Lo que se juega la Convención en febrero

“Todos los procesos de la Convención han sido clave. Sin embargo, febrero en cierta forma puede representar en lo concreto todo el trabajo que hemos hecho, tanto en las comisiones así como el tremendo esfuerzo que las personas han realizado a través del proceso de participación popular e iniciativas de norma”.

De esa forma, consultada por La Tercera, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes), respondió a la pregunta respecto a qué representa febrero para el proceso constituyente. Y es que durante los 28 días del mes más corto del año se podrán avizorar los primeros resultados del trabajo del primer tiempo de la Convención, luego de haber recibido a varias instituciones, organismos y expertos en las audiencias públicas.

“En febrero iniciamos ya un camino directo hacia el borrador de la nueva Constitución, pues podremos deliberar normas que pueden quedar en el texto final. En este sentido, el 15 de febrero es esencial, porque se inicia el debate en el pleno, y podremos empezar a ver más tangiblemente el fruto de todas las semanas de audiencias, deliberación y votación en comisión”, agregó la presidenta del órgano constituyente.

Y será un mes ajetreado. Esto porque aunque aún son votaciones generales, y quedan varios pasos del proceso antes de ver el proyecto de nueva Constitución (ver infografía), las primeras luces han generado controversias con otros organismos. Por ejemplo, esta semana estuvo marcada por los roces entre un grupo de convencionales que presentó una iniciativa para limitar la duración del mandato de los jueces de la Corte Suprema.

Se llegó a hablar de “ataques a la autonomía de la Convención” y de “intromisión indebida”. Lo cierto es que desde la mesa son conscientes, y así lo han transmitido en privado, que de cara a las próximas votaciones de febrero puedan existir este tipo de intercambios con otras instituciones que vean afectada su regulación.

La controversia con la Corte Suprema generó que la presidenta de la Convención tuviera que salir varias veces durante la semana a abordar el impasse y donde enfatizó la “autonomía” del órgano constituyente. “No considero que sean polémicas, es parte de las conversaciones que se tienen que dar. Para eso es este proceso, para dialogar, dialogar y dialogar”, señaló a La Tercera consultada sobre el tema.

Pero esa no fue la única tensión. Tanto la mesa como los constituyentes encargados de la participación, a comienzos de semana, tuvieron que responder por una iniciativa popular de norma que apareció en el portal de participación: “Cárcel para Sebastián Piñera”. Ese es el título de una iniciativa presentada por Mauricio Menéndez, uno de los fundadores de la extinguida Lista del Pueblo. Sobre la iniciativa, la coordinadora de la comisión de Participación Popular, Paulina Valenzuela (INN), sostuvo que el título de la norma, así como de todas las demás, es determinado por la persona o agrupación que la ingresa, y que no tiene “mérito jurídico”, sino que es utilizado con fines comunicacionales.

A eso se sumaron las críticas de algunos expertos a las aprobaciones, en general, de algunas normas. Como por ejemplo lo relativo al sistema político, donde se visó mantener un sistema presidencial parecido al actual y un Congreso unicameral. Algunos calificaron lo aprobado como el “sistema presidencial más raro posible” y varios, a través de Twitter, estimaron que aquello no soluciona los problemas de fondo del actual sistema: un sistema que pueda reaccionar a crisis políticas y que permita una mayor colaboración entre Ejecutivo y Legislativo cuando no se tengan mayorías claras en el Congreso. En tanto, la Asociación Chilena de Ciencia Política sugirió que este tema se aborde “bajo una mirada sistémica” y que se evite aprobar por separado tanto el régimen político, la estructura del Congreso y un posible cambio al sistema electoral.

Otra de las polémicas que ha afectado a la Convención en los últimos días ocurrió cuando la comisión de Medio Ambiente aprobó en general una iniciativa de norma sobre los derechos de los pueblos originarios, su territorio, recursos y bienes naturales. En concreto, el punto que fue cuestionado tanto por convencionales de derecha como por distintos gremios fueron dos artículos transitorios que establecen la nulidad de pleno derecho de los permisos o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos y otros que recaigan en bienes naturales ubicados en territorios indígenas.

Incluso, el presidente de la CPC, Juan Sutil, luego de una reunión con la presidenta de la Convención, cuestionó la idea durante su visita a la Convención el pasado viernes: “Vemos en las comisiones que se rechaza el emprendimiento, el desarrollo, la libertad de innovar, emprender y hacer empresa; y de la retribución justa (...). Las concesiones que el Estado ha otorgado a muchas personas hacen posible el desarrollo”, dijo.

Aunque el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN), señaló esta semana que, de aquí en adelante, no hay meses ni semanas más importantes que otras dentro de la Convención, entre los convencionales es compartida la idea de que febrero será fundamental para evidenciar su trabajo.

De hecho, desde el 3 de febrero las comisiones podrán votar en particular las normas ingresadas, mientras que a partir del martes 15 de febrero -y hasta el 22 de abril- se votarán normas en el pleno, las que, en caso de cumplir con el quórum de dos tercios, quedarían plasmadas en el proyecto de nueva Carta Magna.

