Las dispares experiencias de América Latina para enfrentar la violencia narco con las FF.AA.

La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la lucha contra el narcotráfico no es nueva. Ni en Chile, ni en la región. Basta con volver a 2019, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera ordenó el envío de tropas a la frontera norte del país para detener el flujo de drogas que ingresaba por las fronteras con Perú, Bolivia y Argentina.

Cinco años después, el contexto es distinto, pero la discusión es la misma. ¿Se debería utilizar a las fuerzas destinadas a defender y salvaguardar al país para controlar el problema del narcotráfico? La pregunta ya se la han hecho en otros lugares.

En conversación con La Tercera, Mike LaSusa, subdirector de contenidos de InSight Crime, aseguró que “los países latinoamericanos han recurrido a menudo a las fuerzas militares para controlar la delincuencia, normalmente en un contexto de altos niveles de violencia”. En su opinión, “cuando la delincuencia está fuera de control, el Ejército puede parecer una buena opción, especialmente cuando la presión pública exige que los gobiernos actúen con rapidez”.

Si bien LaSusa considera que “ha habido situaciones en las que los despliegues militares han reducido la violencia”, en la práctica, “esas reducciones suelen ser temporales, o simplemente se desplaza a otra zona. No conozco ningún ejemplo en América Latina en el que los militares hayan tenido éxito a largo plazo en el control del crimen organizado”, concluyó.

Similar piensa Mariano de Alba, asesor senior para Latinoamérica del think tank Crisis Group, quien explicó que la tendencia de la región se debe a que “la capacidad policial en América Latina suele ser frágil. Las FF.AA. son más capaces y suelen tener más recursos desde el punto de vista económico y de hardware. En segundo lugar, existe una tendencia a creer que si se involucran, resolverán rápidamente la criminalidad. Sin embargo, su implicación también tiene sus inconvenientes, ya que suelen estar entrenadas para hacer frente a amenazas extranjeras y no son expertas en la gestión de situaciones en las que interviene la dinámica de las comunidades locales”.

Por otro lado, argumenta que la “experiencia general ha sido irregular. Hay algunas historias de éxito, pero también muchas de fracaso. La realidad es que, al final, las FF.AA. también pueden ser cooptadas o sobornadas. Por lo tanto, es difícil concluir que son más capaces que la policía a la hora de enfrentarse al narcotráfico”, planteó.

Mediante un estado de excepción que se extiende por dos años, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado disminuir drásticamente la cifra de homicidios en el contexto de la lucha contra bandas delictivas, más que contra el narcotráfico.

Detractores y entusiastas del “modelo Bukele” reconocen la efectividad en la disminución de muertes violentas, que pasaron de 67 en un solo día, el 22 de marzo de 2022, a menos de 30 entre enero y febrero de este año.

Allí inició la “estética Bukele”. También trajo una mayor tranquilidad en las calles -ya no les cobraban a los locatarios ni ocurrían asesinatos a plena luz del día-, pero también llegó un mayor control. Excesivo, reclaman organismos internacionales y una mínima parte de la población.

Lejos de lo que el Democracy Index considera como una democracia plena -para 2023 ubicó a El Salvador en el puesto 96, en la sección de regímenes híbridos y a 10 lugares de ser considerado autoritario-, el país centroamericano reeligió este modelo con el 84,6% de los votos en las elecciones de febrero pasado.

El escape de “Fito” Macías, líder de una poderosa banda criminal, generó motines, secuestros y desmanes en las calles ecuatorianas a principios de 2024. Y, como consecuencia, se declaró “la existencia de un conflicto armado interno”, con el posterior uso de las FF.AA. para controlarlo.

Si bien la decisión fue apresurada y en respuesta a la contingencia, se puede rastrear una línea ascendente hacia el cenit de la situación. En diciembre, el Congreso había votado por reformar la Constitución para permitir que los militares, encargados de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, apoyaran en el combate del crimen a los policías. Cuando aún gobernaba Guillermo Lasso, se restituyó el porte de armas y en junio de 2020 se adoptó un acuerdo para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público.

Mariano de Alba planteó que la ventaja del uso de las FF.AA. “suele ser su abrumadora capacidad en comparación con los narcotraficantes, aunque, cada vez más, ese ya no es el caso. La desventaja es que las Fuerzas Armadas no suelen estar capacitadas para enfrentarse a las dinámicas de las comunidades locales, donde hay poblaciones que, aunque no estén de acuerdo con el narcotráfico ni participen en él, se han vuelto dependientes de la estabilidad, las donaciones y los beneficios que les proporcionan estas organizaciones ilegales”.

“Estamos luchando contra un ejército de narcotraficantes que tiene 40.000 soldados fuertemente armados y que cuenta con armas modernas, en muchos casos mejores que las de las propias fuerzas de seguridad de Ecuador”, reconoció el Presidente Daniel Noboa en enero.

