“Mire, no puedo desmentir, ni... ella ha hecho un buen trabajo”, respondió complicada la senadora Paulina Vodanovic (PS), el domingo pasado, en el programa Mesa Central de Canal 13, al ser consultada por el periodista Iván Valenzuela si eran efectivos los llamados a distintos parlamentarios que realizó el Presidente Gabriel Boric anunciando que optaría por proponer como contralora general de la República a Dorothy Pérez.

Los contactos de Boric preguntando por la actual contralora subrogante se realizaron la semana pasada y varios entendieron que era inminente el oficio de La Moneda proponiéndola a ella como carta sucesora de Jorge Bermúdez, quien en diciembre del año pasado dejó la jefatura del ente fiscalizador.

Si bien Pérez había sido parte de varios nombres que, en los meses previos, habían sondeado los ministros Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia) y Luis Cordero (Justicia), el hecho de que Boric tomara la posta era indicio de que la decisión venía en serio.

De hecho, en el Senado algunos vaticinan que Pérez contaba con los 30 votos de la sala (tres quintos) que exige la Constitución para ser nombrada.

No obstante, sorpresivamente esta semana el gobierno no envió ninguna notificación. Algo había sucedido en el camino. Para algunos senadores el frenazo era una señal de que la proposición de Pérez se había caído definitivamente; para otros, en tanto, era solo una pausa.

Desde el gobierno sostienen que la proposición presidencial de nuevo contralor no tiene apuro y que, dado el contexto de tensiones por la renovación de la presidencia del Senado y la alternancia en comisiones legislativas, era preferible esperar a que se eligieran las nuevas autoridades de la corporación.

Efectivamente, la temperatura dentro de la Cámara Alta ha comenzado a subir producto del conflicto que hay entre la DC y Demócratas, que tienen una interpretación contradictoria respecto de quién debe asumir en la Comisión de Hacienda. Incluso, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, con el respaldo de las bancadas de derecha, ya advirtió que si el martes en la mañana no asumía en Hacienda (instancia que será crucial para reforma previsional y los próximos cambios tributarios) no apoyarían la elección de un senador PPD como presidente del Senado.

Para algunos senadores habría sido poco prudente instalar una negociación por la Contraloría, en momentos en que ya hay una conversación compleja para resolver la gobernabilidad en esta rama del Congreso.

Sin embargo, ese factor no habría sido el único que llevó al Presidente a dejar en suspenso la proposición de Dorothy Pérez.

La contracampaña que han levantado ciertos funcionarios y exautoridades de la propia Contraloría en contra de ella sería otra de las causas. De hecho, están circulando titulares de prensa que recuerdan la desaparición de un sumario contra Carabineros en 2010, por el cual la subcontralora fue interrogada en 2018 como testigo.

Además, hay otro antecedente que aún no se ha explotado por parte de los detractores de Pérez: su vínculo con la abogada Leonarda Villalobos y su marido, Luis Angulo, a quienes conoció en el Ministerio de Educación en 2014. Pérez fue jefa jurídica del Mineduc, mientras que Angulo y Villalobos -hoy investigada por la filtración de audios de una supuesta red de tráfico de influencias- eran parte del gabinete del entonces ministro Nicolás Eyzaguirre.

En todo caso, la difusión de antecedentes sensibles no es nueva. Estas estrategias se desplegaron con intensidad en el proceso de designación de nuevo fiscal nacional, entre 2022 y 2023, dando cuenta de las agresivas campañas de desprestigio que se ha instalado en el mundo de los abogados cuando el Senado debe resolver designaciones ligadas al gremio. En el pasado este fenómeno ha salpicado también a postulantes a la Corte Suprema.

No obstante, también hay una causa de índole más político en el congelamiento de la decisión: una incipiente negociación que involucra especialmente a RN y al PS para vincular la definición de la Contraloría a las nominaciones de la Corte Suprema.

En la última semana surgió una oferta de parte de la bancada de Renovación Nacional, que estaría dispuesta a nombrar como nuevo contralor a un jurista ligado al socialismo, siempre y cuando tenga un currículum académico y profesional acorde al cargo.

A cambio, el PS debería ceder para que la oposición proponga más ministros de la Suprema que sean cercanos al ideario de la derecha. En los próximos meses el Senado debe resolver cuatro cargos del máximo tribunal (tres ministros y el fiscal), de los cuales ya hay dos vacantes.

Esta apertura podría reactivar nombres que supuestamente habían sido desechados, como los académicos Juan Carlos Ferrada y Gabriel Osorio; el secretario de la Cámara, Miguel Landeros; o la misma subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

La oposición, por otro lado, ha tenido dificultades para convencer a profesionales afines. Una de las últimas cartas del sector era la subcontralora subrogante, Soledad Frindt, quien no habría aceptado postularse.