Apenas se conoció el jueves en la tarde que el Tribunal Constitucional (TC) decidió la destitución de la senadora Isabel Allende por amplia mayoría, en el Partido Republicano comenzaron a instalar el atril con el logo de la colectividad y a convocar a la prensa.

De evidente buen ánimo, el timonel de la colectividad, Arturo Squella, salió a enfrentar las cámaras acompañado del abogado que litigó por el Partido Republicano, Emiliano García. Una vez que conocieron que los republicanos hablarían, en Chile Vamos rápidamente se apuraron para hacer lo propio.

En la sede de la UDI se reunieron los representantes de los tres partidos de Chile Vamos junto a Máximo Pavez, el jurista que representó al bloque en el requerimiento contra la hija del expresidente.

Ambas “derechas”, como dicen algunos en el sector, habían presentado sus escritos por separado ante el TC, pero se terminaron revisando en conjunto, por lo que la destitución de Allende es una victoria para los dos bloques.

El éxito para el sector es el primero que tienen en una ofensiva de esta magnitud contra el gobierno, tras una serie de arremetidas fracasadas. Por lo mismo, republicanos y Chile Vamos iniciaron rápidamente una carrera para salir a capitalizar el golpe que le propiciaron al oficialismo.

El hecho impulsó que tanto Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos; y la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, decidieran referirse al tema. La exalcaldesa de Providencia destacó el trabajo hecho por Pavez, quien -además- es parte de sus equipos programáticos.

“Max Pavez es uno de los abogados más brillantes que me ha tocado conocer. Él hizo un escrito de una seriedad y de una contundencia impresionante. Y también su alegato fue increíble. Yo me imagino que para el Partido Socialista y la familia Allende esto tiene que ser muy doloroso. Sin embargo, la Constitución es clarísima: no se podía realizar esa compra. Y la Constitución tiene que ser respetada por todos”, aseveró la exalcaldesa de Providencia, quien visitó la UDI de forma express para felicitar personalmente al abogado.

Mientras que Kast afirmó que “hoy fue destituida la senadora y la ministra ya renunció. Ahora falta que el propio Presidente de la República, como autor intelectual de esta operación inconstitucional, dé la cara, asuma su responsabilidad y explique al país qué decisiones tomó, por qué lo hizo y a quién quiso favorecer. La Constitución debe cumplirse y hacerse cumplir, sin privilegios ni excepciones”.

Que el TC haya establecido la responsabilidad política de la senadora consolida -afirman en Chile Vamos y en la tienda republicana- una “jurisprudencia” frente al caso, donde Isabel Allende no sería la única responsable de la transacción fuera de norma.

Considerando que la firma del Presidente Gabriel Boric está estampada en el decreto supremo que autorizó la compraventa, no son pocos los que se han aventurado en mirar hacia las eventuales responsabilidades del Mandatario.

Sin embargo, en Chile Vamos ya han descartado apuntar levantar una acusación constitucional contra Boric. “No terminemos convirtiendo esta victoria en una derrota”, advertía ayer un dirigente recordando el destino que han tenido todos los libelos en el Parlamento presentados por la oposición.

En RN, en tanto, aseguran que la experiencia de las dos arremetidas constitucionales contra el fallecido expresidente Sebastián Piñera y la inestabilidad política que pueda resultar de dicha acción pone freno a ir más allá respecto del jefe de Estado.

El timonel UDI, Guillermo Ramírez, señaló que “hay una comisión investigadora en el Congreso y entendemos que hay una investigación en la Fiscalía (…). La Cámara de Diputados tiene herramientas que le entrega la Constitución para fiscalizar y de ser necesario vamos a usar cada una de ellas, como lo hicimos con la acusación constitucional contra la exministra Maya Fernández o presentando este requerimiento al TC. En principio, me parece que hablar de una acusación constitucional hoy es irresponsable, me parece demasiado prematuro”.

Lo propio señaló el abogado republicano Emiliano García, en “Desde la Redacción” de La Tercera. “No se ha planteado (...). Nosotros tenemos una vocación fiscalizadora muy potente en ese sentido, pero hasta ahora (una AC) no se ha discutido”, dijo.

En las bancadas, tanto republicanos como libertarios coinciden en que sería “apresurado”. La apuesta, afirman, es conocer los argumentos del fallo del TC y ahí poner en análisis alguna acción de mayor calibre contra el Mandatario.

Donde sí se apostará a mantener el tema vigente será en la comisión investigadora del caso, presidida por el diputado RN Andrés Longton. “Al Presidente lo vamos a invitar sí o sí a la comisión. Para así saber con quién sociabilizó la decisión (de la compraventa) y si tenía conocimiento de la inhabilidad. En caso de no asistir, le enviaremos un set de preguntas”, confirmó el parlamentario.

Ese oficio se materializará este lunes, día en que sesiona la instancia. De hecho, para esa jornada está citada la jefa jurídica de Segpres, Francisca Moya; el exasesor presidencial Leonardo Moreno y la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Si bien la exautoridad se excusó, se mostró disponible para reagendar su asistencia y colaborar con la comisión.