Lío de platas: 78% de convenios cuestionados de Seremis se suscribieron en este gobierno

Información fragmentada, dificultades en los procesos de búsqueda y registros incompletos. Esas son parte de las variantes que se presentan en los portales de las instituciones públicas que están siendo indagadas por el Ministerio Público a propósito de presuntos traspasos irregulares de fondos a fundaciones o corporaciones privadas.

Y es que a pesar de que aquello corresponde a información que debe ser expuesta públicamente por los organismos en cuestión, en ciertos casos eso no ocurre.

Sin embargo, de acuerdo con una revisión que hizo La Tercera respecto de los traspasos que realizaron las 25 entidades estatales -entre secretarías regionales ministeriales (Seremis) y gobiernos regionales (Gores)- que están siendo investigadas en 11 de las 16 regiones del país, hay antecedentes que resultan claros.

Por ejemplo, al analizar los tratos realizados por las 13 Seremis hasta ahora vinculadas al caso, se advierte que 60 de los 77 traspasos realizados -y que hoy son indagados por la Fiscalía- se hicieron bajo la actual administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric. Mayoritariamente fueron desde las representaciones del Ministerio de Vivienda. En términos porcentuales, esto alcanza un 77,9% de los casos vinculados a esas entidades.

Entre ellas, la institución que transfirió más dinero fue la Secretaría Regional Ministerial del Minvu en Antofagasta, que fue donde se originó el caso. Vía 23 traspasos realizados entre el 3 de octubre de 2022 y el 21 de diciembre del mismo año, esta repartición entregó $ 2.219.000.000 a cinco fundaciones: Democracia Viva, Urbanismo Social, ProCultura, Movimiento Fibra y Fundación Tomarte.

En segundo lugar se encuentra la Seremi de Vivienda de Tarapacá, que por medio de 18 traspasos entregó $ 1.882.443.986 a Enlace Urbano y EnRed Social.

Además, destacan las transferencias realizadas por la Seremi de Desarrollo Social de Atacama y de La Araucanía, por $ 134 y $ 40 millones, respectivamente, a las fundaciones Atacama Sueños y Creseres.

Respecto de los aportes realizados por reparticiones de gobierno con anterioridad al 11 de marzo de 2022 -es decir, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera- y que hoy se investigan, el grueso se realizó en favor de Fundación Recrea, desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Esto, entre el 11 de julio de 2019 y el 16 de abril de 2020, por un monto total de $ 978.166.144.

Asimismo, hay dos traspasos efectuados en junio y julio de 2021 por la Seremi de Vivienda de O’ Higgins a Fundación Arquiduc que son indagados por la Fiscalía de dicha región y que, en suma, comprometieron poco más de $ 121 millones.

Actualmente, el Ministerio Público investiga los recursos transferidos por instituciones estatales a un total de 53 fundaciones, corporaciones u ONG, por un monto que supera los $ 32 mil millones.

En ese sentido, es importante destacar que del total de aquello, el 75,5% corresponde a traspasos desde gobiernos regionales y 18,1% a transferencias hechas desde las citadas seremías. El resto se divide en otras reparticiones públicas, como universidades o algunos municipios.

Este medio analizó 137 de los tratos que están bajo la lupa del ente persecutor, logrando advertir que 77 de ellos fueron realizados desde Seremis, los cuales involucran $ 7.600.454.124.

Sin embargo, pese a tener la mayoría de los traspasos, las reparticiones del Ejecutivo son ampliamente superadas por los $ 23.979.394.674 investigados respecto de los gobiernos regionales, los que mantienen 60 traspasos cuestionados.

De todos los gobiernos regionales indagados actualmente por la Fiscalía, el que acumula el mayor monto es el Gore de Los Lagos -que dirige el ex DC Patricio Vallespín-, el cual con ocho traspasos suma $ 7.804.000.000 en transferencias investigadas. Aquello equivale al 24,3% de todo el caso lío de platas.

En esa región, el traspaso por mayor monto es con la Fundación Chinquihue, la cual es presidida -según sus estatutos- por el propio Vallespín.

En todo caso, la transferencia más alta en los convenios investigados por el Ministerio Público se dio entre el Gore de La Araucanía y la Fundación Instituto Hernando de Magallanes, el cual se alcanzó con un convenio por $ 3.476.000.000 con la administración del gobernador Luciano Rivas (Ind/ Evópoli).

Según la información aportada por la diputada Ericka Ñanco (RD) al Ministerio Público, dichos recursos eran para la compra de composteras para Padre Las Casas.

¿El problema? Que, según la parlamentaria, la organización estaría vinculada a la Fundación Instituto Vladimir Nazor, que serían símiles, por lo que insiste en que habría irregularidades.

Otra de las variables reconocidas a raíz del análisis de los traspasos surge respecto del tiempo en los que estos fueron ejecutados. Y es que de los 137 traspasos revisados por La Tercera, 56 se ejecutaron durante los últimos cuatro meses del año 2022. Aquello se traduce en que el 41% de todos las transferencias cuestionadas se realizaron entre septiembre, octubre, noviembre o diciembre del año pasado.

Desde la oposición han planteado que parte de los factores que incidieron en el denominado caso lío de platas es que durante la actual administración nunca ha sesionado el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) debido a la vacancia de tres de sus miembros.

A lo que se suma que en junio del 2022 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) -entonces encabezado por el RD Giorgio Jackson- instruyó no informar los detalles de las transferencias a terceros. Lo que habría influido en el periodo en que se ejecutaron los traspasos.

Otro de los planteamientos respecto de los tiempos de realización de estos traspasos guarda relación con la necesidad de apurar la ejecución presupuestaria por parte de diversas reparticiones públicas antes de terminar el periodo presupuestario. Algo que se relaciona con lo planteado por el gobernador Vallespín, quien reconoció que se buscaron organizaciones para completar la ejecución presupuestaria, ya que de lo contrario tendrían que devolver recursos al erario fiscal.

“Lo descartamos, porque era limitar disponer de un presupuesto para el año 2023 de 30 mil millones que tendríamos que devolverlos porque no alcanzábamos a ejecutarlos. Segunda opción, transferirlos a instituciones públicas del nivel central u otra institución pública regional, también lo descartamos (…) Decidimos que íbamos a hacer algo distinto”, dijo Vallespín.

A esto se agrega la disputa entre el actual gobierno y el anterior respecto de cómo una serie de modificaciones a diversas glosas de la Ley de Presupuestos 2022 facilitaron las asignaciones directas en los Gores.

Según señaló el ministro Marcel el 9 de agosto en una sesión conjunta de la Comisión de Hacienda de la Cámara y el Senado realizada para analizar el tema, el 2022 “no había exigencia de antigüedad de dos años para los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro a través de asignaciones directas. Por lo tanto, no es sorprendente que se hicieran convenios con instituciones privadas que no tenían antigüedad, porque esa norma del presupuesto del 2022 lo permitía y más encima lo permitía para las asignaciones directas”.

El argumento ha sido refutado por el exdirector de la Dipres, Matías Acevedo (2019-2021). “El Ministro señaló que el Art. 23 exigía los dos años de antigüedad a las instituciones privadas, y por esto eliminó en el requisito el 2023. El Art. 23 no menciona requisitos de antigüedad como señaló el Ministro en su exposición”, planteó en una columna en La Tercera.