de libertad puede acceder a los distintos tipos de beneficios penitenciarios, intrapenitenciarios y eventualmente otro tipo de beneficios si es que cumple con los requisitos. Nosotros como administración seremos garantes de que esto ocurra de esa manera.
¿Es partidario de revisar estos beneficios? La familia Luchsinger ha dicho que sienten que este beneficio de salida dominical produce impunidad.
La sensación de impunidad es algo bastante subjetivo, lo importante acá es que hay personas que se encuentran condenadas por un delito y en el marco de la condena pueden obtener beneficios que les permita su resocialización. Tenemos que revisar los reglamentos penitenciarios porque actualmente tenemos poca resocialización. Nunca tenemos que perder de vista que los beneficios penitenciarios buscan que las personas que han cometido delitos se puedan resocializar. Lo que necesitamos como sociedad es que la población penal, una vez que salga de las cárceles, salga resocializada. Yo soy empático con las sensaciones que tienen las víctimas de los delitos, pero nunca tenemos que perder de vista que nuestro sistema penal tiene que resocializar. Las personas deben pagar por el delito cometido pero, junto con eso, resocializarse y ser un aporte a la sociedad.
