Las propuestas que discute la Comisión por la Paz para resolver el nudo mapuche

El 12 de enero se cumple el plazo legal establecido para que la Comisión por la Paz y el Entendimiento cumpla el compromiso de entregarle al Presidente Gabriel Boric una propuesta tendiente a crear una vía institucional que aborde el conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

La instancia, creada en junio de 2023 tras la firma de los 21 partidos políticos del oficialismo y la oposición, dejó en manos de ocho comisionados -encabezados por el senador Francisco Huenchumilla y el excanciller Alfredo Moreno, y bajo la secretaría ejecutiva de Víctor Ramos- la misión de hacer un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche y propiciar un diálogo que descomprima la histórica tensión en el sur.

A cuatro semanas de que se cumpla el plazo, La Tercera tuvo accceso a los documentos base sobre los cuales se elabora la propuesta. Se trata de los insumos que cada uno de los comisionados -que responden a distintas sensibilidades políticas- ha puesto sobre la mesa para alcanzar el compilado de propuestas formales que debe ser ratificado de forma unánime. “Son borradores sobre los que se inició la discusión”, señala una fuente.

El insumo base es el que elaboraron Huenchumilla y Moreno por separado.

El primero parte por establecer que “el Estado debe pedir perdón por las injusticias cometidas contra el pueblo mapuche y a los colonos chilenos y extranjeros por su traslado a un territorio en conflicto, así como a todas las víctimas a la fecha por no haber cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad”. También plantea la necesidad de reformar la Constitución para el reconocimiento de los pueblos indígenas, la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y una nueva institucionalidad como la Comisión Nacional de Reparación Mapuche, el Banco de Tierras, el Fondo Financiero de Reparación y el Defensor del Pueblo Mapuche, entre otras.

El principal nudo de los comisionados es cómo resolver la entrega de tierras sin replicar los fracasos anteriores.

Uno de los puntos que la parlamentaria mapuche comparte con el documento base es la necesidad de que el Estado, a través de sus autoridades, pida perdón públicamente al pueblo mapuche. Eso sí, respecto a la representación mapuche autónoma, advierte que hay que mantener la participación indígena de manera directa sin la representación de esta suerte de “parlamento indígena”. Por otra parte, la primera propuesta del documento base presenta un crédito con aval del Estado para inversiones indígenas, inspirado en la experiencia de la Cobertura Indígena (COBIN). Sin embargo, Nuyado expone que esto ya está en la Corfo y lo que se puede hacer es ampliar la cobertura.

En su propuesta, Naveillán asegura que el reconocimiento constitucional al pueblo mapuche debe ser de carácter general, sin olvidar la existencia de otros pueblos diferentes. Además, plantea que se debe crear una comisión de seguimiento de acuerdos, con el fin de monitorear los entendimientos alcanzados por la Comisión para la Paz y Entendimiento, siendo su objetivo principal el cumplimiento de estos. Respecto a las tierras, el agricultor expone que las comunidades puedan disponer de las que actualmente se encuentran ofrecidas en Conadi, y cuando estas no estén disponibles, solo tendrán como opción la compensación económica. En cuanto a reparación, dice que adhiere a lo que proponga Nicolás Figari.

En su informe propone la creación de un Fondo de Reparación basado en compromisos fiscales futuros para reparar de manera integral a comunidades mapuche, con medidas que incluyan tierras, habitabilidad, infraestructura, vivienda, pensiones y otros bienes demandados. Las tierras serían las adquiridas de Conadi, forestales o del Estado, respetando criterios de sostenibilidad y evitando conflictos con propietarios agrícolas. El exsecretario de Estado también sugiere que el fondo será administrado por una entidad independiente del gobierno y con participación del pueblo mapuche. Mientras que Conadi dejaría de gestionar tierras y se dedicaría a asesorar técnicamente a las comunidades.

No ha entregado su análisis.

Propone una Subsecretaría de Pueblos Indígenas. Sugiere limitar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como realidades culturales y sociales dentro del Estado, sin privilegios. Plantea una transformación de la Conadi, enfocándola en la ejecución de políticas públicas y quitándole la compra de tierras. Propone un sistema digital para gestionar demandas territoriales y un registro de comunidades indígenas. Sugiere crear un órgano para procesar solicitudes y demandas de tierras. Propone establecer la Comisión Nacional de Reparación Mapuche, que actuaría como árbitro. Y para las víctimas de violencia y terrorismo sugiere reconstrucción de inmuebles, compensación económica y un catastro oficial.

Propone reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas preexistentes a Chile, con derecho a vivir conforme a su cosmovisión y a autogobernarse en asuntos internos. Sugiere crear un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Parlamento Mapuche como contrapartes del Estado. Pide derecho a participar en órganos del Estado, crear la Comisión Nacional de Reparación Mapuche y el Banco de Tierras. Asimismo, pide un Fondo Financiero de Reparación de USD 3.000 millones. Sugiere crear un defensor del Pueblo Mapuche, así como la construcción de mercados, casinos, proyectos turísticos y mejoramiento de caminos rurales. Finalmente, plantea la creación de un Museo de la Memoria mapuche.

En un documento conjunto solicitan una disculpa oficial por violaciones históricas contra el pueblo mapuche y sus territorios. Proponen el reconocimiento jurídico-político de los Pueblos Indígenas (PPII), basándose en el Convenio 169 y su preexistencia cultural. Sugieren incorporar este principio en la Constitución para superar desigualdades históricas, así como piden la creación de escaños reservados en el Congreso y gobiernos regionales para representantes mapuche. Proponen la creación de una Defensoría de los Pueblos Indígenas para garantizar el acceso a la justicia y evitar fraudes en tierras indígenas. Proponen devolver tierras ancestrales y ampliar el acceso a territorios agrícolas, clasificar las solicitudes de tierras según títulos históricos, comunidades desplazadas y demandas actuales. Incluyen la creación de un fondo especial y un órgano técnico para gestionar demandas de tierras y reparar injusticias, además de la creación de un ministerio dedicado a coordinar políticas públicas. Exponen la necesidad de una reestructuración de la actual corporación indígena para mejorar su eficacia y transparencia, así como la creación de un catastro actualizado de tierras y un archivo general de asuntos indígenas. Ponen la idea de un registro nacional de víctimas de violencia reciente y compensación económica, además de indultos para quienes fueron condenados por participar en reivindicaciones territoriales. Piden el fomento del acceso a créditos, infraestructura pública y creación de centros de comercialización para productos indígenas. A su vez, la incorporación de contratos especiales para el uso de tierras indígenas y formación de sociedades mixtas.