Las razones tras el rápido deterioro político y de seguridad en Ecuador

Ya no hay semana en que no haya una noticia alarmante en Ecuador: este lunes, sin ir más lejos, el Ministerio de Educación dio el vamos a una iniciativa en que se enviaban a algunos establecimientos de Durán y Guayaquil a clases virtuales por unos días, a causa de la posibilidad de tiroteos y la inseguridad en sus alrededores. “Vivimos una nueva pandemia: la inseguridad”, señalaba entonces el alcalde de Durán, que hace unos meses había sido víctima de un atentado.

En lo que va del año, Ecuador ya lleva 4.200 homicidios, y se prepara para romper un récord: de una tasa de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, se espera que este año ese índice cierre en 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región. Para comparar, la tasa de Chile fue de 6,7 en 2022, según Espacio Público.

Pero los números no alcanzan a contener la magnitud de lo que ocurre: las muertes no discriminan entre pandilleros, funcionarios públicos, vecinos sin relación con el narco y candidatos a la presidencia. Y si no es asesinato, la extorsión y los secuestros atemorizan a toda la población ecuatoriana, y sobre todo a las localidades cercanas a Guayaquil.

En un principio, el gobierno de Guillermo Lasso aseguraba que los crímenes solo correspondían a luchas de territorio entre bandas criminales, reduciendo el problema a las muertes “entre delincuentes”. Las cifras ahora ya dicen otras cosas, y son muchos los ecuatorianos que mueren o viven con el miedo a ser extorsionados y secuestrados independiente de su ocupación.

Solo entre enero y junio de 2022, cuando la criminalidad estaba aumentando, la Fiscalía General del Estado registró 15.671 denuncias de extorsión y 1.556 por secuestro. La impunidad, en tanto, solo ignoró 59 casos que sí terminaron en condena: el 90% de los casos estaba, en ese entonces, en la primera etapa de investigación.

El primer semestre de 2023 sumó 3.513 asesinatos, asistiendo así a un aumento del 58% respecto al año precedente. Y la lista de asesinatos con alta connotación es larga: el 23 de julio, el alcalde “incorruptible” Agustín Intriago; el 1 de junio, el fiscal Leonardo Palacios, con amenazas a la fiscal general de paso, y el 9 de agosto, el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta misma semana, su esposa fue víctima de un atentado.

A esto se le suman las cárceles tomadas: hace unas pocas semanas, presos de seis centros penitenciarios mantuvieron secuestrados a 57 guardias, en protesta por los operativos de seguridad que se estaban llevando a cabo. Y a pesar de una serie de estados de excepción decretados por el presidente Lasso, la situación solo empeora.

El politólogo y experto en seguridad Jean Paul Pinto asegura que se trata de una doble proliferación: tanto de grupos como de delitos. “En los últimos dos años se ha visto una multiplicación de grupos criminales en Ecuador, que se ha dado como división de las facciones, de los asesinatos de los líderes emblemáticos de agrupaciones como los Choneros, que tenía como líder a ‘Rasquiña’. Una vez que él es asesinado, se dividen estos grupos en varias facciones, que luchan por los territorios y el poder y de ahí se arma una guerra, un conflicto entre varios grupos, y que nos lleva a la situación en la que hoy estamos”, comenta a La Tercera.

Vistas como “multinacionales”, estas pandillas han terminado diversificando su forma de financiamiento: “Hace dos años o más no existía el fenómeno de las ‘vacunas’ (extorsiones a locales), no existía el fenómeno del secuestro como es ahora, no había tanto sicariato, entonces estos grupos se han multiplicado y se han visto en nuevos delitos, nuevas fuentes de explotación de riqueza, y eso explica por qué en Ecuador no hay ‘un’ problema puntual, los homicidios, sino que muchos: tráfico, trata de personas, minería ilegal, extorsión, sicariato, narcotráfico y microtráfico, etc.”, opina Pinto.

Las que eran bandas de asaltantes de buses antes, hoy son bandas de extorsionadores de negocios, porque ven que ahí hay un nicho más rentable y que no está controlado por las autoridades. Y el poder de estas pandillas es cada vez mayor, llegando a existir “zonas liberadas” en las que no entra el Estado ecuatoriano. De las cárceles, ni hablar.

La respuesta del Estado ecuatoriano, desde luego, se muestra insuficiente. El politólogo de Flacso-Ecuador, César Ulloa-Tapia, comenta para La Tercera: “La principal causa del descontrol en términos de la eficiencia en la búsqueda de seguridad interna es que no hay una política adecuadamente diseñada, y tampoco las autoridades designadas en cargos de seguridad, no han sido las adecuadas. No hay una política clara, y quienes han fungido en seguridad han estado a la altura”.

