“Hoy la isla está en crisis”, dice la delegada presidencial provincial de Rapa Nui, Juliette Hotus.

Antes de la pandemia, el 90% de los rapanui se empleaba en actividades ligadas directa o indirectamente al turismo, por lo que la situación ha mermado los ingresos en el territorio insular. No solo escasean los recursos: la salud mental de los rapanui se ha visto deteriorada por el encierro. En febrero hubo un primer intento por abrir, pero el disparo de los casos de Covid-19 en el continente retrasó la medida.

Para reabrir, explica Hotus, es necesario mejorar la respuesta sanitaria de la isla ante un brote de coronavirus -con una UCI y aumentando la capacidad de procesamiento del laboratorio de PCR-, pero también es necesario recuperar el Aeropuerto Internacional Mataveri, cuyo estacionamiento permanece ocupado por la familia Roe desde noviembre de 2020.

Los Roe se tomaron el lugar a modo de protesta, levantando una casa y bloqueando dos de los tres portones de acceso al recinto. Actualmente vive en el lugar Elizabeth Roe (40), líder del reclamo y nieta de Rafael Roe -patriarca de la familia y heredero del terreno-, junto a su pareja e hijos. Al frente del aeropuerto reside el resto de los descendientes. Los Roe no suman más de 40 personas. Y entre todos resguardan la ocupación. ¿Qué exigen? La restitución de las tierras que fueron “robadas” por el Estado en 1967 a Rafael y una compensación económica por 55 años de usufructo del aeropuerto.

La delegada señala que “el Estado tiene una deuda histórica con todos los pueblos originarios y esta familia es un claro ejemplo del abandono en cuanto a temas de tierras indígenas. Hoy día no es una ocupación, o una toma, es un derecho histórico al que una familia apela. Por eso, no es mandarlos a desalojar, aquí hay historia. Funcionamos de otra manera, distinta al continente”.

Para resolver el conflicto “hay un trabajo que se está haciendo, que es dialogar”, asegura Hotus.

De este modo, por ahora no hay fecha propuesta para el retorno de los turistas.

Según el Informe Histórico Cultural para Mesa de Tierras 2020 “Caso aeropuerto” -publicado por la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (Codeipa) y el Consejo de Ancianos en enero de 2021-, ”existe una legítima reivindicación por parte de la sucesión de don Rafael Roe” sobre el denominado lote nº 2, correspondiente a 3,9 hectáreas del aeródromo, donde está emplazado el terminal y parte de la pista de aterrizaje.

El informe establece que Roe “nunca recibió compensación alguna por la destinación de parte de su superficie para fines de uso público de Aeropuerto, dependencias adyacentes y camino público, razón por la cual es procedente que el Estado repare el despojo que realizó respecto de sus terrenos”.

La familia además exige la devolución de otro lote (el nº 32), donde hoy están las bodegas de Latam, aunque ello no figura en el documento.

El mismo informe señala que ya en 2016 el Estado reconoció que la familia Roe “ha sido confiscada, sin mediar compensación alguna” y fue comprometido un plan de trabajo, que a esa fecha no había mostrado resultados.

Ese año, recuerda Elizabeth Roe, “el gobierno presentó una propuesta, donde nos ofrecía terrenos acá en la isla, casas con subsidio para las cuatro ramas de la familia, proyectos semillas de $ 6 millones, pozos y tratamiento de aguas servidas, además de cuatro locales comerciales dentro del aeropuerto, pero concesionados por 25 años”.

No hubo acuerdo. “Nosotros queremos la restitución total de los predios en discusión, el 2 y el 32, y el pago del usufructo del aeropuerto por 55 años. Lo primero es la restitución del terreno que fue robado a nuestro abuelo”, explica Elizabeth. Es decir, que los títulos de dominio, atribuidos al Ministerio de Defensa, pasen a manos de los Roe. Allí podría seguir funcionando el aeropuerto, aclara, y “ahí entraríamos hablar directamente con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)”.

A partir del 2019, informa la DGAC -administradora del inmueble-, “se ha realizado un trabajo interministerial liderado en un principio por el Ministerio del Interior y donde participaron los Ministerios de Bienes Nacionales, de Obras Públicas y de Desarrollo Social, para resolver este conflicto, acordándose que sería el Ministerio de Bienes Nacionales el que retomaría la negociación y diálogos con la familia, lo cual se encuentra en proceso”.

Pero por el momento la negociación sigue estancada, señala Elizabeth Roe.

