La batalla territorial que se toma la Vega Central

La Vega Central de Santiago parece tener vida propia. Emplazada hace más de 130 años en calle Dávila Baeza 700, en la comuna de Recoleta, el principal mercado mayorista y minorista de la Región Metropolitana comienza su jornada a eso de las seis de la mañana, recibiendo camiones cargados de productos agrícolas y del mar que abastecen a los cerca de 3 mil locales agrupados en las 25 hectáreas del sector. Y la cadena sigue, pues esos locales más tarde reciben clientes hasta las cuatro de la tarde, o algunas jornadas hasta un poco más tarde. El día se va entre los gritos de remate de frutas, verduras e, incluso, productos de aseo.

Esta es una actividad que la mayoría de los locatarios ha desarrollado durante al menjos la mitad de su vida, casi como un legado familiar. Así lo explica Héctor Méndez (68), quien junto a su esposa se ubican hace 20 años en un puesto de frutas en el primer pasillo, a un costado de la entrada de calle Rengifo. “Por tanto tiempo que uno pasa acá uno forma una familia, acá todos nos conocemos y nos cuidamos”, dice mientras da la mano e intercambia una bolsa de frutillas con un cliente al que llama “tocallo”.

Pero esa experiencia en la feria también lo ha llevado a detectar cuando hay cambios. Y más específicamente cuando las cosas no han andado del todo bien. “El aumento de los vendedores ambulantes fuera de la feria nos ha afectado. Han traido inseguridad a la zona, lanzasos y robos. La gente tiene miedo”, relata. Esto, recalca, llega desde el exterior, pues la comunidad del mercado ha logrado organizarse para combatir el problema en sus pasillos.

Basta solo un pequeño paseo por la feria para notar a más de seis guardias de negro con chalecos rojos merodeando las instalaciones y utilizando radios para comunicarse con su pares ubicados en los extremos de las calles Dávila, Antonia López de Bello, Rengifo y Salas.

Desde la directiva -de cáracter privado- sostienen que este escenario comenzó a imponerse pasada la pandemia por Covid-19. Pero también debido a la ola de migración en busca de trabajo en la capital. Ese, dicen, ha sido lo recurrente alrededor de La Vega: extranjeros que se instalan con puestos sin patente municipal y vendiendo productos similares, pero a mitad de precio.

“Necesitamos que todos tengamos las mismas exigencias. Si yo quiero vender debo pagar patente, impuestos y permiso municipal tres veces al mes. ¿Qué nos diferencia con las personas que se colocan fuera del mercado? Todos queremos trabajar y ganar sueldo para vivir”, reflexiona Valeria Osorio (42), locataria de un puesto de alimentos perecibles.

La incomodidad ha sido un sentimiento que a ella la ha venido invadiendo hace cerca de dos años. Dice que de sus 25 en el mercado, el panorama siempre era distinto. “Además de los vendedores ilegales nos enfrentamos a robos. Si notamos que alguien nos rodea el local por más de 10 minutos ya debemos alertar a los guardias, porque se viene algo”, menciona.

Fuera del perímetro de los locales establecidos las calles están copadas por comerciantes que venden frutas y veduras sobre paños negros en el suelo. Algunos incluso ofrecen pescados arriba de una lata a los transeúntes: “¡Consulte casera, fresco, recién traído del terminal!”, se escucha que grita un comerciante, de nacionalidad haitiana.

Y así, en un abrir y cerrar de ojos el problema en Recoleta viene a sumarse a los de similar origen que se viven en otros puntos de la capital, como Meiggs o la Estación Central, donde el comercio ambulante ha ido ganando cada vez más terreno.

Ante lo que dicen fue la falta de herramientas y recursos para combatir la inseguridad que atañe al sector económico, el 26 de febrero pasado la Comunidad Mercado La Vega ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Recoleta, comuna donde está emplazado el mercado, por lo que consideran una falta por parte del alcalde Daniel Jadue (PC) en contra del comercio ambulante.

“Se han realizado múltiples conversaciones con el alcalde y sólo da respuestas melifluas que no dan solución concreta”, se lee en la queja presentada a la corte hace casi un mes.

Y fueron más allá. Acusaron que el municipio “ha incurrido en omisiones ilegales”. Lo anterior argumentado sobre la base de que no se han adoptado “medidas concretas y efectivas” que “impidan la instalación del comercio ambulante”. Particularmente hacen alusión a lo que ha ocurrido en las calles Lastra, fuera de la estación de Metro Patronato y sus alrededores.

En ellas, durante la mañana, tarde, y noche, se ven basureros rebasados de desechos que llegan hasta calle Recoleta; gente en situación de calle durmiendo en la acera; paredes y locales bandalizados; sumado a otras incivilidades recurrentes.

Arturo Guerrero, vocero de la comunidad de locatarios de La Vega, sostiene si bien la crisis de seguridad es un fenómeno a nivel nacional y no solo en Recoleta, el alcalde Jadue “no ha tenido voluntad para tomar acción frente al comercio ilegal en la zona”, así como cree que tampoco ha asumido el rol que le compete como autoridad. Por eso, dice, las acciones las han tenido que tomar ellos como trabajadores y locatarios del sector.

“La Vega resiste porque nosotros hemos tomado un trabajo de concientización, de proteger al cliente, de apoyarnos. De otra manera es difícil. No estamos en igualdad de condiciones con quienes están cruzando la calle y la legislación tampoco nos respalda”, asevera. A esta altura, creen los vendedores formales de La Vega, es la única forma de sostener el negocio.

El comerciante lo ejemplifica de la siguiente manera: el pasado 22 de febrero la Municipalidad de Recoleta multó por 3 UF ($194.379) a un locatario -instalado hace dos años dentro del mercado de La Vega- por no contar con su permiso municipal al día. Y eso, a pasos de las decenas de vendedores ambulantes, no les parece ecuánime.

“¿Es justo que a una persona que quiere trabajar, hacer las cosas bien y legal lo multen mientras que a solo metros hay otros que están ilegales vendiendo y ganándose el sueldo sin pagar un peso a nadie? Esa es la pregunta que nadie nos quiere responder”, comenta.

La Tercera pidió versión de los hechos a la Municipalidad de Recoleta, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.