Las rutas terrestres del narco: desde el contrabando por el altiplano a la explosión de cultivo local

En el corazón de la población José María Caro, en Lo Espejo, en la plaza pública Salvador Allende, aparece edificada una muestra del poder del narcotráfico en esa comuna de la zona sur de Santiago.

La Policía de Investigaciones la llama “el mausoleo”, un lugar de encuentro que se construyó para recordar a “Dieguito”, hijo del jefe de “Los Marchant”, -el clan narco más violento de Lo Espejo-, quien murió acribillado en medio de un ajuste de cuentas territorial por el control de la venta de droga en 2020. Tenía 20 años.

A la construcción- que tiene luces, un perro de cerámica tamaño real y un enrejado con varios lienzos dedicados a “Dieguito”- sólo se pueden acercar personas ligadas a la organización. Mediante cámaras de seguridad y vigilancia de los propios soldados, la banda resguarda el lugar las 24 horas del día.

Reuniones, fiestas y grabaciones de videos musicales de artistas urbanos se han realizado en el “Mausoleo” de “Los Marchant”. Incluso, con disparos de metralleta al aire para avisar a sus rivales que con ellos no se pueden meter.

Eso hasta que la Brigada Antinarcóticos Sur de la PDI cayó encima del grupo con tres operaciones entre 2021 y 2022. Las condenas llegaron hace 10 días: el clan completo recibió penas que van entre los 15 y 12 años para cada miembro. En total, casi 100 años de prisión para esta organización.

La banda entró en el radar de la PDI tras varias escuchas telefónicas de otras investigaciones en que siempre se nombraba a Antonella Marchant, hermana de “Dieguito”.

Es ahí donde entra la conexión con organizaciones extranjeras.

“Se logró establecer una dinámica de coordinaciones con gente del norte del país que les remitían grandes remesas de droga”, comenta el fiscal antinarcóticos y crimen organizado, Yans Escobar.

Tras varios meses de escuchas en que la banda era sumamente cuidadosa en sus contactos, se llegó a un código que advertía la llegada del cargamento: “mañana llegan los chiquillos”.

Y esos “chiquillos” hacían referencia a dos sujetos de apellido Quispe: Aimaras de sangre, pero sin lazo familiar, quienes manejaban la internación de cocaína boliviana por pasos no habilitados en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

Una de las modalidades para burlar los controles policiales y aduaneros era usar camiones tipo tres cuartos, los cuales acondicionaban para poder ingresar a Chile por la ruta 5 entre Iquique y Alto Hospicio con destino a la zona sur de Santiago.

Esta técnica fue descubierta a fines de 2021 cuando los detectives antinarcóticos sorprendieron a Francisco Marchant Iglesias, patriarca y jefe del clan, junto a los proveedores extranjeros en el sector de “Las Dunas”-principal centro de acopio de la droga- en la comuna de Lo Espejo. Ahí, encontraron un camión adaptado con 390 kilos de diferentes tipos de droga.

“Hay muchos pasos no habilitados por donde pueden entrar y salir. Eso hace que la zona altiplánica sea compleja de patrullar. Mucho frío en la noche y altas temperaturas en el día”, dice el subprefecto Eduardo Gatica, jefe antinarcóticos del Grupo Sur de Santiago, quien asegura que casi todo lo que logra burlar los controles llega a la zona sur de la Región Metropolitana.

El altiplano de la región de Tarapacá es una de las zonas más usada por los traficantes para ingresar droga. Y como opción alternativa aparece el amplio territorio de la Región de Antofagasta que parte por Calama, en el sector de Ollague y atraviesa por los geysers del Tatio, Hito Cajón y Socompa, cuyo espacio registra una gran cantidad de pasos no habilitados.

El método más eficaz para ingresar los cargamentos a Chile, según dice la policía, es mediante cuadrillas de unos 25 burreros, quienes transportan hasta 25 kilos cada uno. El grupo inicia su tránsito en la noche y es guiado por un coordinador experto en rutas ilegales.

Al cruzar a territorio nacional, buscan un lugar de acopio. Y cuando ya tienen por sobre los 300 kilos de droga, avisan a sus “clientes” chilenos para que vayan buscar el producto durante la fría y oscura noche desértica.

