Marco Antonio Ávila, ministro de Educación: “Quemar un bus o incendiar una sala es atentar contra el pueblo”

Son 162 días los que Marco Antonio Ávila, a punto de cumplir 45 años, lleva como ministro de Educación y en los que ha intentado impregnar un sello propio a una gestión en la que sucedió a Raúl Figueroa, de quien ya no quedan rastros en la oficina ministerial. El actual secretario de Estado, de hecho, cambió la mesa de reuniones por sillones y llenó las paredes con fotografías de los artistas Alfredo Jaar y Paz Errázuriz. Con casi medio año en el cargo, el profesor aborda los desafíos -y también los reveses- que ha enfrentado.

¿Cómo evalúa este tiempo?

Nos ha tocado enfrentar y liderar algunos procesos complejos. Diría que el principal desafío ha sido echar a andar el sistema educativo, pues estuvo detenido casi tres años, con un conjunto de leyes que tenían que implementarse en el gobierno del Presidente Piñera y se vieron interrumpidas por la relación que tuvo el mismo ministerio con el sistema, que entiendo fue una relación distante, poco cercana y de poco diálogo, junto a la pandemia.

¿Hay una autocrítica?

A lo mejor haber avanzado más rápido en los proyectos legislativos, pero eso tiene un fundamento: queremos establecer un gobierno realmente participativo y no quisimos traer los proyectos escritos.

Quisieron suspender el Simce y la Evaluación Docente, pero no prosperaron. ¿Lo considera un fracaso? ¿Será que están equivocados en su apreciación?

No creo que sea un fracaso el que le presentamos al Consejo Nacional de Educación una propuesta para suspender el Simce y si bien eso no fue acogido, sí es importante que habían 11 evaluaciones y quedaron solo cuatro. Y se eliminaron las consecuencias. No es un fracaso. Es un triunfo hacer ver al Consejo que teníamos razón.

¿Y la Evaluación Docente?

Pasó al Senado y vamos a reponer esa indicación, que era hacerla voluntaria. Tiene que quedar muy claro que no estamos en contra de las evaluciones, el problema está cuando los modelos educativos están fundamentados en una rendición de cuentas. Durante la pandemia el sistema funcionó sin ninguna de estas presiones y la innovación y creatividad que surgió espontáneamente fue precisamente porque no estaban estas cosas. Ahí es cuando uno se pregunta de dónde sacan sus conclusiones los expertos, cuando deberíamos preguntar a quienes hemos estado en las aulas. Esto es distinto hoy, porque hay un profesor liderando la cartera.

¿Cómo se hace cargo de la violencia escolar?

Hay que hacer la distinción con los que tienen demandas legítimas y que las expresan por el diálogo. Hemos hecho orientaciones para reformular los manuales de convivencia. El otro grupo es el que se identifica con los liceos emblemáticos en el eje de la Alameda o cerca de Providencia. Ahí lo primero es la condena absoluta. Hemos recomendado a las escuelas que establezcan en sus manuales de convivencia las más altas sentencias. También creemos que cuando esos problemas suceden al exterior de liceos tenemos que ser nosotros los responsables de actuar sobre ellos.

¿Cómo se frena esto?

Los manuales de convivencia establecen un conjunto de sanciones. También necesitamos que los propios establecimientos logren identificar a estos estudiantes y les puedan señalar cómo se aplica el manual de convivencia. Además, necesitamos un compromiso real del mundo adulto. Quemar un bus o incendiar una sala es atentar contra el pueblo, rociar a un profesor con bencina es no creer ni respetar los derechos humanos. No estás hablando de jóvenes revolucionarios, sino de una acción irracional, que raya en lo delictual y que no tiene ninguna profundidad política.

Para el 25 de agosto está convocada una marcha secundaria, ¿teme una nueva revolución pingüina?

Sería lamentable que las y los jóvenes no valolaran nuestra permanente apertura al diálogo. Yo entiendo que presentan varios problemas, pero tienen distintas responsabilidades. Hoy nos tocan las que tienen relación con nuestro programa de gobierno. Los jóvenes tienen que ser conscientes de los problemas que estamos heredando de gobiernos anteriores. Hoy es importante valorar que muchos de nosotros, especialmente el Presidente y algunos de los ministros venimos del mundo de la acción y política estudiantil. Yo soy consciente de esa problemática y hay que resolverlas, haciéndose cargo desde el Estado, pero para eso no necesitamos incorporar más elementos de tensión.

¿Le teme a las movilizaciones?

Para nada. Solo en la medida que sean expresiones pacíficas que no dañen a las personas y que no atenten contra los derechos humanos y los bienes públicos.

En educación, ¿cómo confluye el programa de gobierno con la propuesta de Constitución? ¿Mejor?

No puedo referirme al proceso de la Convención. Lo que puedo decir es que nuestro programa es completamente realizable en términos de que queremos cambiar el paradigma educativo. Ahora, sin duda, reconozco (del borrador) que se señale la existencia de un sistema educativo mucho más cohesionado. Lo segundo, que aparece la mención a profesores y profesoras como elemento central y que se reconozca el valor que tiene en nuestro país la provisión mixta. Hay una tradición que debe mantenerse.

