Los números rojos del Ministerio Público: los deteriorados indicadores que deberá enfrentar la (o el) nueva(o) Fiscal Nacional

“Es un deber que la institución asuma la cuota que le cabe en la situación actual de criminalidad violenta que afecta al país. La fiscalía además debe exponer sus resultados y explicar siempre los fundamentos de su política criminal a la comunidad”. Con esas palabras, José Morales, fallido candidato para fiscal nacional, explicó en noviembre pasado ante la Corte Suprema sus intenciones de introducir cambios en el Ministerio Público.

La exposición de Morales, cuyo nombre fue rechazado por el Senado al obtener 31 de los 33 votos necesarios, se sumó a las críticas que varios de los otros candidatos hicieron al desempeño de la institución bajo la administración del ex fiscal nacional, Jorge Abbott, la que incluso fue calificada como un “sombrío panorama”.

Pero lo que los postulantes no contaron en sus breves discursos, es que la baja en el desempeño del Ministerio Público ha tenido un impacto directo en una serie de indicadores que reflejan la calidad de su trabajo.

La Tercera revisó los boletines estadísticos del Ministerio Público de los últimos 10 años y realizó una comparación a largo plazo de cuatro estadísticas que a juicio de los expertos consultados dan cuenta de esa realidad.

¿El resultado? En comparación con el año 2012, a septiembre de 2022 las causas casi han triplicado su tiempo de tramitación, el porcentaje de imputados desconocidos y el archivo de causas han subido sostenidamente, y se están realizando menos de la mitad de los juicios orales que antes de la pandemia, en los que también ha bajado el porcentaje de condenas obtenido por el Ministerio Público.

El periodo analizado comprende parte del mandato de Sabas Chahuán y todo el periodo de Jorge Abbott a cargo de la institución. Consultados para este reportaje, ambos ex fiscales nacionales señalaron no estar disponibles. Mientras que desde el Ministerio Público, no existió una respuesta oficial sobre el deterioro de los indicadores.

Para el reconocido abogado penalista y académico, Julián López, “la comparación es muy adversa, porque muestra un deterioro en prácticamente todos los indicadores que habitualmente se consideran por el propio Ministerio Público como marcadores de la eficacia de la persecución penal”.

Si el año 2012 las causas investigadas por el Ministerio Público se demoraban en promedio tres meses y medio (107 días), esa realidad cambió drásticamente a septiembre de este año, pasando a durar en promedio nueve meses (272,5 días). Esto quiere decir que en casi 10 años, el tiempo promedio que una persona debe esperar para obtener algún resultado en su causa, ya sea negativo o positivo, aumentó en un 252%.

Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) y uno de los creadores de la reforma procesal penal, Mauricio Duce, los plazos que están demorando hoy las causas judiciales “todavía hace que en promedio Chile tenga un proceso que se mueve dentro de parámetros comparables con otros países, pero la tendencia es muy preocupante, porque muestra que hay permanentemente un incremento y en todo tipo de términos judiciales”.

Un consenso entre los expertos es que uno de los procedimientos más simples y que menos tiempo debería tomar es el que se realiza en los delitos calificados como “faltas”, que son los de menor gravedad y que generalmente terminan con la aplicación de una multa, tal como ocurrió con el incumplimiento de las cuarentenas a causa del Covid-19.

Pero los datos muestran que si en 2012 la fiscalía demoraba en promedio 39 días en tramitar una falta, a septiembre de este año, ese plazo creció a 122 días. Es decir, de poco más de un mes, se pasó a cuatro meses.

“Ese fenómeno se repite no sólo con las faltas, porque uno podría decir bueno, son tan poco importantes que el fiscal probablemente está dedicado a cosas más importantes. Pero cuando tu te vas a los números de los robos, el resultado es más o menos el mismo o peor. Y en el caso de los homicidios lo mismo”, asegura el abogado penalista Jorge Bofill, quien asesoró al Senado en la formulación de las leyes que crearon el Ministerio Público a fines de los 90′.

