Manuel Monsalve: “Una fuerza política que no resguarda la seguridad está hipotecando la democracia”

El jueves 18 de enero, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, finalmente, concretará el anunciado viaje a Venezuela. El objetivo es conversar con su par venezolano sobre la situación del crimen organizado en Chile, permeado en gran medida por bandas delictuales de ese país.

Es que el crimen organizado sigue siendo una de las situaciones que más preocupa al gobierno y, por lo mismo, Monsalve también mira de reojo lo que sucede en Ecuador, país que atraviesa una crisis desatada por organizaciones ilícitas que nacieron en las cárceles. “Es un escenario complejo, porque demuestra un Estado superado por las capacidades de las organizaciones criminales”, dice a La Tercera.

¿Chile está libre de algo así?

Hemos tomado las decisiones necesarias para que eso no ocurra. Tanto así que nosotros dijimos que había una crisis en 2022, pero no nos quedamos en las palabras, sino que buscamos diagnosticar, entender, abordar y tomar decisiones, como crear una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, donde, entre otras cosas, se le da prioridad al control del Estado sobre los recintos penitenciarios, lo que demuestra que, mirando la situación de Ecuador, tomamos decisiones correctas.

¿Cómo mira, entonces, que los homicidios sigan creciendo? Según la Fiscalía aumentaron en un 12%, en la Región Metropolitana.

Hay muchos datos en materia de homicidio, Carabineros, la PDI, la Fiscalía y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo que está acordado con todas las instituciones es que los datos oficiales son los del Observatorio de Homicidios. En el caso de la Fiscalía es un dato que suma los homicidios consumados con los frustrados.

De todas maneras revela un aumento de la violencia...

Fue algo diagnosticado en su momento y el gobierno creó una política que no tenía el país, como el Plan Calles Sin Violencia. Lo que manejamos en el Ministerio del Interior son las cifras consolidadas de víctimas de homicidios consumados de la PDI y Carabineros.

¿Y qué revelan esas cifras?

Son distintas de acuerdo a cada territorio. Desde Arica a Valparaíso tendría que decir que la tendencia es a la baja. Si miro la zona sur, diría que la tendencia es a la baja, especialmente en Ñuble, Los Ríos. También tenemos zonas al alza, como O’Higgins, el Maule, Aysén y Magallanes. Ahora, en el caso de la Región Metropolitana, la tendencia es un alza muy pequeña, en torno al 1%, pero acá se concentran entre el 40-45% de los homicidios de Chile, por lo tanto, la magnitud del problema es distinta. A raíz de esto, durante el 2024 fortaleceremos el Plan Calles Sin Violencia, donde la persecución penal para nosotros es fundamental.

¿Por qué estos delitos siguen aumentando?

El Estado tiene que avanzar más rápido y, en esa línea, el gobierno tiene la convicción que hay que actuar con determinación y con fuerza. En la Región Metropolitana tenemos que fortalecer el Plan Calles sin Violencia, por eso es que durante las últimas semanas he tenido un diálogo bastante diverso con la Asociación de Municipalidades, con la Asociación de Municipalidades de Chile, de zonas rurales, con alcaldes de gobierno, de oposición, con el objeto de fortalecer nuestra estrategia de combate contra los homicidios. Además, me reuní con las policías y con el fiscal Héctor Barros, quien lidera el equipo de delitos violentos en la Fiscalía. El punto central es constituir una plana mayor, la cual coordinaré yo, y que participarán los brazos operativos de la PDI y Carabineros, más los jefes de Inteligencia. Buscamos tener más información y más control territorial.

¿Se verán más carabineros?

Estamos conformando un equipo distinto para ese control territorial con del personal del Gope, Control y Orden Público (COP) y, eventualmente, radiopatrullas.

¿Cómo conversa esto con el proyecto de ley de Inteligencia que está en tramitación?

Conversa mucho. La primera tarea del gobierno es dejar un Estado con las capacidades necesarias para no permitir que ocurra lo que sucede en Ecuador. Para que el Estado se imponga y la soberanía del país se proteja, y por lo tanto, ningún territorio sea controlado por una organización criminal ¿Qué Estado se requiere, entonces? Uno que tenga un Ministerio de Seguridad, con una inteligencia moderna, que persiga el lavado de activos, que tenga fiscalía supraterritorial y una ley para perseguir el crimen organizado.

La seguridad va a marcar las campañas electorales tal como pasó en el proceso constituyente, ¿por qué este tema lo logra capitalizar más la derecha?

Hay una historia que carga sobre los distintos sectores políticos y en el caso nuestro, de la izquierda y centroizquierda, es una historia en que el énfasis siempre ha estado en un estado social de derecho, que se enfoca en la seguridad social. Sin embargo, hoy día no hay ningún elemento objetivo que permita afirmar que la derecha gestione mejor los temas de seguridad que la izquierda. Por ejemplo, en la Macrozona Sur no había bases militares, ni vehículos blindados.

Tampoco un estado de excepción que se ha vuelto permanente y que la izquierda rechazaba...

El estado de excepción en la Macrozona Sur se ha tomado como política, hasta que sea necesario.

¿La izquierda ya no tiene complejos con la seguridad?

