A las 11.05 de ayer el Presidente Gabriel Boric entró al Salón Montt Varas de La Moneda. Ahí se encontraban sus 24 ministros participando del último consejo de gabinete del año, oportunidad en que el Mandatario aprovechó para hacer un arengazo, agradecerles su gestión y darles ánimo para enfrentar los desafíos de 2023. Pero casi dos horas después, ese buen ambiente cambiaría radicalmente.
Pasadas las 13.00, el gobierno comunicó una decisión que tenía tomada hace meses, pero para la cual no había encontrado un espacio y el timing adecuado en la compleja agenda que enfrentó la administración de Boric en su primer año: conceder indultos particulares a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social de 2019.
El anuncio no fue baladí. Era una promesa de campaña fuertemente demandada por su coalición base: Apruebo Dignidad, y que -hasta ahora- no había podido cumplir debido a que el primer camino por el cual optó La Moneda fue a través de un proyecto de ley que buscaba amnistiar a esa población penal. Sin embargo, al no tener los votos para avanzar con la moción parlamentaria -que sigue durmiendo en el Congreso-, el Jefe de Estado optó por usar su facultad presidencial.
Lo que tensionó a Palacio, sin embargo, no fue la determinación de Boric -que ya era conocida por sus ministros del comité político y que se había adelantado al resto de su gabinete esta mañana-, sino que un error que, pasadas las 13.30 horas, equipos de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, advirtieron a los medios de comunicación que ya habían publicado un comunicado oficial emanado desde el departamento de prensa de la Presidencia de la República.
La nómina original, sostuvieron en esa primera advertencia, incluía por error a dos condenados que no estaban contemplados como beneficiarios del indulto. Se trataba de Luis Castillo y Sebastián Montenegro, el primero condenado bajo la Ley de Seguridad del Estado por desórdenes públicos, daños simples, robo consumado en lugar no habitado y daños calificados; mientras que el segundo estaba condenado por porte ilegal de armas.
Junto con eso se informó que, en reemplazo de ambos, quienes obtendrían el indulto serían Alejandro Carvajal -sindicado como autor del incendio de la Universidad Pedro de Valdivia- y Matías Rojas Marambio, condenado por porte y confección de artefactos incendiarios.
En ese momento se encendieron las alarmas en La Moneda y se tensionó el ambiente, por varias horas, entre los inquilinos de Palacio y los del Ministerio de Justicia. Los equipos del Presidente se contactaron con los de la cartera liderada por la ministra Ríos para corroborar que la lista original que les habían enviado correspondía efectivamente a los indultos concedidos por el Mandatario. A esas alturas, el decreto firmado por el Presidente ya se encontraba en Gendarmería.
Y la respuesta que entregó Justicia caldeó los ánimos en Palacio. El equipo de la ministra Ríos había informado de manera equivocada la nómina definitiva que fue comunicada a Boric.
El error fue grave y así lo entendieron en La Moneda. El Presidente a esas alturas viajaba a Viña del Mar, para participar de un gabinete regional por la crisis de los incendios en esa zona.
Así, La Moneda pidió a Justicia que clarificaran el error, mientras resolvían el problema político. A diferencia de la primera versión de los equipos de Justicia -donde siempre se habló de 11 indultos, como se informó en el comunicado original-, a las 15.12 La Moneda comunicó que finalmente serían 13, y que todos los nombres serían beneficiados.
El gobierno no aclaró en ninguna instancia por qué se precisó que dos nombres no obtendrían el beneficio y por qué después cambiaron esa versión y aumentaron el número de indultos. La información oficial se difundió recién a las 16.13, en un comunicado emitido por la cartera que lidera Ríos, tres horas después del primer anuncio realizado por el gobierno.
“El ministerio informa que, por error, la unidad de comunicaciones del ministerio envió de manera incompleta la nómina de personas que fueron indultadas por S.E. el Presidente de la República”, señalaron en la comunicación, agregando que “al advertir que faltaban dos nombres en el listado final, se envió la información correcta a Presidencia”.
