La reforma a las policías en compás de espera: ¿Se logrará en un año?

La propuesta número 27 del programa de gobierno del entonces candidato presidencial Gabriel Boric no dejaba lugar a dudas: “Refundaremos nuestras policías”. La iniciativa, para algunos radical, hacía eco de las demandas de un sector que exigía eliminar -principalmente- a Carabineros, debido a su rol a partir 18 de octubre de 2019, cuando comenzó el estallido social.

Sin embargo, cuando Boric pasó a segunda vuelta y La Moneda ya se veía más cerca, de a poco morigeró su discurso, pasando de la idea de “refundar” a la de “reformar”, principio con el cual asumió su mandato el 11 de marzo de 2022.

Más allá de diferencias semánticas, los cambios propuestos para las instituciones policiales, tanto Carabineros como la PDI, significaron, incluso, profundas diferencias al interior del gabinete. A cuatro días de instalada la actual administración, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, viviría un duro episodio en Temucuicui: un grupo de desconocidos atacó con disparos la comitiva de la secretaria de Estado y la intervención de la policía impidió que la situación pasara a mayores. Todo esto llevó a las nuevas autoridades a repudiar el acto y volcar todo el apoyo a Carabineros.

Con ánimo de aunar criterios, en septiembre del primer año del gobierno de Boric, y a pocos días de asumir, la ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó la primera sesión de la Unidad Consultiva para la Reforma, un grupo transversal de la sociedad civil al que se le encargó aportar con distintas miradas en temas de seguridad.

En ese entonces, la instancia quedó a cargo del exsubsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara, sin mayores avances. Hasta que en marzo de 2023 Tohá decidió llevar la misión al seno de su gabinete y para ello designó al exdirector del Sernac y Estadio Seguro José Roa como coordinador exclusivo para la reforma.

Ante los fallidos intentos, el objetivo era acelerar el proceso de reforma de las policías ante las críticas que ya a esa altura estaban surgiendo desde el interior del mismo grupo de trabajo. Dos años después, la mayoría de esos cuestionamientos se mantienen.

El primer jueves de cada mes, la Unidad Consultiva se reúne en el Edificio Bicentenario, ubicado en Teatinos 92. El equipo ronda entre las siete y las 16 personas y está compuesto por representantes de Paz Ciudadana, Amnistía Internacional, fundaciones, universidades y parlamentarios. Aunque estos últimos, dicen en la interna, no asisten hace un año y han optado por enviar asesores.

La investigadora de Amnistía Internacional Viviana Cáceres tiene una mirada crítica de cómo se está desarrollando el trabajo: “La reforma a las policías es un desafío que tenemos como país hace mucho y que es urgente si queremos reforzar la labor policial y avanzar en materia de seguridad pública. Por lo mismo, solo tiene sentido si se realiza de forma integral. Pensamos que ello no ha sucedido hasta el momento”.

Ronald von der Weth, de la Fundación para la Protección Ciudadana, va más allá. “En la Unidad Consultiva falta una dirección política-estratégica. El subsecretario Luis Cordero y la ministra Tohá no han citado nunca a la Comisión para la Reforma, que es la que está integrada por las autoridades del Estado que son las que nos deberían dar los lineamientos. Sin eso es difícil avanzar”.

Es justamente esa comisión, puntualizan desde el Ejecutivo, la que está a cargo de materializar los temas de la reforma.

Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, comenta que los procesos de reforma policiales pueden tardar hasta 10 años. “Pero lo más importante, y de lo que ha carecido este proceso, es que exista claridad de lo que se quiere conseguir con esta reforma. Y eso no se definió al comienzo, a pesar de reiteradas insistencias que hemos hecho nosotros”.

Las reuniones, generalmente, duran una hora y media y los temas a tratar son propuestos con anticipación mediante un correo enviado por el equipo de Interior. Muchos de ellos tienen relación con la contingencia. Por ejemplo, para este jueves abordarán el uso de armas no letales, materia que ya había sido tocada en una sesión anterior.

“Uno no le encuentra un objetivo general ni específico a la reforma. Pareciera que abordamos cosas contingentes o cosas que ya están hechas”, agrega Diego Izquierdo, abogado del Instituto Libertad.

Johnson reconoce que ha habido avances, como los cambios institucionales al interior de Carabineros, pero “no es una reforma lo que estamos llevando en esa mesa”.

El equipo con dedicación exclusiva para la reforma está compuesto por cuatro profesionales con estudios de posgrado y con experiencia en seguridad pública, subrayan desde Interior. El grupo, liderado por Roa, cuenta además con Hugo Soto (sociólogo), María Méndez (administradora pública) y Ana María Silva (socióloga).

El coordinador defiende los avances y responde a las críticas. “Tenemos resultados respecto a esto. Tenemos planes estratégicos aprobados por el ministerio, planes anuales y operativos, tenemos canales de denuncia de conductas indebidas, tenemos las cuentas anuales de las policías, tenemos una estrategia de liberación de recursos policiales”, afirma. “Todos estos aspectos lo que hacen es recoger el trabajo (de la Unidad Consultiva)”, agrega.

Respecto de la velocidad con que se está desarrollando la reforma, Roa asegura: “Está avanzando de acuerdo a lo programado. Pero parte de los tiempos legislativos no dependen solo del Ejecutivo”.