Es justamente al revisar la cantidad de días que se demoran las investigaciones según el tipo de delito, donde aparecen algunos datos que llaman la atención. Si en 2012 la tramitación de un homicidio tomaba en promedio 451 días, a septiembre de 2022 ese plazo creció a 802,5 días. Mientras que los robos, pasaron de 155 a 329 días en el mismo periodo.

Pero, ¿por qué está durando cada vez más la tramitación de las causas?

Francisco Bravo, fiscal de la zona Metropolitana Centro Norte y presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, da una posible explicación.“El tema de la pandemia implicó que al principio se reagendaron todas las audiencias, lo que provocó un atochamiento y una congestión que hoy día la Corporación Administrativa del Poder Judicial dice que para poder ponernos al día vamos a tener que necesitar más de dos años”, asegura.

Pero según la visión del abogado experto en temas penales, Julián López, “quedarse sólo con la explicación de la pandemia no sería correcto, ya que para el año 2018, antes del estallido social y de la pandemia, los tiempos ya venían en un franco aumento que la pandemia sólo aceleró”.

Por ello, López sostiene que la dilatación de las causas “puede deberse a una menor eficiencia de las fiscalías pero también puede estar fuertemente influido por una menor eficiencia de las policías o de los servicios auxiliares como el Servicio Médico Legal”.

En esa línea, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, entrega un dato: si bien no existe una medición formal, en su experiencia ha constatado que “en un peritaje balístico, Labocar de Carabineros se demora entre cuatro y cinco meses, y no es una cosa difícil. La Policía de Investigaciones se está demorando más de seis meses. No hay ninguna posibilidad de terminar la causa si yo no tengo el peritaje”.

“Aquí la pregunta es quién es el que está mirando esto y quién es al final del día el que paga el pato. Y quien paga el pato es el ciudadano, las personas para las cuales se supone este sistema está hecho”, concluye Jorge Bofill.

“Se trata de un incremento sostenido de personas que habiendo cometido delitos no pueden ser identificadas, ya que actúan de una forma más perfeccionada. Por ello, debemos mejorar el sistema de persecución penal, en primer lugar, mejorando el contacto con las víctimas y testigos”. Las palabras podrían venir de cualquiera de los candidatos que durante las últimas semanas han entregado su diagnóstico y promesas para dirigir el Ministerio Público por los próximos ocho años.

Pero lo cierto, es que datan de octubre de 2014 y fueron dichas por Jorge Abbott, quien en ese momento era director ejecutivo nacional del Ministerio Público y que un año más tarde se convertiría en fiscal nacional. Y hoy, terminado su mandato, las estadísticas sobre el ingreso de causas con imputado desconocido sólo han empeorado.

Si el 2012, en un 52,01% de los delitos ingresados a nivel nacional no se conocía a un presunto culpable, hasta septiembre de este año esa cifra llegó al 57,61%. Esto quiere decir que de cada 100 delitos que llegan para ser investigados por el Ministerio Público, en 57 de ellos no hay antecedentes iniciales de un posible responsable.

Al revisar en detalle en qué tipo de hechos se concentra la mayor cantidad de delincuentes no identificados, el grupo de los delitos contra la propiedad lleva la delantera. “En los robos en general que son un delito que genera una sensación de temor importante, en 2012 teníamos un 89% de imputados desconocidos. El año 2022, a septiembre, esa cifra pasó a ser el 91%. Esto al final es, compadre, le dice un delincuente al otro, salgamos a robar, tenemos un 90% de probabilidades de que no nos encuentren, un 90% de éxito”, explica el ex fiscal y gerente general de Fiscalía Privada, Juan Enrique Suárez.

Para el caso de los homicidios, el año 2012 en sólo en un 15% no se conocía quién fue el presunto autor cuando ingresó la denuncia, mientras que a septiembre de 2022 esa cifra pasó a un 40%.

Pero, ¿las investigaciones logran identificar a ese imputado desconocido?

