La última vez que la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) pisó el Ministerio de Vivienda (Minvu) fue el 27 de junio. Tres días antes se vio obligada a renunciar luego de que el gobierno la removiera de su cargo. La decisión, ejecutada la tarde de un sábado, fue tomada para que Rojas asumiera la responsabilidad política por el escándalo de corrupción iniciado por la Fundación Democracia Viva.
Ese martes, Rojas acudió hasta las dependencias del Minvu para retirar sus cosas. Cuando llegó, fue recibida por los funcionarios de la cartera que, entre aplausos y lágrimas, despidieron a la exautoridad. Desde fines de junio hasta la fecha, Rojas tuvo que cambiar su vida como autoridad política para desaparecer del mapa. Esto, porque el lío de platas que se desató con el caso Democracia Viva se ha transformado en una bomba que, desde que explotó, sus consecuencias parecen ser infinitas.
En este puzzle faltan varias piezas, pero hay una de ellas que, hasta ahora, siguen generando cuestionamientos y dudas. ¿Qué hizo Rojas con la información que había recibido varios días antes de que estallara el caso? ¿Cuándo supo Presidencia sobre el escándalo? ¿Notificó al ministro Carlos Montes (PS) antes de que se supiera el caso? ¿En qué fecha la información llegó a oídos del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD)? Las interrogantes siguen sin una respuesta clara y, hasta el momento, todos los caminos llevan directo a Rojas, a quien -dicen los involucrados- le hicieron llegar la información de los cuestionados convenios de Democracia Viva.
Rojas ante la Fiscalía
Al salir del Minvu, la exsubsecretaria tuvo que enfrentar una causa penal. Para su representación contrató al penalista Jaime Winter. La causa está reservada y la lleva el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar. Conocedores de la indagatoria confirman que Rojas ya acudió hasta el Ministerio Público para declarar en calidad de testigo.
Algunos de los hechos que la Fiscalía debe despejar son cuándo se enteró de los cuestionamientos que existían a los convenios con Democracia Viva, qué supo al respecto, cuáles fueron las medidas administrativas tomadas, por qué no denunció los hechos y a quién le comunicó la información recibida.
A Rojas le llegó directamente un correo electrónico a inicios de mayo. La Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta alertó sobre los $ 426 millones del convenio, vía trato directo, con la fundación cuyo representante legal era Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (con militancia suspendida en RD), quien rápidamente fue expulsado de RD. Esa no fue la única comunicación recibida.
El 5 de junio, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, remitió un documento a la subsecretaría que lideraba Rojas haciendo un análisis de lo denunciado por los funcionarios. En el oficio, Trincado advierte que “sobre la materia específica de eventuales conflictos de interés en la suscripción del convenio con la Fundación Democracia Viva, se recomienda solicitar un informe legal al área jurídica de la Seremi de Antofagasta”.
La diputada Pérez también apuntó a la exsubsecretaria. En entrevista con La Tercera aseguró que “la primera semana de junio” -es decir, días antes de que el medio regional Timeline publicara la nota que destapó el caso- se comunicó con Rojas. “Le digo que me llega esta denuncia y le pregunto qué está pasando. Ella me dice que hasta los antecedentes que ella tiene está todo en regla, pero que está elaborando un informe”, afirmó la parlamentaria.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien tuvo que dejar la presidencia del partido por el mal manejo de la crisis, también notificó a la exsubsectretaria. “Ya habíamos avisado a quien estaba llevando la investigación interna del caso, que era la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Lo habíamos hecho por el 7 de junio”, afirmó el extimonel de RD en septiembre.
Andrade, por su parte, en agosto dijo que “10 días antes o una semana antes” advirtió a su partido: “Sabía Latorre, sabía Catalina Pérez. Se avisó por los conductos regulares, en ese caso la directiva, que esto podía ocurrir”.
El exdiputado Crispi, cuando declaró ante la comisión investigadora de la Cámara, afirmó que tomó “conocimiento de un rumor el día 7 de junio”. Lo supo por uno de sus asesores y luego derivó los antecedentes a Rojas. “Le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue”, señaló ante los diputados.
El último antecedente lo entregó esta semana a través de un comunicado público el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien antes de llegar a su cargo fue el jefe de gabinete de la diputada Pérez. “El día 7 de junio Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva”, se lee en sus declaraciones.
Montes ha intentado sortear la avalancha. El exsenador ha repetido una y otra vez que solo se enteró cuando Timeline publicó la nota. “Información previa hasta el 16 de junio yo no tuve”, dijo a mediados de noviembre.
La presión sobre Rojas solo ha aumentado desde que explotó el caso. Sin embargo, ella ha optado por el estricto silencio y su instrucción es no hablar del tema públicamente.
Sin sanciones en RD
Rojas no solo desapareció del Minvu, sino que también no se le ha vuelto a ver en RD. En la actualidad no ha cruzado palabra con el presidente del partido, Diego Vela. Eso es lo que transmiten desde la directiva que lidera el exjefe de gabinete de Giorgio Jackson, quien llegó a presidir una colectividad en plena crisis luego de la renuncia de Latorre.
A la exsubsecretaria -a diferencia de la diputada Pérez, a quien le suspendieron su militancia- no le han aplicado sanciones a nivel de partido.
En RD afirman que Rojas ya pagó su responsabilidad política y que su error fue no haber dimensionado correctamente lo grave de los hechos que se le informaron oportunamente. Así, agregan que, por ahora, no tienen pensado tomar ningún tipo de acción en su contra.
Eso sí, en RD han evitado mantener contacto con quienes están siendo investigados en el lío de platas. La estrategia fue pensada por la abogada del partido, Libertad Triviño, quien es querellante en la causa. Desde la colectividad no quieren dar señales que puedan ser consideradas como espaldarazos. Así lo han hecho con todos los involucrados, salvo con Crispi.
