La lupa de Contraloría sobre el gasto y gestión de los municipios

Era 18 de diciembre de 2023 y la entonces subcontralora Dorothy Pérez ingresaba al edificio de Teatinos 56 para cumplir su primera jornada como contralora subrogante tras la salida de Jorge Bermúdez, quien había culminado su periodo de ocho años el día anterior.

Fue un lunes agitado, pues de inmediato instruyó drásticas medidas. Solicitó renuncias, eliminó seis jefaturas y reestructuró el funcionamiento del organismo. En una de sus determinaciones “estrella”, resolvió la creación de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, unidad encargada del control jurídico, contable y financiero de los gobiernos regionales y de los municipios y que comenzó a operar formalmente el 1 de enero de 2024.

La medida, de acuerdo con fuentes del organismo, decía relación con una frase que la profesional ha repetido en diferentes instancias: “Estamos enfocados en que se cumplan los deberes funcionarios”. La decisión también tiene que ver con que se había evidenciado el creciente aumento de indagaciones penales ligadas especialmente a municipios y/o sus trabajadores.

Quienes conocen el trabajo de Contraloría relevan que el organismo fue un actor clave cuando estalló el caso líos de platas, pues los informes emitidos por la entidad respecto de las transferencias hacia fundaciones resultaron clave para las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público.

Había que poner foco en esos gobiernos locales y, por lo mismo, rápidamente se instruyó la realización de decenas de investigaciones. Y a la fecha, de acuerdo con datos entregados a La Tercera, ya suman 203 procesos en todo el país.

En esas investigaciones, según indican desde Contraloría, se abordan diversas materias. Principalmente, se relacionan con obras (25,6%), compras de bienes y servicios (16,7%), estado de situación financiera en año electoral (14,8%), transferencias de recursos (13,3%) y recursos humanos (9,4%). El resto, indican, corresponde a mediciones relativas a funciones institucionales, concesiones de gastos, concesiones de ingresos, entrega de beneficios, ingresos propios, situación financiera y tecnologías de información (ver infografía).

A modo de ejemplo, en Valparaíso se evalúan transferencias y obras; en Algarrobo, compra de bienes y servicios; en Recoleta y Las Condes, compras; en San Joaquín, obras, y en Concepción, concesiones de ingresos.

Pero eso no es todo. Considerando que el próximo 27 de octubre hay elección de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, se creó un programa especial.

Se trata del primer plan de evaluación financiera y presupuestaria respecto de municipios cuyos alcaldes no van a la reelección. En total se incluyeron 30 comunas, aunque en dos de ellas el jefe comunal actual sí se repostula, Estación Central y El Monte. Se les integró, conforme al detalle, por estimarse que presentan una “mala gestión” de los recursos.

En la RM también se audita la situación de Peñalolén, Las Condes, Independencia y Providencia.

Las evaluaciones dispuestas por Contraloría durante los últimos meses también consideran, en un ítem aparte, asuntos de probidad y transparencia. Ahí, en base a ocho indicadores, establecen el nivel de cumplimiento de los municipios en la materia y los clasifican con los colores del semáforo: rojo cuando la obligación no está cumplida, amarillo cuando faltan datos y verde cuando cumplen.

Se revisan, entre otros elementos, presentación de sus declaraciones de Patrimonio e Intereses, entrega de su información contable, reporte de su dotación de personal y cumplimiento de información contable y legal.

De esta lista, la mayoría de las municipalidades tiene evaluación roja en “Reporte de su dotación a Dipres” y “Percepción de ingresos de años anteriores”.

Entre los municipios peor evaluados están: Rinconada, Zapallar, Algarrobo, Graneros, Maullín, Puyehue, Lampa y María Pinto.

No hay ninguna municipalidad con todos los indicadores en verde. Sin embargo, entre las que tienen mejor evaluación están: Lota, Mejillones, Combarbalá, La Calera, Hualpén, Contulmo, Macul, Maipú, Talagante y Ñuñoa.

Frente a esto, desde el Consejo Para la Transparencia (CPLT) ya han hecho advertencias, estimando que es “preocupante” que la información no esté publicada, esté incompleta o errónea. “La transparencia en la gestión municipal es clave para promover la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control social. Es fundamental que estemos informados y participemos activamente para fortalecer nuestra democracia”, sostuvo al respecto Bernardo Navarrete, presidente del CPLT.

Frente a las labores, Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, afirmó que se trata de insumos que les “permiten velar por la transparencia y probidad administrativa, sobre todo en un contexto donde las irregularidades y los actos de corrupción obligan a mandar señales claras de cómo gestionar adecuadamente los recursos públicos”.

En el mismo sentido, desde la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional manifestaron que las investigaciones de Contraloría les permiten “avizorar, adelantar, tener criterios y observaciones para aperturar una investigación de carácter penal respecto de algunas municipalidades o corporación de municipalidades. Remite preinformes o informes finales por hechos que pueden revestir carácter de delito, o bien apoyan, complementan y garantizan el desarrollo de investigaciones penales ya iniciadas”.

En términos gruesos, agregan, al menos el 20% de las causas sobre municipalidades se inició por un informe del organismo.