Lo cierto es que el Ministerio Público no mide directamente este indicador. Pero una forma de aproximarse, según los expertos consultados, es revisar qué sucedió al final de cada año con ese universo de denuncias. De esa manera, si se suman todas las formas de término judicial con imputado desconocido (sobreseimiento definitivo, facultad de no investigar) y las de término no judicial (archivo provisional, decisión de no perseverar, principio de oportunidad), el resultado es que tanto el 2012 como este año, estadísticamente el 100% de los casos se cerraron sin culpables.

“Qué te dice este número, que cuando no hay un imputado conocido, el resultado es cero. O sea, si la policía no pone un imputado con nombre y apellido y con cara a disposición del fiscal para que se lo lleve al tribunal, el resultado del sistema es cero y eso es tremendo”, sostiene el penalista Jorge Bofill. “Ahí es donde viene la otra pregunta, que tiene que ver con la modificación que se hizo el año 2015 que creó el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, y la pregunta es qué pasó, porque resulta que entre el año 2015 y ahora no hay ninguna evolución en esta materia”, complementa el abogado.

La reforma de 2015 permitió sumar 577 funcionarios más al Ministerio Público, de los cuales 122 fueron nuevos fiscales, dejando un total de 769 persecutores en todo el país.

“El Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos”. Así define el Código Procesal Penal al “archivo provisional”, una herramienta que es altamente utilizada por la fiscalía y que, entre otros aspectos, permite disminuir la carga de trabajo de los persecutores.

“Lo que ocurre es que hay una gran cantidad de casos que conocen los sistemas de justicia penal, que son casos que ningún sistema de justicia puede esclarecer. Si tu decidieras gastar los recursos en esas investigaciones, lo que tendrías es un sistema colapsado investigando casos que sabemos no se van a esclarecer, y aquellos casos que tienen posibilidades de ser esclarecidos, los vas a perder. Lo que te permiten los archivos, es una focalización temprana de recursos para favorecer la eficacia del sistema”, explica el académico de la UDP, Mauricio Duce.

En los números, el año 2012 un 44,5% del total de causas a nivel nacional fueron archivadas. Pero hasta septiembre de este año, esa cantidad subió a un 54,9%, es decir, más de 10 puntos porcentuales en diez años. “Ahora, cuál es el problema, es que a veces este análisis se burocratiza”, lo que a juicio de Duce haría que se archiven excesivamente las causas.

El abogado penalista Julián López, por su parte, estima que “si se ratifican en diciembre estos números como válidos para todo el año 2022, esto significaría que existe un aumento muy significativo en los archivos provisionales en un solo año, lo que conlleva que el sistema reconoce con mucho más frecuencia que antes que no tiene la capacidad de realizar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos”.

A nivel regional, este indicador permite comparar la frecuencia con la que cada una de las fiscalías regionales del país archivan las denuncias que reciben. De esta manera, la Fiscalía Metropolitana Oriente es la que ocupa el primer lugar: si en 2012 se archivó un 48,22% de las causas, a septiembre de 2022 se tomó esa decisión con el 67,78%. Luego, le sigue la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que en los primeros nueve meses de este año archivó un 66,7% de los hechos; seguido de la Fiscalía Metropolitana Sur, que en el mismo periodo dejó de investigar por esta vía un 59,83% de los sucesos.

Desde la otra vereda, las fiscalías regionales con menor tasa de archivo durante este año son la de Aysén, con un 22,55%, la que incluso bajó sus números en comparación con el 2012; y la de Atacama, con un 32,69% de causas archivadas.

Ese archivo de causas se da principalmente en las denuncias que tienen imputado desconocido. “A veces no hay antecedentes, no hay cámaras, no hay huellas, no hay testigos. Además hay que tener en cuenta que el 2012 no había el porcentaje de ingreso de extranjeros al país que existe hoy. Hay un aumento de imputados desconocidos porque tenemos nuevos fenómenos delictivos y también nuevos tipos penales”, asegura el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo.

Sobre las altas tasas de archivo de algunas fiscalías regionales, Bravo plantea como una hipótesis, que se puede deber al archivo masivo de causas que venían rezagadas de años anteriores. “Se hace una revisión global y se dice mira, sinceremos los números y aquellas causas que no tiene justificación que sigamos tramitando, cerrémoslas no más, archivemos”, señala.

