Viernes 15 de marzo, a las 6.00 de la mañana. Ese fue el día y hora escogido para un reservado operativo que el OS-7 de Carabineros tenía diseñado para ingresar en simultáneo a la casa del director de la PDI, Sergio Muñoz, y a su despacho en el edificio institucional de la PDI, ubicado en Santiago Centro.
Los policías portaban una “orden de entrada y registro” en contra de Muñoz, emanada desde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por su presunta participación delictual en la entrega de información reservada al abogado Luis Hermosilla, quien, paralelamente, es indagado por ilícitos de cohecho y malversación en el denominado ‘caso audios’.
“Se llevaron a cabo diligencias efectuadas en la mañana de hoy en el domicilio y oficina de Sergio Muñoz Yáñez, director general de la PDI. Las órdenes de entrada y registro fueron solicitadas por la Fiscalía Oriente, el jueves 14 de marzo, y se enmarcan en la investigación conocida como ‘caso audios’ y se fundamenta en las pericias del celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI”, señaló la Fiscalía Nacional, a través de un comunicado.
La diligencia sorprendió en La Moneda y en la PDI, pues se trata de una investigación que afecta a una de las dos instituciones encargadas de enfrentar la actual crisis de seguridad. Pero, además, en el gobierno abre la interrogante sobre qué decisión adoptar frente a otro jefe policial formalizado, tomando en cuenta que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentará cargos por parte del Ministerio Público en mayo de este año.
El caso de Muñoz era manejado con reserva en el Ministerio Público. Tanto así que el trabajo entre la Fiscalía Oriente, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y el OS-7 de Carabineros se encapsuló entre muy pocos investigadores, pues en diciembre del 2023 dieron con una pista clave.
El 16 de noviembre, efectivos del OS-7 allanaron la oficina de Hermosilla, en Alonso de Córdova, para llevarse computadores y celulares del abogado. Lo que se quería encontrar era evidencia de sus posibles contactos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para frenar el proceso sancionatorio contra otro de sus representados, Daniel Sauer. Todo, luego de que se filtrara una conversación que sostuvo con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Sauer.
A partir de eso se extrajo la información desde el celular de Hermosilla para analizarla y pesquisarla. Fue en ese trabajo que saltó la alerta: una conversación entre él y el director de la PDI referente a la investigación en contra de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado por los delitos de malversación y lavado de activos, a través de los gastos reservados de la policía.
Hermosilla era el abogado de Espinosa en la indagatoria y, según la información que maneja el Ministerio Público, era alertado por Muñoz sobre lo que solicitaba la Fiscalía en esa causa, qué buscaba y por dónde se movía en esa investigación, pues a pesar de que las diligencias las realizaba el OS-7 de Carabineros, la PDI era requerida para entregar oficios, planillas y todo lo que tuviera que ver con el caso.
Además, para nadie en la PDI es un misterio que Espinosa y Muñoz eran cercanos. Muñoz fue su jefe de Inteligencia en 2017; por lo tanto, era calificado como su “sucesor natural” (ver nota secundaria).
En tanto, desde la PDI evitaron referirse al caso, más allá de un comunicado enviado durante la mañana de ayer.
“La institución y el Director General, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos. Como institución permanente del Estado de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el país”, indicaron, a través del escrito.
La presión sobre el caso escaló con las horas, pues pasadas las 18.30 de la tarde de ayer, el CDE decidió querellarse en la investigación. En el Consejo tomaron la determinación, a partir de lo contundente de los antecedentes que maneja el Ministerio Público.
Más conversaciones y Dominga
En el círculo de Hermosilla la diligencia también sorprendió, pues aseguran que se estaría violando el secreto profesional del abogado.
Según explicaron, lo único que puede ser objeto de investigación es lo relacionado a Hermosilla en el ‘caso audios’ y no en otras. Sin embargo, en la Fiscalía descartan esta versión, pues aseguran que si bien el caso de Muñoz surge a partir de lo que se detectó en la otra investigación, ahora se abrió una causa nueva, no relacionada a la del supuesto soborno en el SII.
Además, en el Ministerio Público agregan que Hermosilla, en esta investigación de Muñoz, figura como testigo, y el único imputado -por ahora- es el director de la PDI. Incluso, el abogado concurrió durante la tarde de ayer a declarar ante la Fiscalía sobre los antecedentes que recibía por parte del mandamás de la institución policial.
Es que las conversaciones entre Hermosilla y Muñoz no solo estarían suscritas a la investigación en contra de Espinosa, sino que también a, al menos, otras cinco causas, entre 2021 y 2022.
En estas otras indagatorias se detectó la filtración de información de causas que investigaba la propia PDI, a través del envió de antecedentes reservados por parte de Muñoz a Hermosilla.
Una de estas causas, por ejemplo, es la relativa a la investigación que en 2021 inició la Fiscalía para esclarecer la existencia de posibles delitos tributarios, de cohecho y soborno relacionados con la compraventa de la minera Dominga.
Allí se indagaba un posible conflicto de interés en el negocio por parte del expresidente Sebastián Piñera -quien fue sobreseído en la causa- durante el traspaso de derechos de la familia Piñera Morel a la familia de Carlos Alberto Délano durante el primer mandato del exjefe de Estado.
Si bien Hermosilla no era defensor de Piñera en esa causa, sí mantenía una conocida amistad con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y otras autoridades del gobierno de la época.
Los delitos y el desmarque
Muñoz será formalizado por el delito de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal. Dicha norma sanciona el lavado y blanqueo de activos.
En específico, el artículo 31 establece un marco regulatorio para la entrega de información en causas de lavado de activos, como es el caso, por ejemplo, en que se busca enjuiciar al exdirector de la PDI Héctor Espinosa.
“La investigación de los delitos (..) de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal. Respecto del imputado y de los demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses, renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término”, se consigna en la legislación.
Quienes se desmarcaron del caso, rápidamente, fueron los otros dos imputados del ‘caso audios’: Leonarda Villalobos y Daniel Sauer.
La abogada defensora de Villalobos, Alejandra Borda, emitió un comunicado desligando a su clienta de la situación, afirmando que “ninguno de mis representados ha mantenido ni mantiene comunicación con el señor Hermosilla, ni se encuentra al tanto de sus vínculos personales o de la forma en que maneja información sobre sus causas”.
“Hasta la fecha no tenemos ninguna comunicación oficial en que se nos informe de alguna investigación por lavado de dinero relacionada con “el caso audios” ni algún otro; sin embargo, si así se desprendiese de la investigación que realiza el Ministerio Público, seguiremos cooperando hasta que la verdad se esclarezca”, afirmó en el texto.
En esta misma línea, la familia Sauer también se pronunció por escrito, señalando que “las aristas penales derivadas de la grabación espuria e ilegal de una reunión privada están siendo patrocinadas por abogados que no tienen relación alguna con el abogado señor Hermosilla”.
El martes 19 de marzo Muñoz será formalizado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
