La oficina de la nueva ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro (34 años, Comunes), mira directo a Santa Rosa con la Alameda. “Aquí pasó mucho durante el estallido social y sigue ocurriendo: todas estas semanas hemos tenido marchas de secundarios”, apunta.
Son convocatorias que recuerdan su época estudiantil, cuando junto al actual Presidente Gabriel Boric dieron sus primeros pasos políticos, en la Facultad de Derecho de la U. de Chile. La cercanía entre ambos es conocida, por lo que su nombramiento era esperado.
Y ya de lleno en la cartera, en estos primeros días Toro ha establecido tres ejes primordiales: devolver tierras a los pueblos originarios, facilitar la entrega de sitios militares para la construcción de viviendas sociales e impulsar memoriales en los sitios emblemáticos de la revuelta del 18 de octubre de 2019.
Lleva dos semanas en el cargo. ¿Con qué se ha encontrado?
Con un ministerio muy importante en distintos momentos del país; su historia tiene que ver con la colonización y la expansión del país. Antes, se llamaba Ministerio de Tierras y Colonización, y solo en 1996 se cerró la División de Colonización. Es relevante reconocer eso, para asumir el rol que tuvo el ministerio en el despojo de las tierras de pueblos originarios. Y, por eso, asumimos la responsabilidad de reparar esa deuda que tiene el Estado.
¿Promoverá la restitución de tierras para los pueblos originarios?
Parte del sello de este gobierno es reparar las deudas que tiene el Estado con los pueblos originarios, porque su historia se construyó también a base del despojo de tierras que el Estado permitió e, incluso, fomentó. En ese sentido, el diálogo con ellos y la posibilidad de establecer una nueva convivencia ocurrirá por el reconocimiento de la autonomía territorial, y creo que la restitución de tierras es fundamental, no solo en el Wallmapu, sino también en el norte del país. El pueblo aymara, diaguita, reivindicaciones muy importantes, también en la zona austral y en Rapa Nui.
¿Por qué este gobierno acuña el término Wallmapu?
Estamos en un Chile que se está construyendo. En la Convención Constituyente estamos avanzando hacia un país plurinacional y reconocer que somos un país plurinacional, pluricultural y, en ese sentido, nos parece muy importante respetar las denominaciones de los propios pueblos y las definiciones de sus territorios, porque se trata de pueblos que habitaban el país antes de la colonización.
¿Utilizarán este concepto solo oralmente o también en documentos oficiales?
Es parte del diálogo que tenemos que dar, que se ha estado abriendo desde el primer día, porque reconocemos el nivel de conflictividad que hay en la zona, donde, en vez de dialogar, entregar soluciones y reparar el daño que el propio Estado ha hecho, se ha optado hace 25 años por una escalada de violencia y militarización. Y, en ese sentido, creo que todos los gestos que haya que hacer para abrir el diálogo son necesarios.
Y, en la práctica, ¿cómo comenzarán a entregar estas tierras?
Queremos trabajar en una política intersectorial e interministerial, porque se requiere un esfuerzo conjunto del Estado. Si bien en el Wallmapu el territorio fiscal no es una gran superficie, sí hay algunas cosas que se pueden hacer desde el ministerio, así como continuar otras políticas que vienen de antes.
¿Como el catastro de tierras indígenas que impulsó el gobierno anterior?
Queremos agilizar ese proceso, así como la restitución de sitios de alta relevancia cultural y colaborar con la Conadi en la compra de tierras y la regularización de títulos de propiedad que han reclamado comunidades indígenas. Incluso, el Estado se ha comprometido con comunidades y no ha cumplido, por lo que nosotros sentimos una responsabilidad importante por resolver y cumplir esos compromisos.
¿Cómo cuáles?
Pongo el caso de la comunidad Chusmiza Usmagama (pueblo originario de Huara, en Iquique), en la Región de Tarapacá, donde el Estado tiene un compromiso (reconocer el derecho ancestral sobre las aguas) que fue una solución amistosa frente a la Comisión Interamericana en 2014, y no se ha cumplido.
Se ha hablado también de rescatar la memoria. ¿Cómo?
Sabemos la deuda que tiene el país con las violaciones a los derechos humanos y la impunidad. Esa será una de las principales garantías para no repetir nuestra historia reciente. Queremos contribuir a reconocer esas vulneraciones. También creemos que hubo violaciones a los derechos humanos durante la democracia y, en particular, a partir del 18 de octubre.
¿Preparan algún memorial sobre el estallido social?
No hemos definido qué haremos, habrá que trabajarlo, pero creo que, en particular, es muy importante reconocer en el espacio público las violaciones a los derechos humanos, en la dictadura y en el estallido social. Esto es fundamental para garantizar la justicia, la verdad y la memoria respecto de las violaciones a los derechos humanos, y la única manera de avanzar a que realmente haya un “nunca más”.
Una promesa de campaña es la construcción de 100 mil hogares anuales. Para ello, su ministerio deberá entregar terrenos militares. ¿Cómo va ese trabajo?
Tenemos que hacernos cargo responsablemente de abordar esa crisis (habitacional) y, por eso, vamos a trabajar con el Ministerio de Vivienda y otras instituciones relacionadas, tanto para identificar terrenos fiscales que puedan ponerse a disposición, como para ubicar terrenos que están en manos de otras instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas, que pueden ser muy relevantes para resolver la crisis.
¿Y ya se iniciaron las conversaciones con las FF.AA.?
Es un trabajo que tenemos que hacer. En la situación en la que estamos, esperamos que todos los actores, incluidas las Fuerzas Armadas, estén disponibles para avanzar en esas soluciones. Ya hay experiencia de diálogo con la que se ha logrado recuperar algunos terrenos. Hay una serie de acuerdos, que son las actas de Chena, donde las Fuerzas Armadas se han comprometido a restituir terrenos; algo se ha avanzado en ese sentido.
El año pasado, el exgobierno aseguró que había un catastro de 273 terrenos fiscales para destinarlos a vivienda. ¿Se recurrirá a esto?
El ministerio tiene un catastro de los bienes fiscales, pero la idea de un banco de suelo público al servicio de la construcción de viviendas no está hoy día, no existe, y nosotros tenemos la responsabilidad de implementarlo. b
