Para la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), la causa detrás del socavón que amenaza la estabilidad del edificio Kandinsky se remonta a la década de los 80, cuando a través de un “lobby feroz” el Fisco vendió el área de las dunas de Concón y Viña “al mundo privado” y luego disminuyó el área gravada como Santuario de la Naturaleza, para favorecer la urbanización de un sector donde la ciencia ha recomendado no construir, explica.
Luego, para la misma alcaldesa, están las dificultades propias de la administración municipal: un director de Obras Municipal (DOM) que es autónomo y autoriza obras, que como alcaldesa debe acatar y sólo impugnar por vía judicial, y un Plan Regulador Comunal (PRC) que se arrastra desde la administración de Virginia Reginato (UDI) y que aún permite edificar en el sector.
Por eso, agrega, busca “proteger al máximo el ecosistema que queda”, pero al mismo tiempo debe responder a las críticas del mundo inmobiliario por paralizar proyectos que amenazan el medioambiente.
¿Cómo responde a estos cuestionamientos?
Desde que llegamos al municipio (2021) se ha querido construir edificios con permisos otorgados por la administración de Reginato, y estos han sido sujetos de litigio por parte del municipio. Somos la única administración que ha ganado en la Corte Suprema el inicio ilegal de una obra. Y como en el resto de los casos vieron que la actitud del municipio era precautoria frente a lo medioambiental, entraron voluntariamente al SEA. En cada una de las solicitudes que nos ha hecho el servicio nosotros hemos calificado desfavorablemente, por todos los análisis científicos. En cuanto a las ampliaciones de los espacios, esa historia comienza en 1984, cuando se venden esos terrenos al mundo privado, en medio de la dictadura. En 1993 se gravó esta zona como Santuario de la Naturaleza La Punta de Concón, donde una parte era de Viña del Mar. En 1994, gracias a un lobby feroz, bajó de 50 a 12,5 hectáreas, y se siguió disminuyendo hasta quedar en 2,3. Todo lo construido ya estaba cuando llegamos.
¿La DOM ha entregado nuevos permisos de edificación en el sector?
La mayoría de los permisos fueron entregados antes de nuestra llegada. El resto ha sido de loteos y otras disposiciones.
¿Va a pedir que se revisen los permisos de obras entregados antes de su llegada?
El miércoles oficiamos a la seremi Minvu -jefa superior de la DOM, en términos de competencias técnicas- para que se revisen todos los permisos de obras entregados en ese polígono.
¿Cuántos proyectos inmobiliarios ha paralizado para proteger el medioambiente?
En varios proyectos, más de seis, hemos recibido requerimientos de vecinos a propósito de la construcción o de proyectos en humedales y en ecosistemas sensibles y estratégicos para el futuro. En cada uno de ellos nosotros tenemos que resolver. Primero, en base a un informe técnico de la DOM. Nosotros no podemos fallar en contra de eso. Por lo tanto, cada una de esas denuncias luego termina siendo reclamada en los tribunales de justicia. En algunos casos se ha ganado y en otros, perdido. Para ponerle el cascabel al gato tiene que existir el cambio al PRC y a la normativa, porque quien define la aplicación de la norma es el DOM y no el alcalde o alcaldesa.
¿En qué va la modificación del PRC?
Esperamos este semestre iniciar el proceso de imagen objetivo. Ya hicimos todo el levantamiento de información científica, las participaciones ciudadanas. Eso generó tendencias, que ya han sido sistematizadas.
¿Qué ha arrojado este trabajo para el sector de las dunas?
En más de ocho puntos de Viña del Mar hay contradicciones en términos de cómo se aborda el desarrollo de la ciudad en relación con la protección de los ecosistemas (...). En particular, tenemos previsto generar una zona de amortiguación, que permita bajar la carga ambiental en esa zona y, obviamente, declarar área verde y proteger al máximo el ecosistema que quede. Eso es algo que está siendo revisado.
¿Quién es responsable del socavón próximo al edificio Kandinsky?
Es algo que se tiene que identificar en una investigación. Ahora, los responsables de la mantención y ejecución de un colector primario, por ley, es el MOP. Sin embargo, hay otro tema que guarda relación con la construcción de viviendas en espacios que son sensibles y estratégicos, en los que existe harta información científica en relación a no recomendar construir. Hay evidencia de la gestión, de un lobby feroz por años, al menos desde 1980 en adelante, para que existiera un desarrollo urbanizado sobre esa área. Y esas fueron decisiones que tomaron personas muy determinadas y que están inscritas como responsables en nuestra historia. Personas que vendieron, que hicieron esos traspasos de áreas fiscales. Y que luego disminuyeran las hectáreas del área protegida. Ahí hay actos administrativos que fueron sustentados por decisiones políticas.
¿A quiénes se refiere?
A quienes hicieron las transacciones para hacer los cambios de uso (de suelo); quienes estuvieron en el PRC de 1995 y de 2002. Todas las autoridades que tuvieron un lobby feroz y que optaron decididamente por la opción de densificar.
¿Puede dar nombres?
No, prefiero que no, porque ahí la historia hablará. Pero hay mucha información y académicos que han escrito muchísimo sobre ellos. Está plenamente identificado quiénes con su puño y letra favorecieron esto.
¿Edmundo Pérez Yoma, por ejemplo?
Entre otras personas.
¿Hay otro sector del colector que esté en peligro de colapso?
Eso está siendo investigado por el MOP.
