La arremetida de los gobiernos centroamericanos contra la prensa

Un deterioro que va más allá del signo ideológico. En Centroamérica, gobiernos de izquierda como el de Daniel Ortega, de derecha como el de Alejandro Giammattei y populistas como el de Nayib Bukele han coincidido en al menos, una cosa: la persecución abierta contra el periodismo y los medios de comunicación. A través de causas judiciales y amenazas, la tendencia a limitar el ejercicio de la libertad de prensa va en aumento en la región, junto con la deriva autoritaria de las administraciones en cada país.

Los ataques al llamado “Cuarto Poder” se intensificaron este año, y viendo el ranking mundial de la Libertad de Prensa, hecho por la ONG Reporteros Sin Fronteras, los países de la región están en la mitad baja de la tabla: de 180 naciones valoradas, Nicaragua está en el puesto 160, Guatemala en el 124, El Salvador en la 112 y Honduras en el 165. Para comparar, Chile está en el lugar 82 del mismo ranking.

Los expertos aseguran que existe una “criminalización del periodismo” en la región, y que las amenazas contra este no solo vienen desde el Estado, sino que también desde el narcotráfico y el crimen organizado.

En Nicaragua, las cosas dieron un giro radical en 2018, cuando después de una serie de protestas contra el régimen gobernante, tanto el Presidente Daniel Ortega como la vicepresidenta Rosario Murillo empezaron una persecución más activa de lo que consideran agentes “de injerencia extranjera”: desde ONGs por los derechos humanos hasta pastores e iglesias han estado en la mira del gobierno.

En agosto de este año, Managua ordenó el cierre de 11 emisoras de radio católicas. Ya en julio, agentes de policía entraron durante la noche al diario La Prensa, registrando también los domicilios de varios de los empleados de la publicación. Este operativo terminó provocando el exilio forzado de muchos periodistas.

Octavio Enríquez, del medio Confidencial, estaba investigando documentos que involucraban el patrimonio de Ortega con distintas compañías nicaragüenses cuando, amenazas judiciales y policiales mediante, se dio cuenta de que tendría que exiliarse. “Mi historia es una de centenares de periodistas que nos hemos ido para seguir. Salí en junio de 2021, mientras la dictadura desarrollaba su escalada represiva atacando a medios, opositores y encarcelando a sus principales rivales políticos. Los periodistas fuimos objetos de amenazas judiciales, el medio en que trabajo es criminalizado”, comenta el reportero.

Hasta el momento, ya son 150 los periodistas nicaragüenses que ejercen desde el exilio. “El periodismo sigue resistiendo en uno de los contextos más adversos de las últimas décadas con un régimen que ha objetivizado al pensamiento y a la crítica como enemigos. Tres medios han sido confiscados, entre ellos Confidencial”, cuenta Enríquez a La Tercera.

“Cualquier opositor es objeto de vigilancia política y el estado de persecución es generalizado: sacerdotes, organismos no gubernamentales, todo lo que huela a cuestionamiento es inmediatamente atacado por el régimen. Lo que no hacen las armas, matando, lo hacen los jueces encarcelando”, asegura el periodista.

Mientras tanto, en El Salvador el gobierno de Nayib Bukele se ha ensañado, en particular, con un diario digital: El Faro. A principios de año, este medio reveló los pactos que el presidente, que llegó al poder en 2019, hizo con las maras, pandillas narcotraficantes en el país, para que disminuyesen las cifras de asesinatos a cambio de beneficios en las cárceles para los miembros de estos grupos.

En julio, el editor del diario El Faro, el mexicano Daniel Lizárraga, recibió una carta de las autoridades migratorias donde le daban cinco días para abandonar el país: según ellas, no habían podido comprobar que Lizárraga fuera periodista, a pesar de su reconocida trayectoria desde 1993. “Su expulsión este 6 de julio se enmarca en el acoso sistemático que El Faro y periodistas y medios independientes enfrentan en El Salvador”, declaró el diario, que también ha sido acusado por el Ministerio de Hacienda por lavar dinero y evadir impuestos, acusaciones parecidas a las que el régimen de Ortega en la vecina Nicaragua hace contra los medios independientes.

Sin parar ahí, se supo que los teléfonos móviles de más de la mitad de los trabajadores del medio estuvieron intervenidos a partir de 2020, siempre durante el gobierno de Bukele. El 1 de diciembre, periodistas de El Faro presentaron una demanda contra los fabricantes del programa informático espía Pegasus, en una corte federal de Estados Unidos. Según señaló el director del periódico, Carlos Dada, recurrían a esa corte porque sabían que en El Salvador “no existe posibilidad de obtener justicia”.

