Habían pasado casi 12 horas desde el crimen de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, durante la madrugada del 27 de abril en Cañete, cuando a las 13.58 de ese día el Presidente Gabriel Boric estuvo, por primera vez, a solas, con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Ambos se reunieron en una pequeña sala de la Comisaría de Los Álamos, la misma unidad policial donde trabajaban los efectivos asesinados. Allí sostuvieron un reservado diálogo que se extendió por 20 minutos. Yáñez entró a esa oficina con un incierto futuro judicial y profesional como jefe de Carabineros. Pero cuando salió ya estaba notificado de que las cuatro estrellas como general director seguirían siendo parte de su uniforme.
Es que en paralelo a la cita entre el Presidente y Yáñez, la ministra del Interior, Carolina Tohá, oficializaba una decisión que el gobierno había tomado escasas horas antes: “Este no es el momento de debilitar ni mover a las figuras claves en este esfuerzo que tenemos que enfrentar”.
La decisión del Ejecutivo estaba tomaba. Yáñez no saldría de la jefatura de Carabineros, echando por tierra el denominando “criterio Tohá” que establecía que las autoridades que enfrenten una formalización, y que dependan del mandato del gobierno, deben salir para no afectar a sus instituciones.
Pero faltaba algo más: la formalización ya estaba fijada para el 7 de mayo. Ese día, el Ministerio Público le imputaría al general director delitos omisivos por apremios ilegítimos y homicidio. Había que ver la forma de no llegar a esa fecha.
El Ministerio Público y su representante máximo, el fiscal nacional Ángel Valencia, también estaban en la unidad policial de Los Álamos. Llegó en el avión presidencial junto a todas las autoridades que estaban consideradas en la ceremonia del Día del Carabinero. Pero testigos de sus movimientos en la Región del Biobío aseguran que no tuvo ningún contacto, ni con el Presidente ni con la ministra Tohá.
Desde el ente fiscalizador, y también desde Interior, descartan todo tipo de comunicación para zanjar el futuro judicial de Yáñez. Pero el fiscal nacional ya tenía una postura.
Cita dominical
Para nadie al interior de la Fiscalía es un misterio que Valencia siempre estuvo por postergar la formalización, aunque manifestaba que respetaría la decisión que tomaran el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, quienes están a cargo de la investigación.
Así, cuando la ministra Tohá notificó la decisión de mantener a Yáñez en su cargo, el fiscal Valencia escuchó. En su fuero interno también existía el convencimiento de que no era el momento para sentar al general director de Carabineros en una sala de audiencia en el Centro de Justicia de Santiago, a 10 días de haber enterrado a tres de sus subordinados.
Por lo mismo, al llegar a Santiago ese mismo sábado en la tarde, Valencia tomó el teléfono y citó a una reunión al fiscal Armendáriz. La cita no duró más de 30 minutos. Ambos llegaron claros con el tema a tratar: el escenario actual no resistía tener al general Yáñez en el banquillo de los acusados, más con la decisión del gobierno de mantenerlo en el cargo.
Claros sobre lo mismo, no hubo contrapuntos. Ambos coincidieron en postergar la fecha de la formalización, pues el crimen en Cañete tampoco ayudaba a cuestionar ante el tribunal el rol de Carabineros en materia de orden público.
La reunión terminó de manera cordial y Armendáriz no esperó mucho más tiempo: antes del mediodía del domingo 28 de abril, la solicitud ya estaba ingresada.
En el requerimiento, sin embargo, no decía que esto obedecía a un “contexto distinto”, sino que se planteó que respondía a las solicitudes de las defensas de los generales Mario Rozas y Diego Olate, quienes también serían formalizados el 7 de mayo. Además, se argumentó que durante la audiencia, la defensa del general Yáñez insistiría en postergar y dilatar el procedimiento judicial.
Aunque no participó en la reunión con Valencia, la fiscal Chong habló previamente con Armendáriz y estuvo de acuerdo en la decisión de postergar la audiencia. Aunque sus razones eran técnicas. Le transmitió a sus cercanos que ella abogaba por evitar la exposición de las víctimas.
La defensa de Yáñez, representada por el abogado Jorge Martínez, desde noviembre del 2023 que busca mantenerlo lejos de cualquier intento por cercarlo. Primero, pidió remover a los fiscales Armendáriz y Chong, y luego inició una ofensiva en la Corte de Apelaciones, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ante la Fiscalía Nacional y también ante el Tribunal Constitucional, para postergar la formalización.
El duelo de Yáñez
Para Yáñez su salida era un hecho. Estaba escrito, sin embargo, a pesar de que su situación judicial cambió con la tragedia, el caso le impactó de manera especial.
Fue el general Enrique Monrás quien le avisó de un ataque incendiario. Yáñez estaba despierto, pues preparaba su último discurso del Día del Carabinero. De inmediato llamó a la ministra Tohá y al Presidente Boric.
Además, citó a los generales Monrás; al jefe de Inteligencia, Julio Jaramillo, y al director de Investigación Criminal, Jaime Velasco. A las 2.30 tenían que estar en la base Aeropolicial de Tobalaba para reunirse y conocer los detalles del caso.
Media hora después, todos partirían al Grupo 10 de la Fach, donde se reunieron con la ministra y el resto de las autoridades. Yáñez quería partir a Cañete para juntarse con los familiares de las víctimas y transmitirles que haría todo lo posible para encontrar a los responsables en un caso que lo obligó a guardar, en un cajón, su último discurso. Por ahora.
