Los pasos del gobierno para construir una cárcel especial para el crimen organizado y cómo influirían en Punta Peuco

Desde hace meses que está instalado el debate respecto de la sobrepoblación que registra el sistema penitenciario a nivel nacional: aun cuando existen recintos que mantienen plazas disponibles, el uso de las instalaciones está sobrepasado en 33%, de acuerdo con datos de Gendarmería actualizados al 31 de mayo de 2024.

Actualmente existe capacidad para albergar a 41.931 personas en los distintos establecimientos penales. Sin embargo, a la fecha hay 55.785 personas privadas de libertad.

El escenario obligó a las autoridades a poner en marcha un plan para ampliar, reabrir y densificar cárceles y habilitar más de 9 mil plazas en dos años. Todo de la mano de la reactivación del sistema de concesiones penitenciarias.

A poco andar, en todo caso, los expertos a cargo de los análisis notaron que ese plan no sería suficiente para enfrentar el creciente aumento de personas que deben y deberán estar tras las rejas, pues además se tiene que aplicar una adecuada segregación.

Los profesionales concordaron en que el sistema tiene que hacerse cargo de los nuevos perfiles criminológicos de internos que -como ha quedado en evidencia en las últimas semanas con los hechos registrados en la Cárcel de Alta Seguridad- son más violentos y están dispuestos a desarrollar todo tipo de acciones para sortear las medidas de seguridad.

A ello se agrega, según sostienen fuentes oficialistas, que hay que estar preparados para asumir las abultadas condenas que podrían recibir los miembros de agrupaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos o Los Pulpos.

En este contexto, representantes del gobierno indicaron a La Tercera que el Ministerio de Justicia comenzó a buscar alternativas para construir en el corto plazo una cárcel especial para presos ligados al crimen organizado. Y como entre las necesidades también está aumentar el número de plazas en la Región Metropolitana -que es la quinta con niveles de ocupación más elevados (150,3%)-, se decidió que el recinto estará en la capital.

Los primeros sondeos realizados acotaron la búsqueda a dos terrenos: un sitio ubicado en Tiltil, a un lado de Punta Peuco, y el otro correspondiente al paño adyacente a Santiago Uno en Avenida Pedro Montt. ¿Los problemas? Que el primero no tiene acceso a agua para abastecer un futuro penal y que el segundo está asignado al Ejército a través del Ministerio de Defensa.

Construir en Tiltil -en la zona norte de la RM- implica reflotar un proyecto que data de 2010 y que contemplaba la construcción de una cárcel con capacidad para albergar a 2.500 condenados. En ese momento, de hecho, se le denominó Santiago Dos.

Con ese objetivo Gendarmería adquirió un terreno de 26 hectáreas que está a solo metros de Punta Peuco y de un recinto del Sename, junto con los derechos de agua correspondientes. Pero al comenzar los estudios para iniciar obras, las pruebas de bombeo de agua a los pozos evidenciaron que estos estaban vacíos debido a la megasequía que afecta a dicha zona, y el proyecto perdió factibilidad.

Sin embargo, existe una alternativa para comprar agua, ya que por esa zona existe un ducto que lleva el elemento desde una planta desalinizadora de Aguas Pacífico a dependencias de la minera Anglo American, por lo que actualmente funcionarios de gobierno negocian con ambas partes en búsqueda de una solución.

Si esas conversaciones llegan a buen puerto, el pospuesto proyecto penitenciario se reactiva. Pero además, como reconocen desde Palacio, se habilita la readecuación de Punta Peuco, pues en el terreno donde está emplazado ese establecimiento hay suficiente espacio para hacer ampliaciones.

En tal caso, según las mismas fuentes, el polémico penal que hoy solo alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos se transformaría para albergar a otros delincuentes de baja peligrosidad.

Si bien con la construcción de Santiago Dos se avanzaría en la habilitación de un número importante de plazas, el sitio que asoma como “favorito” es el segundo, el de Santiago Centro.

Esto, según personeros de gobierno, porque permitiría tener “un barrio penitenciario” en Pedro Montt y concentrar la vigilancia.

El nuevo establecimiento estaría entre Santiago Uno y el terreno donde funcionan oficinas de Gendarmería, estaría conectado con la Unidad Especial de Alta Seguridad y permitiría tener alrededor de 1.000 plazas y segregar de manera más eficiente a condenados o imputados de alta peligrosidad.

El asunto es que hoy en ese espacio está ubicado el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, por lo que se están llevando a cabo una serie de acciones a fin de que la institución castrense permita que el espacio se reasigne a la cartera hoy liderada por el abogado Luis Cordero.

Si bien hasta ahora no hay un cronograma establecido para la materialización de esta cárcel especial, a la espera de que se destraben los planteados inconvenientes, el objetivo es que antes del término de la administración del Presidente Gabriel Boric se inicien las obras.

Quienes conocen de las tratativas destacan, no obstante, que un proyecto no anula el otro, pues la realidad del sistema hace necesario avanzar en ambos recintos.