“No hay forma de sorprenderlos sin ser detectado, siempre van a ver las luces de quien se aproxima a la distancia”, afirma el fiscal Alex Cortez, jefe de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Sur. “Hacen el trasvasije, salen del desierto e inician el viaje. Pero no son necesariamente bolivianos. Tenemos detenidos de distintas nacionalidades que utilizan esta forma de traficar”.

Un informe de la Fiscalía Nacional, que analizó más 600 casos de decomisos entre 2015 y 2021, determinó que existen 36 rutas oficiales para el ingreso de droga desde Perú, Bolivia y Argentina a lo largo de Chile. Pero es la zona norte, donde se concentra la mayor cantidad de incautaciones, con 563 operativos, es decir más del 90%.

La Región de Antofagasta es la que presenta el mayor número de dosis decomisadas con 110.804 kilos en los siete años analizados. El alto volumen se debe principalmente a los intentos de internación al país de la marihuana creepy.

“Se ha concentrado el ingreso por Bolivia, pero no necesariamente por narcos bolivianos. También han ido ingresando colombianos por sus vínculos con los migrantes y son ellos los que se han adueñado del mercado de la marihuana”, explica el fiscal Alex Cortez, quien asegura que el creepy ha reemplazado el producto que venía desde Paraguay, cuyo consumo era muy alto en Chile hace 15 años.

Otro punto que destaca Cortez es la profesionalización de estas narcoagrupaciones en las distintas etapas y los eslabones de las estructuras investigadas. El traficante que está vendiendo en la población no es del mismo grupo que el que recibió los 100 kilos y a su vez, no es el mismo narco que trasladó la tonelada de droga. “Hemos visto que hay unas suertes de pymes que se dedican sólo al traslado y son contratadas sólo para eso”, dice.

Ese es el caso de los hermanos Peña Torres, conocidos como los “Sopa Torres”, quienes fueron desarticulados hace un par de años, pero dejaron la fórmula para que otras bandas siguieran su camino. Sergio y José Luis montaron una empresa que simulaba faenas mineras. Contaban con camionetas adaptadas, vestimentas con chalecos reflectantes, camiones tolva y teléfonos satelitales. Por cada operación invertían cerca de $100 millones, ya que las ganancias podrían llegar a cuatro o cinco veces más.

La banda usaba las camionetas mineras como punta de lanza para ir advirtiendo la presencia policial mediante claves que iban comunicando por radio tipo walkie talkie. Al desierto de Antofagasta llegaban por rutas internas desde Illapel, en la Cuarta Región. Los hermanos Torres eran los jefes de cuadrilla y, para la conducción, contrataban a personas sin vínculos delictivos y con licencias de conducir tipo A por $2 millones.

La organización era tan profesional que realizó cerca de dos viajes similares como prueba para conocer la ruta y ver qué dificultades podía presentar el desierto en la noche. Así, determinaron que el mejor lugar para encontrarse con los proveedores bolivianos y cargar la droga era en un camino lateral de la carretera que une Antofagasta con la Minera Escondida.

Tras varios seguimientos y meses de trabajo, la PDI los interceptó cerca de Illapel cuando iban rumbo a Santiago con el cargamento. El resultado del operativo dejó varias sorpresas: tres toneladas de distintas drogas y un camión tolva completamente adaptado, además de la confirmación del alto profesionalismo de la organización.

“Tienen contacto con extranjeros, pero la droga no era de ellos. Encontraron esta forma de prestar el servicio y se profesionalizaron en esta etapa. Los sujetos que participaron nunca fueron los mismos”, sostiene el fiscal Alex Cortez, quien de todas formas logró condenar a los hermanos Peña Torres a 15 años de prisión para cada uno.

La pandemia provocó el cierre total de las fronteras terrestres durante el 2020 y algunos meses del 2021. Un panorama que los detectives antinarcóticos pensaron que les daría un respiro en las investigaciones de internación de drogas por pasos terrestres.

Y lo tuvieron, pues gran parte de sus fuerzas de tarea se abocaron a monitorear el mar Pacífico. Los carteles internacionales de México y Colombia vieron el transporte marítimo como única opción para introducir su mercancía en Chile.

Esta falta de producto, sobre todo de marihuana, en un mercado tan demandante como el chileno- Senda informó que los escolares nacionales lideran el consumo de marihuana y otras drogas a nivel americano-provocó un nuevo fenómeno en el país: el aumento explosivo de cannabis plantada y procesada en suelo local.