Ecuador presenta, indican los expertos, una debilidad institucional que ha permitido el ingreso del narcotráfico y el crimen organizado, teniendo así atemorizados a los jueces y a las fuerzas de seguridad. “Hay una responsabilidad política, más de Lasso que de (Lenín) Moreno: la situación es mucho peor ahora que entre el 2017 y el 2021, producto de la autosuficiencia y de la ignorancia de quienes tienen a su cargo la seguridad”, indica el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador.

Ha habido una descoordinación, indica Ulloa-Tapia, entre los distintos gobiernos que se han sucedido. Y viendo el fin acelerado del Gobierno Lasso, junto con los 18 meses de gobierno acortado de quien gane la presidencia en las próximas elecciones, esta descoordinación podría perpetuarse. “Lenín Moreno no da continuidad a las políticas de (Rafael) Correa, por lo que tanto hay un quiebre con sus efectos. En el caso de Lasso, el tampoco da continuidad a Moreno. Recordemos que con Moreno se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, que se hizo en Correa. Con Moreno hubo otros avances en cuanto a la relación con la Policía Nacional, y con Lasso se hereda la crisis carcelaria, pero también de la exacerbación del crimen organizado a través de bandas que se toman ‘la zona 8′, los cantones de Durán, Samborondón y Guayaquil”, apunta Ulloa-Tapia.

Jean Paul Pinto compara la reacción del Gobierno con distintos incendios puntuales: “El otro gran problema es que hemos sido muy malos e ineficaces en los temas de política pública de seguridad. No sabemos cuál fue el plan que se ejecutó desde que el Gobierno arrancó, hace un poco más de dos años. Nunca se presentó el plan, sus metas, sus indicadores, entonces a lo que asistimos es a ‘ir apagando incendios’: surge un problema, se le apaga, surge otro, se le apaga, y así es la política pública”.

Considerando la posición estratégica de Ecuador, y particularmente Guayaquil, en las rutas internacionales de la droga, muchos han visto en Colombia el origen de los problemas que afectan a su vecino del sur. “El Ecuador siempre ha soportado en algunas instancias los coletazos de dos momentos en Colombia: primero, la influencia de los frentes de guerrilla, en su momento las FARC, y segundo, ha tenido que soportar los coletazos de la desmovilización de las personas de las FARC, y las que han pasado a ser bandas criminales. El Ecuador en su frontera norte, en el Putumayo, es vecino a grandes extensiones de cultivo de coca, entonces ahí se produce y Ecuador comercializa”, indica Ulloa-Tapia.

Para Pinto, no solo hay influencia de lo que pasa en Colombia, sino una importación de las técnicas del crimen organizado mexicano: “Muchas de las prácticas de los grupos y carteles criminales en México llegaron a Ecuador estos dos años. Gente colgando de puentes, descuartizamientos, las ‘vacunas’, extorsiones, cosas que los carteles mexicanos hacen bien, son cosas que han llegado hasta acá”.

“Donde sí se ha visto la influencia colombiana es en el tema de que Ecuador sigue siendo un ‘hub’ del narcotráfico. Mucha de la droga sube de Perú o baja de Colombia, y sale a través de los puertos de acá: nuestra ubicación permite hacer esto posible”, apunta el politólogo.

Ante tan difícil escenario, Pinto recuerda distintas opciones que podrían darse: “Hay una que no es popular, que no da votos, que es la legalización de las drogas. Deberíamos ir hacia una política regional de legalización, aprender de las experiencias de Canadá y Uruguay, y así quitar el poder de rentabilidad del narcotráfico como tal”. Otro caso, mirando la situación en Colombia, es la de tener al Estado negociando una “Paz Total”, que es lo que está haciendo Gustavo Petro con el Clan del Golfo. La tercera alternativa, indica el experto, es la “mano dura”, la intervención del Ejército y un “baño de sangre y daños colaterales” que, según Pinto, no funcionó ni en Brasil ni en Colombia ni en México.

“La única salida es un gran acuerdo nacional en la que los actores políticos con mayor representación puedan llegar a un conjunto de medidas por el bien nacional. Lo que digo es que si el Ejecutivo sigue portándose de una manera, la Asamblea de otra y además si el Poder Judicial sigue tan contaminado como hasta ahora, no va a haber ninguna salida”, considera Ulloa-Tapia.

“Cada vez tenemos menos opciones, y el panorama es bastante triste. Si el próximo gobierno se equivoca, estamos en camino a un Estado fallido. Hoy Ecuador no es un Estado fallido, como si lo es Haití, pero cada vez más tenemos problemas para brindar servicios públicos, educación, las escuelas se cierran, comienzan a haber ‘zonas liberadas’ en Ecuador donde el Estado no puede operar, y eso es un tema muy preocupante”, concluye Pinto.