Este martes 4 de enero se cumplieron nueve años del atentado y muerte del matrimonio de Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mackay. Ese día, en 2013, un grupo de comuneros armados entró a su casa ubicada en la comuna de Padre Las Casas, en La Araucanía, prendieron fuego y huyeron del lugar. Horas más tarde, la pareja fue encontrada fallecida.
Hoy, ese mismo predio es recorrido con frecuencia por uno de los hijos del matrimonio, Jorge Luchsinger Mackay, quien espera cosechar una producción de frutas en 100 hectáreas de ese fundo en los próximos tres años. Es la manera, dice, de comenzar a recuperar la actividad agrícola en una de la zonas más golpeadas por la denominada violencia rural.
Luchsinger Mackay -quien vive en Temuco- tiene una visión crítica de lo que ocurre en relación a la seguridad en la Macrozona Sur. “Han pasado nueve años y para nada esto ha terminado y cambiado. Sigue habiendo actos similares en la región y normalmente los autores de este tipo de delitos siguen en la impunidad”, dice a La Tercera Sábado, planteando más de una vez sus dudas respecto del actuar del nuevo gobierno que encabezará Gabriel Boric en la denominada “zona roja” del conflicto mapuche.
La exjefa de campaña del presidente electo, Gabriel Boric, Izkia Siches, señaló que el ánimo del gobierno entrante “era el diálogo, incluyendo a la CAM”, ¿Es legítimo ese acercamiento para solucionar lo que ocurre entre el Biobío, La Araucanía y Los Lagos?
Para que haya un diálogo, las partes tienen que estar dispuestas a ceder en ciertas cosas. El tema es en qué se está dispuesto a ceder y en qué condiciones. Ahora, el diálogo no es nada nuevo, tampoco. Este gobierno y los dos anteriores llevan más de 20 años en eso. Yo tomo estas palabras como algo al aire, no veo además un plan concreto.
Sin embargo han planteado el diálogo con las comunidades, hacer valer el estado de derecho, pero no militarizar. ¿Eso no es un plan?
Es que no te dice ‘esto es lo que vamos a hacer, de esta forma, y no vamos a permitir determinadas cosas’. Además, cuando uno se sienta en cualquier mesa de diálogo o reunión, deben definirse los mínimos que se pueden permitir, las condiciones en que se va a dialogar y plazos que deberían cumplirse. En la región hemos tenido muchas opciones de diálogo, con el gobierno y con la ciudadanía, y todo siempre queda en letra muerta.
¿Por qué pasa eso?
Porque una parte de quienes cometen estas reivindicaciones usan el diálogo como un elemento para seguir postergando la acción del Estado. Han pasado muchos años en que ha habido opciones de diálogo y lejos de llegar a algo -teniendo claro que algo se ha mejorado, eso es innegable-, los elementos más radicales están bajo una lógica de ganar tiempo para tener más poder, más armas, más apoyo. Con esa estrategia, ¿qué logran? Que las condiciones de lo que pueden ganar ahora, en comparación con lo que podían obtener 10 años atrás, son totalmente distintas.
¿Usted no se cierra a una negociación con grupos más radicales? El gobierno ha sido enfático en señalar que no se puede negociar con quienes ejercen la violencia...
Cuando hay una persona con un fusil del otro lado, no es un diálogo, es una imposición. Acá todos tienen que estar dispuestos a escuchar y aceptar la realidad del otro y hacer cumplir las leyes. Pero, vuelvo a reiterar, un diálogo no es con un grupo armado apuntando a la cabeza. Eso es una imposición de sus condiciones.
¿Y si se plantea dejar las acciones violentas de lado, o “suspendidas”, y ahí comenzar un diálogo, usted podría sentarse con la CAM u otros grupos?
Eso se ha hecho en muchas partes del mundo y con el gobierno actual también se trató de llegar a instancias de diálogo, o de conocer las distintas posiciones y opciones que pide esta gente, pero yo no veo una intención de estos grupos de sentarse a conversar. Yo creo que están en una posición de demostrar su poder de fuego, imponer el control territorial y no les conviene ni interesa el diálogo. Esto tiene que basarse, como ocurrió en Colombia, en que, por una parte, hay una medida de fuerza, donde se establezca el Estado de Derecho y la tranquilidad, y así generar las condiciones de diálogo.
¿Por qué cree que ha sido tan difícil cerrar esta escalada de hechos delictuales?