Si hay algo que caracteriza a la izquierda en la historia es su defensa a la democracia, y no hay democracia sin seguridad. Una fuerza política que no resguarda la seguridad está hipotecando la democracia. Por eso nosotros hemos dicho que el Estado tiene que imponerse sobre las organizaciones criminales. La seguridad es un derecho de las personas al igual que las pensiones, la salud. Debe ser una política de Estado con la colaboración de todas las instituciones.

¿Cómo se explican, entonces, las críticas que usted ha recibido desde su coalición por apelar a la libertad de Celestino Córdova?

Eso viene de una diputada de origen mapuche (Erika Ñanco de Revolución Democrática, quien dijo que apelar a la libertad de Córdova no era “una buena señal para las comunidades mapuches”). Es natural que las autoridades puedan ejercer críticas, pero el Ejecutivo apeló como querellante en la causa, logrando revocar la resolución. Eso no tiene que ver con el caso particular, porque ¿cuál va a ser la conducta de la izquierda en materia de homicidios?, ¿cuál es la señal que queremos dar? Que en cualquier crimen de esta naturaleza no vamos a permitir la impunidad.

Desde el FA y el PC han dicho que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tiene que dar un paso al costado tras su anuncio de formalización. ¿Cómo se harán cargo de su situación judicial?

Las instituciones son más importantes que las personas. No pueden estar al servicio de otro interés y, bajo esa línea, lo que hemos dicho es que respetamos la autonomía del Ministerio Público. Hoy día no tenemos nada que indique que la solicitud de formalización altere la relación de trabajo que tenemos con Carabineros. Además, hemos dicho que iremos evaluando si esto afecta o no el funcionamiento institucional, y si eso ocurre, tendremos que tomar decisiones. Y hemos puesto un punto que es saber qué ocurrirá en la audiencia de formalización.

¿Pero políticamente no genera un problema en el gobierno y la coalición esperar hasta mayo?

El gobierno toma decisiones por el bien del país y, por lo tanto, esa línea la fija el Presidente de la República, y ha fijado que lo que está en juego son los intereses del país.

¿Es una mala señal que una persona sea removida de su cargo por el solo hecho de ser formalizado?

Cada caso tiene particularidades, pero si declaráramos culpables a alguien por el solo hecho de ser formalizado, bueno, viviríamos en otro país, donde no regiría el estado de derecho.

¿Confía en que el Ministerio de Seguridad sea despechado antes del receso legislativo?

Lo que veo es que tanto el gobierno como la comisión han definido un esquema de trabajo que permite tener la expectativa de que pueda ser despachado antes del término del receso de la comisión de seguridad de la Cámara.

¿Usted es el candidato natural para asumir como ministro de Seguridad?

Esa es una decisión que tomará el Presidente, pero como yo, puede haber otras personas valiosas que cumplen con las condiciones para cumplir ese rol.

¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno en la entrega de beneficios a personas con antecedentes penales?

Hay pensiones de gracia del estallido social entregadas por el gobierno anterior y por este. De las 41 pensiones que se sabe que tienen antecedentes penales, 17 fueron entregadas por el gobierno del Presidente Piñera. Hago esta alusión, no para empatar, sino para decir que en Chile se han entregado 18 mil pensiones de gracia y nunca, ni una ley ni un reglamento, estableció la solicitud de los antecedentes penales previos al beneficio. Ahora, a la vista de los hechos, tanto la ley como el reglamento fueron insuficientes y, por lo mismo, instruí cambiar el reglamento de todas las entregas de pensiones de gracia, para establecer que se deben pedir los antecedentes penales de las personas. El reglamento actual, por lo demás, no lo dictamos nosotros. Lo segundo que hemos hecho es modificar la ley para tener la obligación legal de tener los antecedentes y la facultad legal de revocar.

¿Las personas con antecedentes van a seguir recibiendo pensión?

Las modificaciones legales no resuelven el tema de manera retroactiva. No es posible quitarles la pensión a las personas, pero el revisar los antecedentes es algo que el Presidente nos ha pedido. De todas maneras, el tema no pasa por una certeza jurídica completa, porque si nosotros decidimos revocar, la persona recurrirá a la Corte y será en esa instancia en que se determinará si tenemos o no facultades para revocar la pensión. Esa incerteza jurídica es la que estamos buscando resolver. También hay que ver caso a caso, porque hay personas con estallido ocular y que tienen antecedentes penales, como, por ejemplo, una persona condenada por homicidio.

¿No hubo desprolijidad como en el caso de los indultos?

No hubo desprolijidad porque cumplimos rigurosamente la ley que faculta al Presidente para entregar pensiones de gracia, a través de la glosa del presupuesto y del reglamento que se había establecido.

¿Qué se espera de la reunión que tendrán en Venezuela, la próxima semana?

Firmar un acuerdo. Esta es una relación con Interior, lo que es bien inédito, porque normalmente esto lo hace la Cancillería. Ahora las gestiones de la subsecretaria y del embajador han sido claves, pero será una reunión con el subsecretario del Interior de Venezuela y el encargado de crimen organizado de la policía venezolana, y con sus pares de la PDI. Esperamos firmar un acuerdo en materia de crimen organizado y en el tema migratorio.