La iniciativa -ingresada por la organización “Con mi plata no”- se compone de una enmienda con cinco incisos con los que se busca que el Estado garantice el acceso a prestaciones básicas y uniformes, teniendo como principal eje un mandato al Estado para “asegurar un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean propiedad de cada trabajador”.

Adicionalmente, mandatan al Estado a “asegurar un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador”, agregando que dichas cotizaciones y los fondos que generen “tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna modalidad ni circunstancia”. La iniciativa, además, establece que las personas siempre tendrán derecho a elegir libremente el ente que administre sus fondos, ya sea público o privado.

En el proceso anterior, la iniciativa de “Con mi plata no” fue la más popular de todas y logró reunir casi 60 mil firmas. Pese a todo ese respaldo ciudadano, fue rechazada por la extinta Convención Constitucional. Uno de los voceros de esta iniciativa, el exconvencional Bernardo Fontaine, espera que esta vez el resultado sea distinto: “Sería impensable que en este Consejo no tomaran en cuenta el clamor de los trabajadores”.

Esta iniciativa popular de norma plantea una modificación al catálogo de deberes constitucionales que aprobó la Comisión Experta en su anteproyecto. Esa fue una innovación realizada por los comisionados, ya que actualmente la Constitución vigente solo establece deberes de carácter militar.

El catálogo del anteproyecto se compone de ocho deberes. Uno de ellos establece que todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Junto con fijar el deber de los chilenos de “honrar a la patria”, la innovación de esta enmienda es que se indica que, además, las personas deben “respetar aquellas actividades que originan la identidad chilena, poniendo como ejemplos la música, la artesanía, los juegos populares, deportes criollos, entre otros”.

La iniciativa popular es promovida por la Corporación Vive Chile Rural y toca un tema que fue especialmente sensible en el proceso constitucional anterior. La disuelta Convención Constitucional aprobó una norma que se refería a la “sintiencia” de los animales. Ese artículo causó una gran polémica, ya que algunas voces opositoras al texto interpretaban que provocaría la prohibición de actividades tradicionales chilenas como el rodeo.

Esta iniciativa popular de norma pretende modificar el Capítulo V del anteproyecto que trata sobre Gobierno y Administración del Estado en su sección de Bases Generales de la Administración. La enmienda patrocinada por Pivotes, la fundación que lidera Bernardo Larraín Matte, propone separar al gobierno de la administración del Estado con el objetivo de “atribuirle al primero su conducción política y la definición de políticas públicas, planes, programas y acciones, y a la segunda, su implementación, además de la provisión de servicios públicos de calidad”.

El artículo también incluye “establecer un nuevo régimen único de designación, contratación, promoción y cese de funciones para los funcionarios de la Administración del Estado, que resalte su naturaleza técnica, profesional y meritocrática, y que contenga una regulación especial para los funcionarios de exclusiva confianza de los gobiernos de turno, coherente con su condición excepcional y limitada”.

En esa misma línea, la propuesta de Pivotes pretende “crear un Consejo Autónomo de Alta Dirección Pública que regule los procesos de selección de candidatas y candidatos a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública y de aquellos que deban seleccionarse con su participación”.

La iniciativa popular de norma consta de un artículo único. Esta enmienda no modifica ninguna norma del anteproyecto de nueva Constitución redactado por la Comisión Experta, sino que incorpora un nuevo artículo. “Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación”, se lee en la iniciativa.

La norma es impulsada por la organización Fundación Derecho y Defensa Animal. Dentro de los fundamentos asociados a esta iniciativa se expone que los animales no se encuentran protegidos en la Constitución vigente, pero destacan distintas leyes que buscan dicha protección, las cuales califican de insuficientes, “tanto por la falta de armonía dentro del ordenamiento jurídico como por la ineficacia de las normas ante la ausencia de un mandato constitucional expreso”.

Respecto al anteproyecto, valoran que contenga normas sobre protección de la biodiversidad, pero lamentan la ausencia de articulados sobre protección a los animales. Este tema nunca tuvo el suficiente respaldo en la Comisión Experta como para haber sido debatida como una norma. Otro argumento que esgrime la organización es el respaldo ciudadano que existe sobre la materia, citando la encuesta Cadem de mayo de 2022, la cual arroja que el 84% de los encuestados se mostró de acuerdo con que la Constitución reconociera a los animales.

En ese contexto, es que plantean el deber estatal de la protección animal a través de la consagración constitucional de dicha obligación; el reconocimiento de la capacidad de sentir; y la promoción de la protección por medio de la educación.

Esta propuesta señala en primer lugar que el monopolio indelegable del uso de la fuerza le corresponde al Estado, ejerciendo dicha facultad a través de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

El corazón de la norma plantea que al momento en que uno de los miembros de dichas fuerzas “empleen racionalmente la fuerza dentro del marco constitucional, legal y reglamentario que corresponda, dicha acción estará amparada por el Estado de Derecho y exenta de responsabilidad penal”.

La iniciativa es patrocinada por la fundación Yo apoyo a Carabineros (YAAC) y añade que será la ley la que determine las conductas o circunstancias en las que ese uso racional esté eximido de responsabilidad penal. Esta fue la discusión que se dio este año con la tramitación de la Ley Nain-Retamal y que contó con fuertes reparos por parte de algunos partidos oficialistas.

La enmienda establece con especial consideración que estas fuerzas de orden considerarán especialmente “la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber”.

Como principales argumentos la fundación YAAC expone la necesidad de establecer los límites esenciales para regular el uso de la fuerza. En segundo término, esgrimen que “dado el contexto político reciente, es importante afirmar explícitamente que la fuerza ejercida por agentes del Estado es plenamente legítima y democrática”.

Finalmente, asegura la organización, esta norma servirá como “guía al legislador, pues los criterios y las consecuencias del uso correcto de la fuerza han sido desarrollados en la actual legislación”.