Además de Castillo y Montenegro, Carvajal y Marambio, el Jefe de Estado indultó a Juan Bastián Olguín Rivera, Bastián Ignacio Campos Gaete, Jordano Jesús Santander Riquelme, Felipe Eduardo Santana Torres, Cristián Marcelo Cayupan Queupil, Francisco Andrés Hernández Riquelme, Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, Claudio Anatanael Romero Domínguez, Brandon Sebastián Rojas Cornejo. Todos ellos condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. Asimismo, Boric concedió el beneficio al exfrentista Jorge Mauricio Mateluna.
La equivocación del Ministerio de Justicia se transformó en un nuevo golpe a la gestión de la ministra Ríos, quien ha tenido un complejo año, marcado en las últimas semanas por las fallidas propuestas de fiscal nacional al Senado. En el gobierno señalaban ayer que este episodio la vuelve a dejar en entredicho y, además, le abre un nuevo flanco a La Moneda. La derecha pidió su renuncia y anunció que estudiará una acusación constitucional en su contra.
Pero Ríos no fue la única damnificada de la jornada. El anuncio hizo caer el compromiso transversal de seguridad que la jefa del gabinete, Carolina Tohá (Interior), venía trabajando hace semanas con los partidos de todo el arco político. La inminente decisión ya había tensionado los diálogos de ese espacio, sin embargo, fue ayer cuando se conoció la información oficial que las directivas de la derecha anunciaron su retiro de esa instancia y se desmarcaron de un posible pacto en la materia.
“Por cierto, las decisiones que el Presidente pueda tomar en esta materia pueden dar lugar a distintas opiniones, evaluaciones y críticas, pero no castiguemos a los ciudadanos y ciudadanas (...) con la posibilidad de avanzar en esta demanda tan sentida”, había dicho, pocos minutos antes de conocerse el anuncio, la titular de Interior al ser consultada sobre el riesgo que eventuales indultos podrían implicar para viabilizar el acuerdo.
En Interior quedaron con un sabor amargo, pero entendían que la decisión del Mandatario era exclusiva y estaba tomada incluso antes de que Tohá arribara al gabinete. Y si bien reconocían que el timing del anuncio iba a afectar el clima, tampoco podían seguir aguantando una determinación que de todas formas, en el momento que fuera, tensionaría la relación del gobierno con la derecha.
Según fuentes de esa cartera, Tohá estaba al tanto del inminente anuncio desde la semana pasada, cuando se planificaba hacerlo el viernes 23, pero se tuvo que aplazar por los incendios en la Región de Valparaíso.
Desde ese día, la secretaria de Estado planteó los riesgos -algo que reiteró en el comité político del jueves, liderado por el Mandatario- que conllevaba esto para los esfuerzos que se estaban haciendo en paralelo para lograr un compromiso en materia de seguridad. Sin embargo, según las mismas fuentes, no pidió al Presidente modificar el momento del anuncio ni tampoco se opuso al otorgamiento del beneficio. Para ella, señalan en el gobierno, este era un costo asumido. A su juicio, se anunciara este viernes o la próxima semana, parte de la derecha iba a desmarcarse de cualquier acuerdo con La Moneda. Pese a eso, según quienes han conversado con la ministra, mantiene en pie la firma del compromiso para el próximo martes, así llegue solo un representante de la oposición.
Durante la tarde, en su visita a los cerros afectados por los incendios, el Presidente defendió su definición y le bajó el perfil al error de Justicia. “Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estas heridas, vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y es un compromiso personal que tenía, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”, expresó.
Sobre la equivocación, Boric se limitó a decir que “en el primer comunicado que se emitió hubo dos que no sé por qué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente”.
Si bien las críticas se materializaron rápidamente desde la oposición, en el oficialismo -en el Socialismo Democrático- el anuncio no pasó desapercibido y varios, en privado, no estaban de acuerdo.
En esa coalición hubo reparos internos y prefirieron no salir públicamente a criticar la medida. Tanto en el PPD -y en parte de los diputados PS- no cayó bien la definición o el “momento”, ad portas de que Tohá sellara el acuerdo por seguridad. Algunos dirigentes, de hecho -y en vista de que la derecha anunció su bajada de la instancia del Ejecutivo- intentaron comunicarse con la secretaria de Estado para saber si sabía que la decisión sería anunciada este viernes