El ex ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, comentó que durante la anterior gestión del Presidente Piñera “se sostuvo diversas reuniones en conjunto con la mesa de tierras de la Codeipa, tanto para definir las ramas familiares a quienes se les reconocería su derecho para plantear sus pretensiones, así como delimitar la superficie a discutir”.

Sin embargo, agrega Isamit, y dado que la familia Roe busca una indemnización retroactiva respecto del uso del aeropuerto, así como el pago de futuros arriendos, “esto excede de las atribuciones de Bienes Nacionales y a diferencia de otros casos de tierras en la isla, donde el ministerio efectivamente pudo compensar vía asignación de terrenos, en este caso en particular, se requirió la intervención y coordinación con otros ministerios”.

La nueva ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien ha señalado que la restitución de tierras es “fundamental”, no se ha comunicado con ellos. Tampoco lo han hecho los representantes de la cartera en la isla.

Consultado, el ministerio señaló que “frente a la necesidad de apertura y reactivación de la isla, estamos trabajando junto a otros ministerios en una solución integral, que permita la operación del aeropuerto”.

La cartera no aclaró si se solicitará el desalojo de la familia ni qué medida implementarán para resolver el conflicto a corto plazo.

La ocupación del aeropuerto ha alterado su funcionamiento.

No solo está inhabilitado el estacionamiento. Los pasajeros, que durante la pandemia han llegado en vuelos humanitarios o en aviones de carga de Latam, deben iniciar su embarque afuera del terminal, a 200 metros del edificio, informó la DGAC.

Los viajeros presentan sus documentos de viaje e identidad en una puerta alternativa, que corresponde a la Dirección Meteorológica del aeródromo.

Luego, “son trasladados a pie desde ahí hasta el terminal”, agregó la DGAC. Ya al interior del edificio, se dirigen a los counters de Latam, donde entregan sus maletas y exhiben su ticket de embarque, y pasan por policía internacional y por los pórticos para la revisión de los equipajes.

Por el momento, la situación no ha generado mayor conflicto: los Roe abren las puertas del estacionamiento cuando llegan vuelos humanitarios. El problema se proyecta con el regreso de los turistas.

Antes de la pandemia circulaban por el aeropuerto 1.800 personas diarias, en tres vuelos que llegaban y salían con 300 pasajeros cada uno.

En 2019, por ejemplo, ingresaron a Rapa Nui por el aeropuerto 8.785 turistas internacionales; la mayoría desde Francia (35,1%), Brasil (11,2%) y Japón (8,2%), informó la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo. Y otros 89.058 viajeros nacionales pernoctaron al menos una noche en la isla, principalmente provenientes de Las Condes (5,9%), Santiago (4,3%) y Maipú (4,2%).

El viernes 5 de abril, la Codeipa y el Consejo de Ancianos enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric, planteando un “conjunto de solicitudes urgentes”. Entre ellas, la apertura responsable y recuperación económica de la isla, como también establecer una agenda de trabajo para la “restitución territorial del pueblo rapanui”.

Este proceso comenzó en la década del ‘90, bajo la administración del ex Mandatario Patricio Aylwin, comenta Francisco Haoa, comisionado electo de la Codeipa. Desde entonces, familias rapanui han recuperado tierras, aunque no necesariamente en el lugar donde antes residían sus antepasados.

“Muchas veces se producen problemas, porque otorgan espacios que corresponden a otras familias, y eso genera diferencias”, dice Haoa.

La mayor restitución se produjo cuando se le otorgó a la comunidad indígena Mau Henua la administración del Parque Nacional Rapa Nui, vía concesión a 50 años. “Ese fue el último gran gesto del Estado hacia el pueblo rapanui”, añade el comisionado.

Así, periódicamente se han ido restituyendo terrenos, ya sea para uso habitacional o agrícola, en un trabajo que lidera la Codeipa y Bienes Nacionales.

Sin embargo, del 35% de terrenos fiscales que estaban disponibles y considerados para continuar con la restitución, solo queda un 15%. “El resto se lo ha tomado ilegalmente la gente”, señala Haoa.

El caso de los Roe “no responde a una situación aislada y por eso también vamos a dialogar con el pueblo Rapa Nui para trabajar en sus demandas históricas”, agregan desde el ministerio de Bienes Nacionales.

Elizabeth Roe cuenta que votó por Boric porque es joven y “tiene otro pensamiento y corazón para ayudar a la gente. Se nota en sus expresiones”. Por eso, espera que en su mandato se resuelva, por fin, la reclamación de su familia.

“Tengo harta fe de que algo vamos a sacar de esto”, añade. Pero mientras no les devuelvan las tierras no desocuparán el terminal, advierte.