El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, usa poco su escritorio de La Moneda. No así la larga mesa que antecede su oficina, donde pasa gran parte del tiempo revisando cifras y reportes policiales que le llegan desde Carabineros y la PDI. Es ahí donde analiza los nuevos focos de preocupación en torno a uno de los principales temas en la agenda del gobierno: la seguridad.
La semana que viene el subsecretario recorrerá la Macrozona Sur, luego partirá al norte y terminará en La Paz, Bolivia. “Vamos a buscar un acuerdo en materia de robo de vehículos, trato de personas y para realizar operativos conjuntos en la frontera. Luego, trabajaremos en acciones contra el contrabando y el control de la frontera contra inmigración irregular”, explica a La Tercera.
Monsalve profundiza en la labor que hoy cumplen las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sobre todo en La Araucanía y Biobío, donde se instalarán más bases militares.
El despliegue de las FF.AA. ha generado varios efectos, uno de ellos es el proyecto de ley del gobierno sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), donde estas se opusieron a ciertos puntos. ¿Cómo lo toman?
Ahí hay una discusión que quiero aclarar. Nosotros tenemos la voluntad de entregar la mayor certeza jurídica en el uso monopólico de la fuerza que tiene el Estado, ya sea por las policías o las FF.AA. Por eso tiene que cuidarse la legitimidad. Ahí había una discusión respecto de la proporcionalidad.
Por ejemplo...
Si alguien tira pelotas de tenis, eso no genera un daño letal o grave, sería irracional responder esa agresión con un fusil de guerra. La proporcionalidad ahí tendría que ver con reducir y controlar a la persona.
Pero los militares no están formados para reducir y controlar…
Los militares están formados para la guerra, pero eso no significa que no puedan actuar de manera racional o proporcional, porque tienen formación profesional. Eso significa que si se les agrede con pelotas de tenis, no pueden responder con un fusil de guerra. Pero si son enfrentados con armas de fuego o que generan daños letales, por supuesto que pueden responder con sus armas. Eso no sólo lo tiene que entender el funcionario o nosotros, sino también los organismos que imparten justicia.
¿Cuál es el objetivo de la instalación de la nueva base militar en Traiguén?
Desde el punto de vista estadístico hay una disminución de los hechos de violencia. Pero hay una localización del conflicto. En términos territoriales, bajan en el Biobío, pero en la provincia de Malleco, respecto de 2022, hay un aumento en los hechos de violencia. Esto implica que nuestra estrategia de reforzar los puntos de control, tener equipos de respuesta, tiene que intensificarse donde el conflicto es más intenso.
¿Cuántas bases militares tienen?
Cuatro en Arauco (Los Álamos, Contulmo, Tirúa, Mulchén) y cuatro en La Araucanía (Capitán Pastene, Lumaco, Curacautín y Traiguén). Es muy relevante tener presencia policial y militar, por su impacto disuasivo en seguridad. Además, permite operar equipos de respuesta rápida, que es una de las tareas que hemos pedido perfeccionar.
¿Y qué impacto político tiene? Se lo pregunto por la demanda del ahora oficialismo, antes de llegar a La Moneda, de sacar a los militares de esa zona.
Sí, pero una vez que se instaló el gobierno se dijo que usaríamos todas las herramientas del Estado de Derecho. Eso es lo que estamos haciendo.
¿No incomodan estas medidas a los partidos de su coalición?
No tenemos ningún tipo de aprensión, el Estado debe garantizar la seguridad y el auxilio a las víctimas. Al final, en torno a los ataques hay víctimas y el Estado tiene que ayudarlas, y si tenemos que tomar decisiones de esta naturaleza, las vamos a tomar.
¿Habrá más bases militares?
No descartamos ninguna herramienta, porque son conversaciones que se dan con Carabineros, las FF.AA. y la PDI para devolver la normalidad a la Macrozona Sur. No son decisiones unilaterales del gobierno.
Las RUF, el proyecto de infraestructura crítica, la iniciativa para protección de fronteras les da un marco de acción a las FF.AA. ¿El gobierno se está “militarizando” al impulsar este tipo de medidas?
Este es un gobierno democrático y el Presidente ha respetado todos los mandatos constitucionales. Por lo tanto, no hablaría de militarización, sino del uso de herramientas constitucionales para resguardar el orden público. En la Macrozona Sur, además, es el primer gobierno en lograr disminuir la violencia y con mejores resultados en materia de persecución penal.
¿En qué pie queda el gobierno respecto de la Ley de Usurpaciones, tras el rechazo del FA y el PC al proyecto que ustedes se comprometieron a apoyar?
Tratemos de imaginar que un grupo de personas ocupa un terreno. La ley lo que dice es que los dueños legítimos de ese terreno podrían sacar a esas personas a la fuerza, enfrentarse a las personas sin regular el uso de la fuerza. ¿Con qué se defienden? ¿Con palos, con armas? Es fomentar el enfrentamiento entre civiles.
¿Y el rechazo del PC y el FA?
Es algo que se tiene que ver en el trámite legislativo, pero lo que no vamos a permitir es lo otro. El gobierno se abrió a un proyecto que pidió la oposición en medio del “fast track” y estuvimos disponibles a mejorar la ley vigente, a ampliar la flagrancia en las detenciones, aumentar las sanciones, pero la autotutela no la vamos a permitir, como dijo la ministra Tohá.
¿En qué se traduce eso?
Hay que buscar acuerdos en el Congreso, pero de aprobarse usaremos todas las herramientas constitucionales, como recurrir al TC o el veto presidencial.
¿Le preocupa la seguidilla de protestas y desmanes en torno a La Moneda de las últimas semanas?
Por supuesto. A todos los chilenos les importa el orden público, y el gobierno debe tomar decisiones para preservarlo. También nos preocupa que algunos sectores políticos busquen vulnerar algo tan republicano como La Moneda, y que responde a esta idea de lo que ocurrió en Estados Unidos.
¿El asalto al Capitolio?
Claro. La idea de entrar al Palacio de La Moneda y romper el cerco de seguridad por supuesto que es algo que nos preocupa y tomaremos las decisiones necesarias para prevenirlo y evitarlo.
