Aunque nunca hay semana fácil para las autoridades de gobierno, esta que pasó fue especialmente demandante en materia de seguridad, a partir del paro de camioneros que se inició entre el norte y la zona centro del país.
Sin embargo, a pesar de que la contingencia estaba radicada en destrabar esa controversia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ya tenía agendado dar inicio a una de las pretensiones que el gobierno quiere concretar a corto plazo: un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas para enfrentar los problemas de seguridad.
Este anhelo de La Moneda se arrastra desde mayo, cuando el propio Presidente Gabriel Boric impulsó estos diálogos. “No vale la pena hacer polémicas con uno u otro sector. Tenemos que tener un acuerdo transversal en esto (...), porque no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana”, dijo en esa oportunidad.
Aunque fue el propio Mandatario el que empujó la posibilidad de un acuerdo, no hubo respuesta desde los partidos, eso, hasta este martes 22, que la ministra del Interior, Carolina Tohá, logró reunir a senadores, diputados y alcaldes del oficialismo y de oposición.
La primera reunión fue con parlamentarios en La Moneda. En esa ocasión acordaron las bases de la metodología de trabajo para las próximas semanas y se fijó un cronograma que busque un entendimiento de prioridades para que esto se concrete antes de fin de año, es decir, el próximo mes.
Luego, Tohá agendó una reunión con los alcaldes, para así también integrarlos en este acuerdo por seguridad que el gobierno busca liderar. Ahí hay cuatro ejes en los que se busca trabajar: prevención, control, persecución y apoyo a víctimas de la delincuencia.
En el Ejecutivo reconocen que los temas son muchos y que las demandas que más se repiten en parlamentarios y alcaldes es cómo distribuir de forma eficaz a personal de Carabineros. También preocupa el atacar el mercado de los autos robados y tener una nueva norma para crear una institucionalidad en apoyo a las víctimas. El proyecto de ley impulsado por el gobierno anterior -dicen en Interior- “a nadie le gusta”.
Como los temas son variados, pero todos bajo el “paraguas” de seguridad, en la reunión de Tohá con integrantes del Congreso se acordó crear cuatro comisiones: prevención y víctimas, control, persecución/sanción e institucionalidad.
Carta Gantt
Los parlamentarios se deberán inscribir en grupos con el fin de avanzar con mayor rapidez y luego tener sesiones con todos los integrantes. Por ejemplo, el jueves 24 ya se inició una, la de “prevención”, que está a cargo del subsecretario de la cartera, Eduardo Vergara, instancia que fue inaugurada por la propia ministra Tohá.
Es que la titular de Interior quiere seguir de cerca el funcionamiento de las comisiones y poder llegar luego a un acuerdo con los partidos y los alcaldes. Es más, al salir de esa reunión, enseguida se comunicó con el subsecretario Manuel Monsalve para saber cómo había resultado la comisión de “control” que él lideró en Valparaíso. “Esto tiene que salir ahora. No tenemos tanto margen”, comentó la secretaria de Estado a sus asesores.
El resultado del trabajo de cada grupo será llevado al pleno de la mesa de seguridad para formalizar temas de mayor o menor convergencia. La idea es que cada instancia sesione una vez a la semana para poder ir acotando temas.
La semana del 5 de diciembre será de trabajo interno de Interior y tendrá como objetivo procesar toda la información planteada en los grupos para decantarla y poder presentarla en un consolidado. Luego de eso, se volverá a citar a una ronda de trabajo.
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), valora la instancia. “La idea es partir en una agenda de trabajo donde vamos a ir generando un feedback de las ideas, tanto nosotros planteando algunas cosas y también opinando sobre aquellas que se planteen desde el mundo parlamentario”, dice.
En la oposición también hay un ánimo de poder llegar a puntos de acuerdo, aunque advierten que las medidas que se tomen deben ser concretas e inmediatas.
Así lo cree, por ejemplo, el senador Manuel José Ossandón (RN). “Todo el mundo quiere acuerdos, pero me interesa que sean estrategias integrales sobre la delincuencia, lo que también depende del peso político que tenga cada integrante de la mesa”. En esa línea, el parlamentario advierte que “esta me parece una buena iniciativa, pero siempre que tenga una proporcionalidad adecuada, en sentido que los senadores o diputados que estén ahí tengan una representatividad importante, porque si después se vota determinada idea, no tendrá el apoyo suficiente en el Senado o la Cámara”.
La premura del Ejecutivo en destrabar este acuerdo se da en medio de un interés ciudadano donde la seguridad es una prioridad. Según la Fundación Paz Ciudadana, la percepción de temor ante la delincuencia llegó a su nivel más alto en los últimos 22 años, y la encuestadora Criteria estableció que el 59,2% de los consultados asevera que su mayor temor es la delincuencia y la seguridad.
