El 20 de septiembre de 2020 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella por la que se investigaba una trama de corrupción en la Municipalidad de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. Además de funcionarios municipales, se incluyó a los asesores legales del entonces alcalde, Osvaldo Delgado (PRO), entre los que se contó el fundador del Frente Regionalista Verde Social (FRVS): Jaime Mulet.
En noviembre de 2021, el Ministerio Público solicitó formalizar a Mulet por el delito de cohecho pasivo, por presuntamente haber asesorado al alcalde de Tierra Amarilla -quien fue imputado por fraude al Fisco y falleció ese mismo año- para que este desistiera de un juicio ambiental en contra de la minera y que esta pudiera operar hasta 2030. Todo ello a cambio de recibir US$ 7 millones.
La formalización, finalmente, será el jueves 6 de octubre. Pese a que Mulet ha insistido en su inocencia, el caso ha causado más que incomodidad en su sector político: el Frente Amplio (FA). Y es que cuando se conoció la noticia de la formalización, fue duramente cuestionado por el entonces candidato presidencial de la coalición, Gabriel Boric. Por lo mismo, Mulet llegó a prometer que se bajaría de la reelección al Congreso para favorecer la campaña de la carta frenteamplista. Sin embargo, ello nunca ocurrió: el diputado del FRVS siguió realizando campaña y logró la reelección en el distrito 4. Mulet dejó la presidencia del partido que fundó y en su lugar asumió su esposa, Flavia Torrealba.
Este domingo, Boric visitará la Región de Atacama para conmemorar el Día Nacional del Medio Ambiente, momento en el que se volverá a encontrar con el parlamentario, a quien dijo no apoyar durante la campaña.
La jugada de Mulet
Pero Mulet busca jugar una última carta esta semana, justo antes de su formalización. Dado que esta diligencia ha sido reagendada tres veces, el parlamentario busca acusar, a través de una acción administrativa, a los persecutores ante el nuevo fiscal nacional que suceda al saliente Jorge Abbott.
Ciro Colombara, abogado de Mulet, afirma que solicitaron la audiencia tras los cinco años de investigación de la causa completa, para que “se le ordenara al Ministerio Público que definiera su posición frente al diputado Mulet. Si tiene algún reparo, debe pedir el desafuero, porque así lo señala la ley. Si no tiene reparo, debe cerrar la investigación (...), no confiamos en quienes llevan la investigación en el Ministerio Público”.
Una de las pruebas que maneja la fiscalía para vincular a Mulet con el caso de Tierra Amarilla es la declaración ante el fiscal del exalcalde Delgado, quien aseguró que el diputado le ofreció $ 400 millones para que levantara una medida judicial que impedía el pago de los honorarios de asesoría a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones.
Esa declaración es la que motiva la queja administrativa que Mulet presentará ante el nuevo fiscal nacional, a quien entregará una serie de declaraciones de personas cercanas al fallecido alcalde que, a su juicio, demostrarían que su testimonio fue entregado bajo presión de los fiscales, quienes le habrían ofrecido a Delgado solicitar el cambio de la prisión preventiva que este estaba cumpliendo con la condición de culpar al diputado.
Los testimonios, que corresponden a declaraciones juradas, revelan el disgusto de Delgado con Mulet porque este no lo visitaba en la cárcel.
Jaime Mulet afirma que estas declaraciones “evidencian una situación contumaz por parte del Ministerio Público, donde coaccionan a una persona que llevaba más de 60 días privada de libertad, enferma, para que me involucre, que invente cosas en mi contra”.
Junto con eso, adelantó que si bien este se trata de un reclamo administrativo, también está estudiando la interposición de una querella: “Estamos viendo si hay delito en estas actuaciones indebidas”.
En la declaración del exalcalde ante los fiscales, además, este aseguró que el ofrecimiento de los pagos fue en las oficinas de los abogados Bosselin y Briones el 2016 en Santiago. Aquello, según el diputado, nunca ocurrió, por lo cual también presentará testimonios de las personas que supuestamente estaban en esa reunión, desmintiendo aquello, además de una bitácora de viajes, obtenida a través de Transparencia, que expone que el alcalde no habría viajado a la capital en esa fecha.
Según el diputado, aquella reunión “no existió, la indujo un fiscal para involucrarme y eso involucra una actuación torcida. Estos fiscales han degenerado la actuación del Ministerio Público, no usan el principio de objetividad, hay una intencionalidad clara que desconozco qué lo gatilla, pero obviamente no es la justicia”.
Finalmente, Mulet también analiza presentar una carta de queja en contra del CDE, puesto que uno de los consejeros, Rodrigo Quintana, participó en la redacción del acuerdo del municipio con Candelaria, como abogado de la minera.
