La ganadería y agricultura son actividades que Sandra (55) heredó de su familia y antepasados. “Es nuestra principal fuente de sustento económico. No conocemos algo más”, recalca. Eso sí, desde 2019 el pastoreo de sus llamas por la Cordillera de los Andes y el riego de sus huertos se han visto amenazados por la escasez hídrica que azota al pueblo de Peine, ubicado a la ladera del Salar de Atacama, que se extiende por 3.000 metros cuadrados al interior del desierto más grande del mundo. La agricultora dice tener clara la razón de tal fenómeno: la extracción de agua para la obtención de litio, generada por las empresas SQM y Albemarle, en la Región de Antofagasta.

Su preocupación creció otro poco el 20 de abril, cuando en cadena nacional el Presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio (ENL), iniciativa que busca potenciar el desarrollo del futuro y el valor agregado del denominado “oro blanco”. Y es que Chile lleva la delantera en la producción mundial junto a Australia y China: el año pasado las ventas del territorio nacional aumentaron 777% en comparación al 2021, hasta los 7.763 millones de dólares.

Como hoy la explotación se realiza solo a través de contratos de arriendos a empresas privadas, la nueva estrategia busca que sea el Estado su principal promotor y controlador, a través de un modelo público y privado, donde Codelco será una de las protagonistas en la generación de alianzas con empresas nacionales e internacionales.

“Esta es una oportunidad de crecimiento económico (...). No podemos darnos el lujo de desaprovecharla”, expresó en su momento el Mandatario.

Pero la estrategia ha despertado una serie de inquietudes por parte de comunidades cercanas a los puntos de extracción, como Machuca, Río Grande, Catarpe, Quitor, Solor, San Pedro de Atacama, Toconao, Socaire, Peine y Camar, entre otros.

Vladimir Reyes, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), organización que reúne a 18 de las 24 comunidades de Antofagasta, arremetió contra el gobierno en mayo pasado, debido al impacto socioambiental de la actividad extractivista y la falta de diálogo y participación en conversaciones previas al gran anuncio. Un punto que se consignó dentro de la estrategia nacional, pero que hasta la fecha no ha sido concretado.

Pese a que el encuentro del Presidente con las comunidades aún no tiene fecha, el pasado 27 de mayo el CPA logró reunirse con la ministra de Minería, Marcela Hernando, para plantear las inquietudes en torno a la explotación.

El encuentro, que fue tildado como “tenso, pero valioso”, tuvo el propósito de generar un diálogo franco y de intercambio de opiniones sobre la ENL. Desde la cartera detallan que será el primero de muchos, puesto que durante las próximas semanas se concretará otra reunión con las comunidades respectivas para “abrir espacios de participación para la elaboración del proyecto de ley que creará la Empresa Nacional del Litio, iniciativa que debe ingresar al Parlamento el último trimestre de este año”.

Ricardo Díaz (DC), gobernador regional de Antofagasta, sostiene que lo solicitado por las comunidades es el piso mínimo. Sobre todo luego de la desconfianza que ha suscitado hacia las empresas extractivistas como SQM, que en el pasado han enfrentado demandas por daño medioambiental: “El gobierno central no debe tenerles miedo a las exigencias de las comunidades. Son de sentido común”, recalca.

No tiene otra opinión el gobernador de Atacama, Miguel Vargas (Ind). Su región también se verá intervenida por la estrategia nacional. “Aquí el gobierno tiene una gran oportunidad. Además, porque las zonas de extracción del litio conviven con zonas de interés turístico. Por eso hay que tener las conversaciones correspondientes para no avivar una oportunidad y desprestigiar la otra”, añade.

Reyes vuelve a la carga: “Esperamos que el gobierno nos entregue una participación activa en la toma de decisiones y la definición de políticas públicas que se generarán para un menor daño medioambiental. Nos interesa que dicho diálogo disponga de soluciones concretas a las demandas históricas, porque, en definitiva, se dispone de nuestras tierras ancestrales”, comenta.

Respecto de las incertidumbres medioambientales, Francisco Mondaca, coordinador de la Unidad de Medio Ambiente del CPA, afirma que hoy en el Salar de Atacama existe un “desbalance hídrico” porque sale más agua de la que ingresa. “Hoy se extraen dos mil litros por segundo de salmuera y alrededor de 400 litros de agua dulce por segundo. Sumado a que el gobierno busca implementar tecnologías nuevas que en Chile no están probadas, como lo es la reinyección de agua, lo que en el fondo impediría que el agua se pierda (...)”. Y agrega: “Lo que no se sabe es que la reinyección de agua a los salares puede terminar por contaminarlos hasta su destrucción. Hay conversaciones que debemos abordar”.