Para lograr este objetivo, las siete comisiones temáticas de la Convención estarán abocadas a deliberar y votar tanto las iniciativas que ellos mismos han presentado, como aquellas emitidas por la ciudadanía y que lograron reunir 15 mil firmas. Cada una de estas iniciativas es derivada por la mesa directiva a una o un grupo de comisiones, según los temas abordados en ellas. Las fechas en que cada una de estas iniciativas será votada dependerá de cuándo lo haya determinado su respectiva comisión, pues se organizaron las votaciones en bloques temáticos.

En esta primera etapa de votación en general, cada una de las siete comisiones temáticas votará las iniciativas destinadas a ella y estas pueden ser aprobadas o rechazadas por la mayoría simple de los miembros de la comisión, es decir, un 50% más uno.

Cabe destacar que, en caso de ser aprobadas, las iniciativas podrán ser corregidas posteriormente a través de indicaciones. En este sentido, el coordinador de la comisión de Sistema Político, Ricardo Montero (Colectivo Socialista), explicó tras la primera jornada de votación de la instancia que las indicaciones no tienen límite en cuanto a su contenido. Por ejemplo, si una norma aprobada busca instalar un Congreso unicameral, se podría presentar una indicación para reponer una cámara completa.

La única comisión que no ha comenzado a votar en general aún es la de Derechos Fundamentales, que tiene contemplado hacerlo desde el 4 de febrero. Esta comisión tenía presupuestado ser la primera en iniciar sus votaciones, pero debido a un atraso ocasionado por problemas en su cronograma interno se convertirá en la última en hacerlo. Debido a lo ajustado que es el cronograma, febrero será un mes crucial para esta instancia, pues tendrá la tarea de revisar y votar buena parte del catálogo de derechos que contemplará el proyecto de nueva Constitución.

Una vez que las iniciativas sean aprobadas por la mayoría simple de su respectiva comisión, tanto en general como en particular, serán enviadas al pleno de los 154 convencionales, donde necesitarán de dos tercios para ser aprobadas.

El 18 de febrero, en tanto, la Secretaría Técnica de la Convención publicará el segundo informe de evaluación de avances de cronograma. Además, durante esta jornada se realizará el primer pleno eventual de total despacho, los que podrán repetirse cada viernes hasta el 1 de abril. Estas instancias tienen la finalidad de que, en caso de que en alguna semana no se alcance a despachar una norma en los plenos contemplados, se pueda concluir durante el viernes 18.

En la tercera semana de febrero, por otra parte, se contempla comenzar la presentación de informes de las comisiones. Sobre este punto, la presidenta Quinteros (MSC) afirmó a La Tercera: “Estamos trabajando todos los días, dentro y fuera de las sesiones, para cumplir los plazos. Junto a toda la mesa directiva hemos firmado una veintena de solicitudes de sesiones extraordinarias de las comisiones, porque sabemos el compromisos de todas y todos los constituyentes en cumplir con los plazos”.

“Un éxito, sin lugar a dudas”. Así califican algunos constituyentes lo realizado en términos de participación ciudadana, en especial lo relativo al portal para ingresar y votar por iniciativas populares de norma.

Según las cifras entregadas por la Convención, hasta el cierre de esta edición se han inscrito 772.828 personas en el portal de participación popular y se han registrado 1.751.928 firmas en total (cada ciudadano puede patrocinar hasta siete iniciativas).

Además, se informó que se han realizado 16.424 cabildos y encuentros autoconvocados hasta el 23 de enero, donde han participado 154.541 personas.

En tanto, febrero comienza con el término del plazo para la recolección de firmas para las iniciativas populares y con el fin de la recepción de iniciativas de normas de los constituyentes. Aunque se amplió el plazo para presentar iniciativas, la fecha límite para auspiciar las propuestas a través del Portal de Participación Popular se mantuvo y concluirá el 1 de febrero. Cada iniciativa requiere un mínimo de 15 mil firmas, provenientes de cuatro regiones distintas, para que puedan ser analizadas por los convencionales de su respectiva comisión.

De esta forma, a partir del 2 de febrero ya estará establecida la totalidad de las normas que los convencionales tendrán la oportunidad de votar. Hasta el cierre de esta edición, 2.496 propuestas han sido publicadas en el portal de participación popular de la Convención y 38 han superado el piso de las 15 mil firmas.

Además, este mes también destacará por ser el primero en que no se realicen semanas territoriales. Esto, debido a que en diciembre el pleno votó a favor de la modificación del cronograma general en relación a las semanas territoriales, las salidas regionales y los plenos deliberativos. Por lo tanto, se suspendieron las semanas territoriales del 31 de enero al 4 de febrero, la del 7 al 11 de marzo y la del 4 al 8 de abril.

En esa ocasión también se aprobó la eliminación de la salida regional de la Convención del 7 al 11 de febrero. Además, se decidió aplazar el inicio del primer pleno deliberativo sobre informes a la semana del 14 al 18 de febrero. De esta forma, las comisiones ganaron una semana para la presentación de sus primeros informes.

Dentro de febrero, la presidenta también destacó la realización de la consulta indígena, que, según explicó, “permitirá por primera vez que los pueblos originarios de Chile aporten directamente al proceso de deliberación de la nueva Constitución”.