En el Hospital de Santa Cruz, en O’Higgins, durante lo que resta del año se irán 31 funcionarios debido al fin de la alerta sanitaria de Covid-19, decreto que estuvo vigente por 1.303 días y que permitía la contratación extraordinaria de personal para hacer frente a la pandemia. En el establecimiento, el término de estos contratos a honorarios se traduce en una reducción de servicios, pues la pérdida de profesionales significa que la unidad crítica pasará de 17 a nueve camas y de los tres pabellones quedará uno y medio en funcionamiento. “Son 31, pero su salida tiene ese impacto”, asegura el senador de la región, Juan Luis Castro (PS).
En 2021 se llegaron a necesitar 32.045 personas a honorarios Covid en la red asistencial para hacer frente a la alta demanda del momento. De ellos, a nivel país aún quedan 12.417; sin embargo, con apenas 115 casos nuevos de coronavirus y 13 pacientes en UCI según el último informe del Minsal, el personal que fue contratado a inicios de la pandemia ahora se dedica, mayoritariamente, a enfrentar otras necesidades.
Con esto en vista, desde la cartera sanitaria comunicaron hace algunos días que de esos poco más de 12 mil funcionarios mantendrían 6.070, pues de acuerdo a las autoridades estos últimos están cumpliendo funciones que no pueden ser suspendidas, con acciones que se consideran imprescindibles. El resto de los contratos -6.347- terminarán durante el transcurso de 2023, lo que ha desatado un grave conflicto que salpica a casi todos los actores del sector.
¿Y quiénes son los que se van? Consultados por La Tercera, desde el Minsal no entregaron el detalle sobre a qué profesiones y hospitales pertenecen los funcionarios a los que se le dará por finalizado su contrato. Y esta es una información que tampoco la saben con exactitud los gremios o parlamentarios. Solo se ha conocido que se priorizará mantener a aquellos que trabajan en complejización de camas, hospitalización domiciliaria, laboratorio y urgencias hospitalarias.
El diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Tomás Lagomarsino (PR) afirma que solicitó los detalles en más de una ocasión: “El Minsal ha sido muy poco transparente. Hemos oficiado en varias oportunidades y hasta el momento no hay respuesta. Ha faltado una conducción política para abordar esta situación que es compleja, y eso es responsabilidad de la ministra”.
El senador Castro, quien preside la misma comisión del Senado, coincide en que “lo que sabemos, porque no hubo apertura de información desde el Minsal, es que más de dos tercios de los casos son mujeres, y que habiendo de todas las profesiones, el grueso se concentra en enfermeras, paramédicos y auxiliares”.
Las agrupaciones de funcionarios tampoco han tenido éxito en la tarea de perfilar quiénes son las personas que dejarán sus labores. Cuentan que han solicitado la información a las autoridades en más de una ocasión, pero no han tenido respuesta. Por esta razón, optaron por levantar datos por su cuenta.
En ese contexto, la vicepresidenta (s) de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf), Claudia González, afirma que el número de enfermeras que dejaría de trabajar “debería estar cerca de las 1.500, porque casi el 60% de la mano de obra de los hospitales es enfermería. Además hay varios técnicos que también se irían”.
Entre los datos que han reunido como agrupación, ejemplifican con el Hospital de San Fernando, donde de los 150 honorarios Covid que dejarán sus cargos, 60 son enfermeras, lo que produciría el cierre de siete camillas en urgencia y cerca de dos pabellones quirúrgicos, lo que estiman en 200 cirugías menos al mes.
Eduardo Tognarelli, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Chile, cuenta que recopiló información de 30 establecimientos de la red pública y notó que en todos aumentó el número de kinesiólogos por honorarios Covid. De hecho, detalla que este incremento ayudó a disminuir las brechas: “En muchos lugares se instalaron servicios de kinesiología que no existían o en otros se aumentó la dotación. Ese crecimiento configura un aumento del 240%, pero con la eliminación de los honorarios se proyecta una reducción del 180%, aproximadamente dos mil profesionales”.
En el área de nutrición pasa algo similar. Cecilia Sepúlveda, presidenta del gremio, explica que en todas las unidades críticas del país debería existir un nutricionista, lo que no se cumpliría hasta la contratación extra por pandemia. “Disminuyó la brecha, mejoró la atención, los colegas podían hacer el trabajo que correspondía y ahora estos cargos se van y vamos a volver a las mismas brechas”, cuenta, antes de agregar que al igual que otras autoridades y gremios han tenido problemas para conseguir información: “Desde el ministerio han sido muy herméticos en esto, nadie sabe con exactitud quiénes se van. Por eso estamos pidiendo la solicitud por Transparencia, pero calculamos que alrededor de un 20% de las nutricionistas a honorarios Covid se irán”.
Las negociaciones
Conocida la noticia de los términos del contrato, los gremios no tardaron en manifestarse. De hecho, la Confederación Fenats Nacional paralizó labores los días 12 y 13 de septiembre. Uno de los establecimientos que se sumaron fue el Hospital Sótero del Río, donde se comunicó el adiós de 219 personas (ver infografía). En este caso, por administraciones internas, los profesionales se mantendrán al menos hasta fin de año, con dinero del hospital.
Roxana Guajardo, presidenta del sindicato de profesionales de la salud del hospital, comenta que “a los trabajadores honorarios se les llama Covid solo por la forma en que se les pagaba su sueldo. En la actualidad, y desde hace más de un año y medio, todos están ayudando a cerrar la brecha de recursos humanos en las distintas unidades. En ese contexto, la directiva del hospital nos informó la idea de mantener a estos honorarios que estaban para ser despedidos, (incluso) algunos ya notificados”.
Otros establecimientos también están considerando la misma alternativa, pero aseguran que los recursos no son suficientes.
Actualmente, los gremios están a la espera de la reunión que sostendrán con las autoridades de Salud y de Hacienda el próximo lunes. De tener una respuesta negativa, los sindicatos evalúan movilizaciones e inclusos nuevos paros. Por otro lado, los parlamentarios también han advertido que tomarán medidas frente a una negativa de Hacienda. La idea es poder incluir a estos funcionarios en la Ley de Presupuesto 2024 y mantenerlos de forma permanente. La lectura es que aun cuando se sabía que serían contratados por un tiempo limitado, hoy por hoy han ayudado a reducir la presión existente en el sistema.
Y es que con las expansiones anuales y los honorarios regulares y Covid, en los últimos cinco años el crecimiento del recurso humano en salud ha sido de aproximadamente 55 mil personas. Durante 2019 la dotación fue de 144.986 personas, es decir, 7,59 funcionarios por cada mil habitantes. Actualmente hay 200.801 funcionarios, lo que configura una tasa de 10,06. Con el fin de la alerta estas cifras quedarían en 194.454 y 9,76, respectivamente.
“Cada servicio está buscando fórmulas, pero veo un escenario difícil, porque hasta este minuto no ha habido flexibilidad en Hacienda para destrabar la situación en los próximos días, pese a las movilizaciones anunciadas, ya que los parlamentarios hemos señalado que de no mediar un cambio no estamos disponibles para aprobar el presupuesto de Salud”, cierra el senador Castro.