Sergio Arauz, periodista de El Faro y directivo en la Asociación de Periodistas de El Salvador, comenta la situación en su país: “El periodismo, cualquier ejercicio de vocería crítica frente al poder, está bajo ataque constante. El Salvador tiene un poco más de 8 meses de estar bajo régimen de excepción y este suspende garantías constitucionales fundamentales”, dice a La Tercera.

En ese sentido, el reportero asegura que las condiciones para ejercer su profesión han empeorado con respecto a los últimos 30 años. “Están cerrados todos los espacios para el periodismo: no hay espacios para entrevistas a funcionarios públicos; las oficinas de acceso a la información pública ha clasificado como reservada o confidencial mucha información del quehacer gubernamental y el gobierno ha declarado a la prensa independiente como adversaria. En ese sentido, no es posible, no existen condiciones para ejercer la libertad de prensa, y hemos retrocedido a condiciones similares a las de la guerra civil”, afirma Arauz.

La táctica de la persecución judicial se repite en Guatemala, gobernada desde 2020 por el derechista Alejandro Giammattei, y donde el 29 de julio la Fiscalía realizó un allanamiento al diario El Periódico, encarcelando de paso a su director, José Rubén Zamora. Hasta ese momento, el medio había revelado casos de corrupción y abusos de poder que implicaban a los puestos más altos en la jerarquía del Estado, e incluso al mismo presidente.

Según los investigadores, Zamora estaba siendo detenido como empresario, acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Hoy, Zamora sigue preso, y el 30 de noviembre el diario El Periódico dejó de imprimirse. En una columna, el director se despedía de sus lectores desde la cárcel: “Han sido 30 años de lucha contra la corrupción y la impunidad, contra los abusos de poder y el terrorismo de Estado, en favor de la libertad, la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia y el mercado”, escribió, firmando como preso político.

En Honduras, si bien el Estado no está tan empecinado contra la prensa como sus vecinos, el ejercicio del periodismo es ciertamente peligroso: durante 2022 han sido asesinados cinco periodistas, y en lo que va de siglo XXI son alrededor de un centenar de comunicadores sociales muertos, y cuyos decesos han quedado impunes en el 90% de los casos.

Un caso que repercutió en mayo de este año fue el de Ricardo Ávila, un periodista y camarógrafo que fue encontrado muerto en la ciudad de Choluteca, a 85 kilómetros del sur de Tegucigalpa. Si en un principio se pensó que su asesinato tuvo que ver con un asalto, aquello se descartó inmediatamente desde el momento en que sus pertenencias fueron encontradas en la escena del crimen.

El presidente del Colegio de Periodistas de Hondura, Osman Reyes Pavón, comenta a La Tercera las dificultades de su profesión en el país centroamericano: “Con más de 90 homicidios de personas trabajadoras de los medios de comunicación en los últimos 20 años, la profesión es una de las más peligrosas del país. La publicación de leyes que limitan el acceso a la información pública también dificulta la labor. La criminalidad organizada y común también intimida a los periodistas de Honduras”.

Sin embargo, a diferencia de otros países en Centroamérica, “podemos hablar de una prensa libre, eso sí, con muchas amenazas que censuran a la prensa”, comenta Reyes Pavón. Aún así, viendo a sus países vecinos, temen que las formas de represión se repliquen: “Sentimos que hay una amenaza que en Honduras se repliquen fórmulas autoritarias que criminalizan y restringen la libertad de pensamiento y expresión y la libertad de prensa. Recientemente el gobierno creó una nueva ley para diagnosticar el conteniendo de los medios de comunicación, el manejo de la pauta publicitaria e inclusive, regular medios de comunicación y redes sociales, eso consideramos en un mal augurio para nuestro trabajo”, señala.

En opinión de Arauz, el alza en las conductas autoritarias de los gobiernos está íntimamente vinculado con su actitud hacia la prensa: “Tiene que ver con el auge de los gobiernos autoritarios que han acumulado poder hasta el punto de estar por encima del Poder Judicial. Las condiciones en Nicaragua -cuya dictadora ya desplazó y aniquiló a la prensa- son distintas”.

“En Guatemala y El Salvador hay contextos similares, pero con distancias. En El Salvador ejerce todo el poder una persona -Nayib Bukele- y su familia. En Guatemala, el deterioro tiene que ver con élites afectadas por la desaparecida CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), instancia que combatió la corrupción en el pasado reciente. En Honduras, gobernada hasta hace poco por el narco y el crimen organizado, las condiciones siempre han sido muy complicadas para ejercer el periodismo”, señala el periodista salvadoreño.