El vivir cerca de una comisaría, sea en la comuna que sea, generalmente trae tranquilidad. Para los policías, en tanto, estar en sus cuarteles también es garantía de protección, de estar blindados y a salvo de las complejidades que casi siempre ofrece la calle.
Desde 2019, sin embargo, para los efectivos desplegados en la Macrozona Sur el panorama cambió. Es el caso el teniente coronel Patricio Gómez (43), quien se sentía “afortunado” de llegar ese año a hacerse cargo de las comisarías de Cañete, Tirúa y Quidico, donde la unidad policial tenía una vista privilegiada al lago Lanalhue. A los pocos meses la sensación fue otra: a mediados del 2020, junto a sus subalternos, debieron recoger cada disparo que el cuartel recibió por primera vez.
Ahora, ese escenario -“lamentablemente”, recuerdan en Carabineros- se ha transformado en una constante. Si las unidades de Tirúa solo fueron objeto de un ataque en 2020, en 2021 ya fueron cuatro, y en lo que va de este año ya se contabilizan 11. Todos a balazos.
El panorama general de estos ataques en la Macrozona Sur -compuesta por las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos- son aún más reveladores. Según los datos de Carabineros, entre 2019 y lo que va de este año se han registrado 47 ataques a retenes, comisarías, subcomisarías y tenencias. De estos, 32 fueron con certeros disparos hacia estas unidades policiales.
Al general César Bobadilla, jefe de Control de Orden Público e Intervención de la Macrozona Sur, se le nota molesto y apunta directamente a “sujetos u orgánicas violentistas y radicalizadas”. El oficial sostiene que “estos ataques evidencian una provocación desafiante y directa al Estado y a las Fuerzas de Orden, en este caso, a Carabineros. Resulta impensable pretender legitimar determinadas demandas mediante estas acciones violentas que atentan directamente contra la vida de servidores públicos como lo son nuestros carabineros”.
En la policía han detectado que este problema ha ido escalando con el tiempo y las cifras así lo confirman: en 2019 fueron siete los ataques a las unidades policiales de la zona; en 2020, 13; en 2021, otra vez 13, y ya este año la cifra alcanzó los 14 eventos violentos de este tipo.
Este mes, reconocen en la zona, comenzó con problemas. El 4 de agosto -a las 3 de la mañana- fue atacado el retén ubicado en la localidad de Púa, en la comuna de Victoria, en La Araucanía. Un grupo de encapuchados, a bordo de una camioneta, se estacionó frente al cuartel y abrió fuego con escopetas y pistolas, dañando, además, tres vehículos y una casa particular aledaña a la unidad policial.
En el lugar, los desconocidos dejaron un lienzo firmado por el grupo Resistencia Mapuche Malleco en que reclamaban “la libertad del werken Juan Millanao y todos los presos políticos mapuches en huelga de hambre”. Millanao es indagado por un atentado incendiario en diciembre de 2021 en Victoria.
Dos días después, a 81 kilómetros de ese retén, otro grupo atacó la tenencia Capitán Pastene, ubicada en la comuna de Lumaco, también en La Araucanía. El modus operandi fue el mismo: durante la madrugada un grupo, a bordo de una camioneta, paró y abrió fuego contra el cuartel.
En la policía uniformada creen que estos atentados tienen como objetivo inhibir a Carabineros y sus efectivos de realizar labores preventivas en la zona.
El general Bobadilla explica que “una de nuestras hipótesis es que estos ataques a cuarteles policiales podrían tener relación con actos reaccionarios de grupos violentos, como consecuencia de eficaces operativos, culminando con la detención de delincuentes, incautación de armas, maquinarias, drogas, entre otros”.
“Incertidumbre y temor”
Fuentes de Carabineros advierten que, en algunos de estos casos, los ataques han sido repelidos en base a la “legítima defensa” establecida en la legislación vigente. Sin embargo, aunque no han cuantificado los daños en términos monetarios, algunos mandos perciben que los uniformados desplegados en estas zonas viven en un permanente estado de alerta, no solo en las unidades policiales, sino que también en sus casas.
Uno de ellos -quien no quiso revelar su identidad- relata que “a algunos les han quemado los autos en sus casas, los siguen, les dejan amenazas. Es complejo vivir con tanta incertidumbre y temor por lo que le vaya a pasar a uno. La familia es la que más sufre”.
Una de las medidas que han tomado los uniformados que son trasladados a la denominada “zona roja” en La Araucanía y el Biobío es que su familia directa, como esposas o hijos, no viven con ellos en la misma región.
“Es por tranquilidad y seguridad. No podría estar tranquilo sabiendo que pueden ir a hacerle daño a mi gente”, cuenta un suboficial que transita diariamente entre Tirúa y Cañete.
Entre el Biobío y La Araucanía hay desplegados más de 1.600 efectivos de Control y Orden Público (COP), quienes son los que están en la “primera línea” de los servicios policiales en la zona. Pero, a pesar de contar con un amplio contingente, en la institución advierten que lo que faltan son insumos para poder desplazarse mejor y elementos de protección de mayor tecnología.
Por lo mismo, se está analizando la adquisición de nuevas tenidas que permitan proteger de mejor manera a los efectivos COP y cubrir gran parte de las extremidades de los uniformados. En cuanto a vehículos, el gobierno ya dispuso el presupuesto para la compra de 36 nuevas camionetas blindadas.
“Aquí debemos tener presente que se pone en riesgo no solo a un cuartel policial, el que presta un servicio permanente a la comunidad, sino que es esencialmente la vida de los carabineros, como la de los civiles que puedan estar realizando algún trámite al interior de los cuarteles”, advierte el general Bobadilla.
Para el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, la situación es preocupante. “Los últimos atentados demuestran que los grupos radicales están enfrentando a carabineros en lugares que no tienen grandes dotaciones, generalmente tenencias o retenes. Por lo mismo, nosotros le venimos pidiendo hace rato al gobierno que doten de mayor protección a los efectivos policiales. La comisaría de Ercilla ha sido atacada constantemente”, dice.
Rivas está en lo cierto: entre 2019 y este año, esta unidad policial ha sido atacada 17 veces con disparos. “Los carabineros no pueden estar con chalecos antibalas en la oficina, pero estamos ante una evidente escalada de estos delitos. Estas unidades son muy importantes para las comunidades, principalmente en las zonas rurales, por lo que no pueden ser objeto de este tipo de atentados”, cierra Rivas.
