Los 245 hechos de violencia rural que sellaron el retorno del estado de excepción

Para nadie es secreto que para el gobierno no fue una decisión fácil de tomar. Pasar de descartar tajantemente la aplicación de un estado de excepción en la Macrozona Sur a anunciar su inmediata puesta en marcha -aunque solo en las carreteras y rutas- reflejó que la violencia rural se instaló en La Moneda con un permanente ruido de alarma.

Emboscadas a los camiones que transitan por la Ruta 5 Sur, donde un chofer terminó en riesgo vital; quema de casas y predios, con lienzos reivindicatorios, y reiterados ataques a la Subcomisaría de Tirúa, en la provincia de Arauco, han marcado el inicio de la “expedición” del gobierno en la zona.

El Ejecutivo quería urdir un diálogo más acabado con todas las comunidades, incluso las radicales, pero, por ahora, parece una lejana pretensión.

Carabineros, según datos a los que accedió La Tercera Sábado, contó 245 eventos de violencia rural, entre el 11 de marzo (día que asume el gobierno del Presidente Gabriel Boric) y el 16 de mayo, cuando se anunció el inicio del estado de excepción “acotado”.

Fuentes policiales y autoridades locales advierten que el alza en los hechos violentos entre el Biobío y La Araucanía terminaron por convencer al gobierno de pedir el regreso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Según datos levantados por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros (DAC), entre el 11 de marzo y el 6 de abril -las primeras tres semanas de las nuevas autoridades en La Moneda- se registraron 83 eventos violentos. Luego, entre el 7 de abril y el 16 mayo, se contaron 162 “delitos comunes bajo el contexto de violencia rural”. Entre un periodo y otro se registró una clara tendencia al alza de los hechos de violencia, donde los “delitos contra la propiedad” representaron un 69% del total de delitos asociados al conflicto.

En este ítem, Carabineros concurrió a 60 incendios, el tipo delictual que más hechos de violencia rural registró: 37 en La Araucanía y 23 en el Biobío. Todo, en 66 días.

El jefe de Control y Orden Público e Intervención de la Macrozona Sur, general César Bobadilla, explicó que “Carabineros está realizando importantes esfuerzos en la zona, humanos y logísticos, reforzando su dotación con personal de la Escuela de Suboficiales, incrementando su parque vehicular, efectuando despliegues inteligentes y controles operativos preventivos -previo análisis de la contingencia- en las principales rutas y caminos de las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Biobío”.

En esa misma línea, sostuvo que su trabajo “no solo contempla despliegues terrestres con vehículos tácticos blindados, sino que de igual forma considera, de manera diaria, el despliegue de patrullajes aéreos de aeronaves como helicópteros y avión, sumado el uso de tecnología como Aeronaves No Tripuladas (Drones)”.

Al interior de la policía advierten que no solo deben realizar el despliegue del orden público en la zona, sino también cubrir 450 medidas de protección dictadas por el Ministerio Público, en distintos puntos que necesitan protección y vigilancia especial. Este desvío de labores implica ocupar parte importante de los más de 1.500 funcionarios que hay en La Araucanía.

“Nuestros servicios operativos preventivos son permanentes y dinámicos, buscando abarcar lo máximo de este extenso territorio interregional de más de 50.000 km² de superficie”, advierte en general Bobadilla.

Por lo mismo, en la policía uniformada ven con buenos ojos la integración de las FF.AA. al control y fiscalización de las carreteras, pues tienen una mayor presencia de personal en la zona y disponen de mejores herramientas para desplazarse por el área. Los carros Mowag y los helicópteros militares son fundamentales para que los carabineros puedan llegar a zonas boscosas y complejas. Ahora, estos siempre serán usados en rutas y carreteras, pues así lo establece el decreto presidencial.

En las cifras de Carabineros, además, se advierte que los delitos contra las personas suman 40 eventos, donde la amenaza contra la autoridad comienza a repetirse. En estos casi dos meses ya son 19 casos.

El exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli indicó que “cualquier estrategia del gobierno tiene que basarse en darles seguridad a las personas que están en el lugar. Eso sí, es contradictorio con el carácter acotado que tiene el estado de excepción, limitado solo a las rutas, porque la gran mayoría de este aumento de la violencia no solo está asociado a las rutas, sino que a todo el territorio de la Macrozona Sur”.

Por su parte, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, sostuvo que “tuvieron que pasar 50 días y, como lo muestran todas las cifras, más de una centena de hechos de violencia para que el gobierno se diera cuenta de la necesidad del estado de excepción, aunque acotado. Esperamos, de todas maneras, que ayude a recuperar la paz para muchas familias, comunidades y trabajadores de las regiones de La Araucanía y el Biobío”.