La pandemia y lo que los expertos han calificado como “la justicia Zoom”, por las diversas audiencias que todavía se realizan de manera telemática, han afectado hasta hoy el flujo de la forma más reconocida para obtención de justicia: el juicio oral.

Los datos publicados por el Ministerio Público arrojan que en 2019 se realizaron 9.661 juicios orales en todo el país, cifra que cayó drásticamente a los 3.816 en 2020. Ya en 2021 se llegó a 6.401 juicios orales y hasta septiembre de este año se habían alcanzado a realizar 5.431.

Mauricio Duce expresa que cambios legales de los últimos años permiten ahora a los fiscales llevar a un juicio abreviado a imputados en causas de delitos contra la propiedad y de la ley de control de armas, lo que podría estar impactando en la baja de los juicios orales.

Pero lo que es cierto para Duce, es que uno de los efectos ha sido una drástica baja en la carga de trabajo para los jueces de los tribunales orales. “Uno diría, eventualmente hay una capacidad ociosa y otros dirán que ahora estamos conociendo algunos juicios más complejos que duran seis meses, pero no son esos 3 mil juicios de diferencia”, sentencia.

Un indicador clave sobre la eficacia del Ministerio Público es el porcentaje de condenas que se obtiene en los casos que se eligen para ir a un juicio oral, donde tres jueces deberán definir la culpabilidad o inocencia de el o los imputados en base a las pruebas presentadas por la fiscalía. Visto a largo plazo, los resultados también se han deteriorado.

El año 2012 el ente persecutor logró condenas en el 82,16% de los juicios, mientras durante los primeros nueve meses de este año las condenas bajaron a un 77,78%. Eso sí, los datos han mejorado con respecto al 73,34% de condenas obtenidas en 2018.

A la luz de las cifras, Julián López cree que “el aumento de la tasa de absoluciones en juicio oral puede ser indicativo tanto de una menor capacidad para recoger y producir prueba relevante de la comisión de delitos como de que el Ministerio Público está aplicando criterios menos exigentes a la hora de decidir llevar una causa a juicio oral”.

“Cuando la tasa de condena no llega siquiera al 78%, uno debería cuestionarse si el Ministerio Público está haciendo una aplicación racional del juicio oral como método de resolución del caso, porque implementar un juicio oral impone un altísimo costo para el Estado”, concluye el también académico de la Universidad de Chile.

Desde el gremio de los fiscales apuntan a que sobre un 75% de condenas en juicios “es un rango que todavía es aceptable”, pero que no se debe bajar esa cifra. Al mismo tiempo apuntan a que la mayor exigencia de los tribunales y la carga laboral de algunos persecutores podrían estar afectando estos resultados. “A modo de ejemplo, aquí en la Fiscalía Centro Norte, este mes un sólo colega tiene 12 juicios de homicidio”, sostiene Bravo.

Justamente, la eventual sobrecarga laboral de los fiscales y la necesidad de inyectar nuevos recursos fue uno de los temas centrales en las exposiciones que los candidatos a fiscal nacional realizaron ante la Corte Suprema hace poco más de un mes. Sin ir más lejos, la nueva carta del gobierno, Marta Herrera, señaló ante los supremos que uno de sus objetivos sería cuidar a los funcionarios del Ministerio Público, lo que se podría lograr “abogando por la corrección de la actual dotación, que sabemos ya es una necesidad”.

Ante una posible nueva petición de recursos de parte del Ministerio Público para mejorar su desempeño, la opinión de Jorge Bofill es tajante: “Einstein, que es famoso por sus frases, tiene una que a mi me gusta mucho, que es: ‘locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando obtener resultados diferentes’. Pero como no sabemos si eso va a pasar y la historia nos dice que en 20 años no ha pasado, uno diría bueno, ¿por qué no repensamos un poquito el sistema y le metemos algo de cabeza? ¿Por qué no pensamos en algún sistema de rendición de cuentas del Ministerio Público en el que se haga responsable por sus resultados?”