Pese a que México fue uno de los primeros países del mundo en acceder a una vacuna contra el Covid-19, la campaña se ralentizó entre enero y febrero, cuando el país no recibió ninguna dosis.

La situación parece estar revirtiéndose. Desde finales de febrero, el país ha cerrado acuerdos de compra de más de 234 millones de dosis de cinco vacunas distintas, aunque eso no significa que los inmunizantes estén ya en territorio mexicano. De hecho, la mayoría no ha llegado.

Hasta el momento, México ha administrado 15,48 millones de dosis. Sin embargo, ha habido retrasos importantes. El gobierno esperaba vacunar a casi 15 millones de personas mayores de 60 años y a todo el personal sanitario antes de abril, pero los plazos se extendieron al menos hasta mayo. Según Our World in Data, sólo un 9% de la población mexicana ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

El discurso oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que la campaña de vacunación se está acelerando, pero los expertos lo discuten. Además, hay otro tipo de cuestionamientos al respecto. “Puede haber un uso electoral del proceso de vacunaciones, puesto que en junio habrá elecciones intermedias para elegir autoridades municipales, estatales y legislativas en todo el país”, explica José del Tronco, profesor e investigador de Flacso México.

El tema de quién recibe la vacuna también ha generado polémica. “Si bien ya se han vacunado más de 34 mil integrantes del personal de salud del sector privado, muchos trabajadores del sector público aún no tienen fecha de vacunación, y son quienes se enfrentan diariamente al riesgo, por ser la primera línea en el combate a la enfermedad”, señala Del Tronco a La Tercera.

La llegada a la presidencia de Luis Arce en noviembre implicó un cambio en la estrategia de la pandemia que había llevado el país. El mandatario levantó las restricciones de confinamiento y se autorizó el pago de un nuevo bono a US$ 143 a los mayores de 18 años sin ingresos fijos. El foco se centró en las pruebas masivas y el anuncio de compra de vacunas, como las 20.000 dosis de la rusa Sputnik V que llegaron en enero.

Sin embargo, el programa de inoculación ha sido más bien lento. “El principal tema ahora son las vacunas, porque aún no hemos llegado al colapso del sistema sanitario y tampoco hemos llegado a que se pida públicamente medicinas para enfermos con Covid. El gobierno suscribió un contrato especialmente con la vacuna rusa, la Sputnik V, y no está llegando la cantidad comprometida. Lo otro es que los centros privados de salud en Bolivia o farmacéuticas privadas puedan también importar vacunas en la medida de lo posible”, dijo a La Tercera, el politólogo Marcelo Arequipa.

La nueva gestión del gobierno de Arce chocó con el sector médico debido a la aprobación de una Ley de Emergencia Sanitaria en marzo pasado, que los profesionales en salud consideraron no consensuada, por lo que desarrollaron un paro de labores que en la práctica se debilitó por la misma pandemia. El sector de salud consideraba que la legislación debía derogarse por ser inconstitucional, pues quita autonomía y capacidad a los gobiernos regionales y municipales en la gestión sanitaria. Establece disposiciones como el control de precios de los servicios en los centros privados, de los tratamientos y de los medicamentos, la contratación directa de médicos extranjeros y la prohibición de cualquier movilización o paros del personal sanitario.

El 11 de abril cuatro regiones del país realizaron un balotaje electoral para elegir gobernadores. Se trató de la segunda vez que el país acude a las urnas en medio de la pandemia.

Actualmente, el país no descarta cerrar “todas las fronteras necesarias” para evitar la entrada y propagación de las variantes, luego que se detectara la presencia de la variante británica. El país suma 294 mil contagios y casi 13 mil fallecidos por el Covid-19, según Worldometer.

Desde el primer fallecido por Covid-19, el 16 de marzo, Colombia lamenta 70.026 decesos en 402 días, lo que representa 174 muertos diarios, mientras abril se eleva como uno de los meses más mortales en el país, con más de 6.500 fallecidos en los primeros 22 días.

Ante la nueva arremetida del virus y la amenaza de un colapso en los servicios sanitarios debido a que las principales ciudades superan el 88% de ocupación hospitalaria de camas UCI, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla volvieron al confinamiento. Por segundo fin de semana, la capital colombiana cumple una cuarentena total de viernes a domingo, y un toque de queda desde las 20.00, que ha generado movilizaciones de trabajadores.

El repunte de contagios, además, coincide con los retrasos en la campaña de inmunización. A la fecha, Colombia ha recibido 5,6 millones de vacunas para una población que supera los 50 millones de habitantes. La promesa del Ejecutivo de Iván Duque es inocular a 35 millones de personas para fin de año.

Ante la crisis sanitaria y económica, Duque impulsa la primera reforma tributaria de la región empujada por la pandemia, con la que buscan recaudar US$ 6.850 millones en impuestos. En ayudas sociales a causa de la pandemia, el gobierno ha desembolsado el 4,1% del PIB.

Ante el inminente inicio de la contienda electoral de cara a las presidenciales de mayo de 2022, un Congreso dividido bloquearía los votos necesarios para la aprobación del proyecto. A su vez, la Asociación Nacional de Empresarios ha propuesto una ruta intermedia para evitar que el país quede en calificación de riesgo.

