La arriesgada jugada de la Comisión de Ética que presiona a la Fiscalía

“Exportar como texto plano las conversaciones vía WhatsApp contenidas en las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público en contra de Juan Antonio Poblete y Luis Hermosilla, donde aparecen mencionados ministros de corte e incumbentes, adjuntando por separado los archivos multimedia de esas conversaciones”.

Esto es parte del oficio enviado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, al fiscal nacional, Ángel Valencia. El objetivo es poder conocer de primera fuente una serie de chats que han sido revelados por Ciper y que han abierto una investigación penal por presunta revelación de secreto y tráfico de influencias.

Sin que los supremos aludidos en las conversaciones de WhatsApp hayan sido notificados de que se inició un proceso disciplinario en su contra, la petición del presidente de la Corte Suprema -y líder de la instancia de revisión de conductas- salió desde su despacho el jueves 27 y será respondida la próxima semana por la máxima autoridad del Ministerio Público.

La actuación, dicen conocedores del asunto, sería parte de una estrategia para enfrentar los cuestionamientos que hubo a su propio liderazgo y a una especie de “defensa corporativa” de las altas cúpulas del Poder Judicial que en tres ocasiones anteriores se negaron a activar la comisión y sólo lo hizo Blanco de oficio el lunes pasado en medio de la ausencia, coincidente o no, de los jueces que mantienen chats con el exministro Juan Antonio Poblete -investigado por espionaje ilegal en la Operación Topógrafo- y otros aludidos en conversaciones que habría sostenido el penalista Luis Hermosilla, hoy indagado por actos de corrupción. Entre estos está la ministra de la sala penal María Teresa Letelier y el ministro de la sala constitucional Mario Carroza, quienes aparecen en los WhatsApp incautados a Poblete. En el caso de supuestas conversaciones irregulares con Hermosilla, está el ministro de la sala penal Jean Pierre Matus y, finalmente, ha sido pasada a la instancia la ministra de la sala constitucional Ángela Vivanco. Esto, luego de que Ciper revelara el pantallazo de una conversación entre la pareja de la magistrada, Víctor Gonzalo Migueles, y el excandidato a fiscal nacional -hoy jefe regional de Aysén- Carlos Palma. En estos intercambios, el primero le habría ofrecido un doctorado y ser el próximo fiscal regional Centro Norte a cambio de apoyar a José Morales, según Ciper, quien había sido nominado en esa época por La Moneda.

Sin embargo, como todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y -por ende- sus actuaciones son secretas “para los terceros ajenos al procedimiento”, lo más probable es que el fiscal nacional tenga que rechazar lo solicitado por la instancia. Cabe recordar que la Comisión de Ética fue regulada hace 17 años en un autoacordado, no contempla sanciones y ni siquiera tiene carácter disciplinario como lo tendría un sumario. De hecho, al terminar las diligencias no propone sanciones, sólo entrega un informe al pleno. En medio de ese contexto, dicen fuentes de Fiscalía, “por muy supremos que sean, es imposible darles acceso de antecedentes reservados”. Pese a ello, el fiscal nacional -este viernes de viaje en Puerto Montt- se dio el tiempo de estudiar el asunto y entregar una respuesta a comienzos de la próxima semana.

No pocos al interior del Poder Judicial e incluso algunas voces en el Ministerio Público califican esto como una táctica de ajedrez. Sin tener acceso a la información que sostiene el cuestionamiento ético de algunos supremos, todo se resumirá en declaraciones de los involucrados y aspectos subjetivos, es decir, un “jaque mate” que termine la partida, con las consecuencias más que obvias en la Suprema: una profunda grieta entre quienes respaldaron a Blanco en la activación del comité y a quienes su comportamiento fue puesto bajo lupa.

El viernes por la tarde el abogado Jorge Villalobos -en representación de Migueles- ingresó a la Fiscalía Nacional un petitorio para que Valencia rechace la petición de la Comisión de Ética. Para ello deja de manifiesto que los jueces estarían “excediendo sus facultades” y vulnerando garantías y lo calificó de “abuso”, ya que no tienen calidad de intervinientes en ninguno de los casos.

Con todo, la controversia quedará zanjada con la resolución de la máxima autoridad del Ministerio Público. Y hay quienes, además, están a la espera de si existe o no tal pantallazo en los codiciados chats de Hermosilla o -como ha planteado Migueles en carta a Ciper- el origen de la conversación estuvo en un parlamentario que obtuvo dicha imagen.