Los cuatro métodos que indaga la Fiscalía en los convenios entre fundaciones y entidades públicas

La fundación Democracia Viva no solo comparte con la ONG Cultural TomArte que su foco de acción social esté en Antofagasta. Ambas estén siendo investigadas por la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, ya que su personalidad jurídica esté en riesgo. Pero no es lo único que tienen en común. Su fecha de registro oficial como fundación se dio sólo meses antes de adjudicarse millonarios contratos para el programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En el caso de Democracia Viva se inscribió en el registro de colaboradores del Estado el 25 de mayo de 2022, y seis meses después se adjudicó su primer convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en octubre de 2022, por $ 200 millones. Por esos meses, también, TomArte se quedaba con un contrato por $ 150 millones, en septiembre de ese año. Sólo nueve meses después de inscribirse como proveedor del Estado.

La fecha de constitución de esras ONGs es uno de los cuatro patrones que el Ministerio Público y la PDI han sindicado en el caso “líos de plata” como “sospechoso”. Hoy 32 fundaciones están en la mira del ente perseguidor que ha detectado un modo de operar en común de estas ONGs con reparticiones públicas en el país.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó: “hemos identificado que existen ciertos asuntos que tienen ciertos rasgos comunes evidentes. Se trata, por ejemplo, de asuntos en que ha habido transferencias desde los gobiernos regionales o seremis a fundaciones de reciente formación”.

El jefe del Ministerio Público dio cuenta de esta información luego de la reunión que sostuvo con policías de la PDI, funcionarios de Contraloría y fiscales regionales y adjuntos que indagan estas transferencias.

Sin embargo, en el Ministerio Público advierten que no todas las 32 fundaciones indagadas en las causas que llevan a nivel nacional coinciden en la poca vigencia legal de la creación de cada organismo sin fines de lucro. Por ejemplo, hay algunas, como Fundación Chinquihue, que datan desde hace 18 años.

A pesar de esto, igual es parte del listado de fundaciones que están en el radar del Ministerio Público por otros elementos, como los contratos por más de mil millones de pesos que se adjudicó con la Gobernación Regional de Los Lagos. Estos, además, fueron declarados ilegales por Contraloría.

Los equipos investigativos busca también esclarecer cuántas de estas fundaciones que cerraron contratos con el Estado entregaron boletas de garantía. Al menos públicamente, ya se sabe que en el caso de Democracia Viva no ocurrió. Se sospecha que hay más que repitieron la fórmula.

En el gobierno reconocieron que esto se hizo más de una vez, dado que no estaba incorporado en los procesos internos de la administración estatal. El ministro de Justicia, Luis Cordero, lo ejemplificó: “Hay un elemento común en los convenios de transferencia, no solo en este, en general, esta es una información que fue levantada desde el inicio, que buena parte de los convenios de transferencias a fundaciones no tienen boletas de garantía”.

Otro método que se repite y que está bajo investigación es si las fundaciones inscritas como organismos colaboradores del Estado entregan el servicio que realmente inscribieron al momento de conformarse.

Por ejemplo, ahí aparece el caso -entre otras- de Fundación ProCultura, la cual se adjudicó más de $ 600 millones para un plan de “recuperación de fachadas zona de conservación histórica” de la Gobernación Regional de Antofagasta.

En la Fiscalía llamó la atención este convenio, dado que el giro de la fundación es para la venta al por menor de libros en comercios especializados; edición de libros y promover actividades culturales. Sin embargo, la ONG -cuando se reveló este convenio- descartó que se tratara de una irregularidad. “Las fundaciones sin fines de lucro, a diferencia de las empresas, se rigen de acuerdo al objeto social detallado en sus estatutos”, señalaron en un comunicado de prensa.

Finalmente, la Fiscalía pesquisa otro factor común que es el eventual conflicto de interés entre la autoridad que autorizó la entrega de fondos con la ONG beneficiada. Por ejemplo, acá el ente persecutor ha podido cruzar -al menos- dos casos: Arquiduc y Urbanismo Social.

La primera fundación se adjudicó dos proyectos en 2021 de la Seremi de Vivienda de O’Higgins, cuando uno de sus miembros había sido jefe de gabinete de su mandamás, Miguel Alfaro (Evópoli).

Situación similar ocurrió con Urbanismo Social, en la Región del Maule, donde quien fuera su asesor jurídico y representante regional, Rodrigo Hernández (RD), ofició desde 2022 como seremi de la región. Con él a la cabeza de la Seremi de Vivienda, Urbanismo Social se adjudicó $ 109 millones en convenios, lo cual también forma parte de las indagatorias que lleva la Fiscalía.