Parte de la población observa con distancia la reforma, que establece que a todos los que ganen el equivalente a US$ 700 mensuales, se les aumentará la carga impositiva. Al mismo tiempo, subirá el impuesto de productos básicos y servicios como el transporte. Esto ha provocado varias protestas. Además, se pretende establecer una renta básica, idea que anteriormente ya fue bloqueada en el pleno. “El golpe económico de la pandemia obliga al Estado a discutir la reforma para reducir el impacto y volver a tener políticas sociales, pero con la complicación de que 2022 es un año electoral”, señala el analista Fernando Posada.

Durante la primera ola del Covid-19 las imágenes de muertos por el virus acumulados en las calles de Guayaquil recorrieron el mundo y se transformaron en una presión contra el gobierno de Lenín Moreno. Los ecuatorianos salieron a las calles a exigir mejoras en el sistema sanitario para sus familias y acusaron al Ejecutivo de una nula estrategia.

La crisis de la pandemia también generó un quiebre en el gabinete de Moreno, que derivó en la renuncia de cuatro ministros de Salud ante las críticas. El último en salir fue Rodolfo Farfán, que dimitió en marzo tras revelarse el escándalo de la vacunación “VIP” que benefició a cientos de cercanos al gobierno.

“Antes de la pandemia, el gobierno ya vivía una crisis de legitimidad y la salida de los ministros de Salud fue solo un síntoma de la incapacidad de gestión. Las terribles imágenes de Guayaquil provocaron la reflexión ciudadana de la necesidad de sistemas de salud públicos fuertes, con acceso universal y gratuito, lo que no fue la prioridad política. En la primera ola Ecuador despidió a cientos de profesionales de salud, lo que se sumó a la reducción sostenida del presupuesto estatal de salud”, señala a La Tercera la politóloga Camila Andrade.

En medio del vacío de los ciudadanos ante una respuesta estatal en la pandemia surge la victoria electoral de Guillermo Lasso, que prometió en campaña vacunar a nueve millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno que iniciará el 24 de mayo, lo que es “ambicioso” para un deteriorado sistema de salud que solo ha administrado 600 mil dosis, por lo que para cumplir el objetivo el futuro gobierno deberá recurrir “al sector privado”, finaliza Andrade.

En los últimos días, personal de la salud y cientos de ciudadanos han salido a las calles para exigir “transparencia” en la distribución y administración de las vacunas contra el coronavirus. “El gobierno de Venezuela no se caracteriza por ser transparente y abierto con respecto a las cifras que maneja, así que es de esperarse que se comporten de la misma manera con la pandemia”, explica la politóloga y consultora venezolana Ana Milagros Parra. “El Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington dice que estamos en unos 14 mil casos diarios, y las cifras oficiales dicen que son alrededor de mil casos”, agrega.

Lo mismo ocurre con las vacunas. De hecho, el Ministerio de Salud no ha entregado información sobre un plan de vacunación contra el coronavirus, pese a que ya tienen dosis de las vacunas china Coronavac y la rusa Sputnik V. “El gobierno tiene esta narrativa de que hay un bloqueo y que el problema es financiero, pero el problema de las vacunas es más logístico y político. No se sabe a quiénes se están vacunando”, explica Parra.

El mal manejo de la pandemia, la falta de recursos y la corrupción han puesto al gobierno del Presidente Mario Abdo Benítez contra las cuerdas. Las masivas protestas de marzo derivaron en la renuncia de varios ministros y la oposición presentó una moción para un juicio político que no prosperó. Actualmente el país registra un récord de fallecidos por Covid (91 el miércoles). “Estamos en el peor momento de nuestra pandemia. Hay un colapso sanitario, hay un nivel altísimo de contagio de muertes”, explicó el analista paraguayo Carlos Herken. A ese escenario se suma la parálisis de la campaña de inoculación debido al escaso número de vacunas que ha gestionado el gobierno. La Cámara de Diputados aprobó el empleo de los fondos de las dos hidroeléctricas para la adquisición de insumos médicos y medicamentos para la lucha contra el Covid-19.

Mientras el resto del continente sufría a manos del coronavirus en 2020 y comienzos de 2021, Uruguay parecía ser la excepción. Sin embargo, en sólo unos meses, la nación pasó de ser un modelo en la lucha contra la pandemia al país con la mayor tasa de contagios diarios, el 6 de abril. También entró en el “top 10” de las naciones con más muertes por día, el 8 de abril.

En marzo, cuando se retomaron las actividades, hubo un aumento muy marcado de los casos. Desde entonces, el eventual colapso del sistema de salud se ha convertido en el foco de atención y el principal tema de debate entre quienes apoyan al gobierno y sus opositores, que consideran que el Presidente Luis Lacalle Pou debe endurecer las medidas.

“El gobierno apostó desde el primer momento a tres aristas centrales: aumento de las camas de centros de tratamientos intensivos, obtención de las vacunas lo más pronto posible y que la población adoptara una postura de ‘libertad responsable’. Si tuviera que pensar en un error, quizás se confió demasiado en esto último”, señala el periodista uruguayo Esteban Leonís.

“Los políticos y sobre todo los que somos gobierno, somos esencialmente criticables”, dijo Lacalle Pou hace un mes. “Algunos afirman que deberían tomarse más medidas para restringir la movilidad, por ejemplo, decretando un toque de queda nocturno, algo a lo cual Lacalle Pou se rehúsa, en parte por una postura casi filosófica y, en parte, porque no está dispuesto a meter presos a quienes no lo acaten”, dice Leonís.