Ante la falta de preparación para el enfrentamiento con civiles, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llevó adelante un taller sobre uso de la fuerza para altos mandos de las Fuerzas Armadas de Ecuador, en septiembre de 2023.

Si bien aún no se sabe el efecto a largo plazo del uso de las FF.AA., para el 8 de marzo, día en que el país cumplió dos meses en estado de excepción, las cifras de muertes violentas habían disminuido considerablemente. Posterior al decreto, enero vio una reducción del 45,59% con relación al valor proyectado, con 476 crímenes, consignó el diario El Universo. Para febrero bajó a 365, un 23,32% menos que el primer mes del año.

En México, la militarización del conflicto con el narcotráfico data desde la década del 70. Sin embargo, el salto ocurrió con el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y su “guerra contra el narco”. La efectividad de la medida, coinciden muchos analistas citados por la prensa internacional, ha sido prácticamente nula, considerando que tras décadas, el problema sigue igual, e incluso peor.

“El ejemplo más destacado de un país que ha utilizado sus fuerzas militares para luchar contra el crimen organizado durante un largo período de tiempo es México. La estrategia ha generado mucha violencia, pero no ha tenido éxito a largo plazo. Los grupos criminales han adoptado tácticas, organización y equipos militares para luchar contra el gobierno. Y también han vuelto esas técnicas y armas contra sus rivales”, dijo a este periódico Mike LaSusa, de InSight Crime.

Calderón terminó su sexenio duplicando el número de homicidios del gobierno anterior, alcanzando los 121.000 muertos en situaciones violentas. Pero sus sucesores, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, siguieron sus pasos. Entre enero de 2006 a mayo de 2021, fueron asesinadas cerca de 350.000 personas, y más de 72.000 siguen desaparecidas.

López Obrador llevó la situación aún más allá, utilizando a soldados como policías, e incluso de obreros en la obra pública mexicana. Los efectos, por otro lado, parecen inexistentes. The Washington Post afirmó que mientras el número de militares desplegados en México desde 2006 se ha triplicado, también lo ha hecho el número de homicidios.

En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva echó mano al Ejército de su país como respuesta a una escalada de violencia en Río de Janeiro, hogar de famosas playas y lugares turísticos, así como de las favelas. En noviembre pasado, Lula adoptó la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que otorga a los militares el poder para actuar en puertos y aeropuertos tanto de Río de Janeiro y Sao Paulo con el fin de combatir el crimen organizado, consignó la revista brasileña Carta Capital.

La decisión fue controvertida no solo entre académicos y expertos, sino que también en el ámbito político. Durante la campaña que lo enfrentó a Jair Bolsonaro, Lula prometió promover la integración entre ciudades, estados y nación, así como establecer nuevos parámetros para la seguridad pública en el país. En octubre pasado, incluso llegó a descartar el uso de la GLO durante su gobierno, pero días después autorizó la misión.

Gracias a la firma, las Fuerzas Armadas trabajarán en conjunto con la Policía Federal mientras dure la medida -hasta mediados de 2024, de momento- en la lucha contra el crimen organizado. De este modo, los 3.700 militares que participan de la operación pueden realizar detenciones y registros a sospechosos. Mientras la Marina y la Fuerza Aérea trabajan en los puertos de Santos, Río de Janeiro e Itaguaí, y en los aeropuertos de Guarulhos y Galeão, detalló Carta Capital, el Ejército apoya a la Policía Federal de Carreteras en las fronteras de los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso.

“Estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, dijo al mediodía del martes el Presidente de Argentina, Javier Milei. Se trata de la intención de reformar la ley para que las FF.AA. puedan actuar en seguridad interna, algo que no es posible según los parámetros actuales. De momento, la administración libertaria ha ordenado que entreguen ayuda logística.

Un día después, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego entre las fuerzas federales, entregándoles la posibilidad de disparar en casos de inminente peligro.

La escalada, todo en una semana, se dio tras los asesinatos de cuatro inocentes en Rosario, ciudad azotada por el narcotráfico desde hace años, pero durante las últimas semanas, la violencia ha incrementado como respuesta a las medidas gubernamentales en las cárceles de la provincia de Santa Fe.

Clarín señaló que el jueves fueron enviadas a la provincia afectada 20 camionetas Ranger; camiones para el traslado de personal y de equipo de comunicaciones, además de drones y cuatro helicópteros Bell UH y 412.

El analista Rosendo Fraga dijo a Noticias Argentinas que la única excepción posible para el uso de las FF.AA. en materia de seguridad es que se decrete la Ley de Seguridad Interior, pero para aquello, Milei debe lograr que el mismo Congreso que le denegó su “Ley Ómnibus” -y el Senado su DNU-, ahora le apruebe el estado de sitio.