“Se cierran las fronteras y sigue existiendo un mercado con necesidad de adquirir y consumir. Entonces empiezan estos cultivos en zonas desérticas, inhóspitas, de difícil acceso, donde hay quebradas. Los detectives deben llegar en helicópteros”, dice el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, Eduardo Gatica. Y alerta: “La principal amenaza hoy es el cultivo chileno”.

Si entre abril de 2021 y abril de 2022 se habían incautado 1.955.002 gramos de marihuana procesada, hasta la semana pasada la PDI ya había encontrado 5.612.249 gramos en los valles montañosos de las Regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama. Casi tres veces en el transcurso de un año.

“Ya no es un cultivo que se hace en un campo abierto. Hoy hay organizaciones, además de una mayor cantidad de armas y soldados que vigilan los cultivos”, dice el subprefecto Gatica.

Según la policía, hoy son granjeros y agricultores los que están explorando el mercado del narcotráfico. Incluso, han quedado al descubierto con los análisis patrimoniales que se realizan por lavado de dinero. Se trata de personas de bajos recursos que aparecen, de un día para otro, con propiedades de lujo en La Serena y Coquimbo, ademas de camionetas por sobre los $40 millones pagados en efectivo.

En un año la PDI ha desarticulado 14 agrupaciones. Y sólo en las últimas tres semanas, desarmó dos bandas dedicadas al narco cultivo. La primera, fue descubierta a tres mil metros de altura en la comuna de Tierra Amarilla, en Atacama, donde encontraron 2.700 plantas y 38 kilos de marihuana procesada. Pero eso no fue lo único que sorprendió a los detectives. Tras revisar la zona, se encontraron con una casa hechiza con camarotes para los soldados, fuertemente armados, además de un sistema de regadío con mangueras que obtenía agua proveniente de una quebrada cordillerana.

“Se logró la detención de 10 personas, quienes cumplían tareas de plantación, siembra, cultivo, cuidado y cosecha de la droga”, afirma la vocera de la Fiscalía de Atacama, Rebeca Varas, quien agrega que la mayoría de estas personas dijeron dedicarse a la pequeña minería en la región.

El segundo caso ocurrió la semana pasada en el sector de Potrerillo, a 30 kilómetros de Vicuña, en el Valle del Elqui. Tras una denuncia ciudadana, la PDI llegó en helicóptero a ese lugar y descubrió una gran plantación de marihuana: 3 mil plantas y 350 kilos listos para enviarlos a la Región Metropolitana.

Los soldados que vigilaban el sector a caballo por las quebradas recibieron a disparos con armas de gran calibre a la policía que se transportaba de manera área. En el lugar se encontró un sistema de piscina de gran tonelaje para abastecer el riego de la cannabis, método que se ha encontrado en varios narco cultivos en la Región de Coquimbo.

Dentro de los cinco detenidos había dos ciudadanos colombianos, quienes entraron a Chile por pasos no habilitados. Los narcos extranjeros son contratados para entregar sus conocimientos en vigilancia, pues las quitadas de drogas mantienen a los custodios de los narco cultivos en alerta permanente. Sólo estos primeros meses, se encontraron 29 armas en estos lugares, además de 5 mil municiones y dos granadas.

“Con el cultivo en territorio nacional se pierden mecanismos de control y las bandas ya no tienen que pasar por la frontera o por varios países y eludir acciones policiales. Ahora están insertados en lugares de difícil acceso”, detalla el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, Eduardo Gatica.

Si bien, las policías y el Ministerio Público han logrado importantes decomisos y condenas sobre las organizaciones locales, el poder de las bandas, como la de los “Los Marchant”, totalmente desarticulada y con condenas por más de 100 años entre sus integrantes, aún se siente en la población José María Caro. La PDI ha solicitado en varias oportunidades su demolición, debido a que está en medio de una plaza pública. Apoyo que entrega el fiscal Yans Escobar, quien encarceló al clan de traficantes: “El mausoleo genera hechos de violencia”.

A pesar de que el mausoleo construido en la plaza Salvador Allende de Lo Espejo actúa como una suerte de tótem del poder narco, la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes, no estuvo disponible para conversar sobre el tema.

Mientras los organismos del Estado deciden cómo eliminar esa estructura, el territorio dominado hasta ahora por los Marchant empieza a ser codiciado por nuevas bandas dedicadas al negocio narco.