Porque no hay una voluntad política real. Gran parte de la ciudadanía empatiza con los movimientos más radicales y no tiene una posición clara de condenar la violencia como método para lograr ciertos objetivos. En lo político tampoco hay disposición para hacer modificaciones legales y así evitar que las herramientas que tiene la ley para la solución de conflictos sean usados por quienes cometen estos delitos.
¿A qué se refiere?
Me refiero a la aplicación de la Ley Indígena, Artículo 20 b), que establece mecanismos para acelerar la compra de tierras, eso ha permitido que los más violentos accedan a ellas antes de los que están esperando por muchos años. En la entrega de tierras se está privilegiando a las comunidades violentas sobre las pacíficas. Eso genera la sensación en las comunidades de que tienen que volverse violentas para lograr tierras. Por otro lado, el Sistema Procesal Penal permite que estas personas que ejercen la violencia vivan en la impunidad.
¿Por qué dice que puedan “vivir en la impunidad”, si hay personas formalizadas y condenadas por este tipo acciones delictuales?
Porque hay otro porcentaje importante que puede cometer atentados, tomar terrenos, formar grupos guerrilleros, sin que en la mayoría de los casos tengan castigo. Y si no tienen castigo, se sienta un precedente para el resto, mostrando un camino de cómo se tienen que lograr ciertos objetivos.
¿Qué expectativas tiene del nuevo gobierno sobre el trabajo que pueda hacer con las víctimas de estos delitos?
Primero tienen que definir quiénes son las víctimas. Yo veo que algunas personas que podrían integrar el gobierno definen como víctimas a los violentistas. Si esa es la definición de ellos, no creo que tengamos una buena salida, en el sentido de que las víctimas son las que sufrimos y somos propensos a ser atacados, producto de un conflicto entre el Estado y estos grupos. Bajo esa definición, no creo que seamos una prioridad para el próximo gobierno. A pesar de que no voté por el presidente electo, le deseo lo mejor en La Araucanía, si uno al final es ciudadano del país.
El Presidente Piñera prometió recuperar el Estado de Derecho en la zona y reducir los delitos, pero en 2021 hubo más de mil hechos asociados a violencia rural. ¿Cómo evalúa su gestión?
En un comienzo hicieron bien las cosas, pero lamentablemente la oposición hizo un uso político de este conflicto y el gobierno se vio debilitado. Un hito importante, también, fue el caso Catrillanca. Se estaba logrando mucho hasta antes de eso, pero me sorprendió que la institucionalidad fuera tan débil. Cambió totalmente el rumbo de estas buenas intenciones. Hasta antes de ese episodio, hubo muchas instancias de diálogo entre las partes del conflicto, incluso yo me vi un poco obligado a participar.
¿Cuál fue ese episodio?
Estuve con el ministro Alfredo Moreno, el director de la Conadi y el Consejo de Lonkos. Estos últimos manifestaron su posición y nosotros la nuestra. Se expusieron ambas visiones de lo que ocurría en ese momento; por ejemplo, ellos requerían una serie de beneficios intrapenitenciarios para el condenado Celestino Córdova (por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay). Nosotros accedimos a eso, no fue más. Ahora, esto se tradujo en que este personaje siguió teniendo más beneficios y hoy goza de su reclusión en un Centro de Educación y Trabajo (CET), no sé cómo y en base a qué negociaciones. Si bien Celestino Córdova lo logró después de siete años, los otros dos que están con él, no sé con qué mérito, lo lograron en un par de años.
¿Se logró recuperar el control y el orden público a través del estado de excepción?
Nunca me han gustado las políticas que coartan la libertad y esta medida es un poco eso. Sin embargo, dada la situación actual, era imprescindible decretarlo. Tenemos que aceptarlo como un mal menor, porque la cantidad de atentados y el nivel de uso de armas, con muertos y heridos a raíz del accionar de estos guerrilleros, hacían que fuera muy necesario. El problema es que no es una solución a largo plazo, sino que un parche para postergar el problema.
La expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón dijo que “no era Mandela” para llamar a la paz en la zona. ¿Lo que digan los actores políticos ayudaría a frenar la tensión?
No ayuda mucho. En lo que sí ha ayudado, es que se ha liberado a bastantes personas, a través de modificaciones de condena, tras presentarse recursos de nulidad. Y esto no ha significado que las personas ligadas a este tipo de conflictos, salvo excepciones, dejen de hacer reivindicaciones a través de actos violentos.