Dice que es “completamente realizable” el programa. ¿Es más fácil con la nueva propuesta?

La educación tiene que lograr ser vista como un derecho social y creo que eso es parte de lo que la gran mayoría del país busca.

¿El ciudadano Ávila, aprueba?

Creo que todo el mundo supone cuál es mi opción.

Gane el Apruebo o el Rechazo, se da por descontado un cambio de gabinete tras el plebiscito, ¿trabaja a contra reloj?

Si bien estamos atentos a los fenómenos y a la agenda política y que tienes en frente una elección bien trascendental, seguimos adelante con el programa.

Lo llevo a lo público y lo estatal. ¿Qué es lo público?

En el sistema educativo es aquello que responde a fines, objetivos y enfoques colectivos.

Y la UC o la U. de Concepción, ¿no entregan un bien público?

Lo pondría desde otro punto de vista: necesitamos una ley de afectividad y sexualidad integral que permita enseñar, por ejemplo, sobre disidencias sexuales. Eso tiene que ver con lo colectivo. Si una institución, cualquiera que sea, se resiste a eso, se aleja de lo público.

Del CAE aún no hay claridad y más allá de la forma -progresiva, unos primeros que otros- le pido un sí o un no, ¿se va a condonar a todos?

Todas y todos serán beneficiados en alguna medida con la solución.

¿Esa “alguna medida” puede significar que a alguien se le condone un porcentaje menor que a otro?

Es posible que sea así, pero lo que es mucho más tranquilizador es decir que todos y todas serán beneficiados en alguna medida.

El programa de gobierno dice “condonación universal”.

El componente de universalidad es que todos serán beneficiados; la condonación no es total.

El votante que dijo “me van a condonar el CAE”, ¿puede sentirse engañado?

No, porque todas y todos serán beneficiados. Y cuando no ha habido una solución, entender que seré beneficiado ya es un aliciente respecto de cómo me están tratando y cómo resolver esta mala política.

¿Cómo explica los datos contradictorios del estudio sobre el CAE que publicaron? ¿Fue apresurado para salir jugando con algo?

No, porque es la primera vez que tienes un cruce universal.

Pero había datos contradictorios.

La interpretación y lectura de los datos es probablemente la ecuación incompleta. Siempre dijimos que era un cruce de rut y SII, eso quiere decir actividad y deudores.

¿Cuál es el cambio de paradigma que quiere implementar?

Tenemos un sistema con muchos elementos positivos. Sin embargo, también se fueron incorporando algunas lógicas de una tecnocracia que poco confiaba en quienes eran los principales actores del sistema: las y los profesores. Muchos de nuestros elementos son un gran sistema de auditoría, donde pareciera que todo puede ser resuelto a través de indicadores que pudieras graficar. Y eso no es así. En nuestro país el Simce se entrena, no es una fotografía auténtica. Hay que evaluar, por supuesto, pero quitarles las consecuencias a las evaluaciones. El cambio de paradigma es el establecimiento de un nuevo contrato social entre el Estado y el sistema.

¿Y por qué Chile debe dar este paso ahora y no lo hizo antes?

Hubo un exceso de tecnocracia en las últimas décadas que creyó ver en este modelo de rendición de cuentas el camino para la mejora educativa y hoy día sabemos que ese modelo no ha resultado y ha fracasado.

¿Cómo se convence de esto? Ya se ha encontrado con resistencia de ciertos sectores.

Un sector, el mismo de siempre.

¿Cómo se convence a ese sector?

Cuando converso estos temas en el Congreso, transversalmente la gente que sabe un poco más de educación entiende que si sigo haciendo lo mismo de siempre no voy a lograr cosas distintas.

¿El cambio debe ser radical?

Nada de lo que estamos planteando es radical. Mantienes lo mismo y lo que haces es decir ‘sigamos evaluando’, como lo vamos a hacer ahora, atendiendo a la decisión del CNED, pero sin ninguna consecuencia este año.

¿Se ha caricaturizado la Educación Sexual Integral?

Hay algunas personas que creen que la educación en afectividad y sexualidad es la enseñanza de sexo, y eso no es así. Hablas de afectividad, de compromiso, de autocuidado, de prevención de abuso, de valoración de todas las personas. Empiezas a reconocer bajo la lógica inclusiva de que somos personas distintas y podemos tener diferencias.

¿Por qué se está generando tan grave ausentismo escolar?

La hipótesis es que en este momento está fundamentalmente asociado a temas de seguridad y salud. Muchas familias todavía están cautas por riesgo.

¿Ayudaría avanzar en reducir las restricciones sanitarias en colegios? ¿Se está planificando algo?

Descartado está no utilizar la mascarilla. Lo que podría modificarse es el protocolo y las cuarentenas, que es distinto y que puede estar incidiendo en la inasistencia.

¿Valora bien la reactivación educativa?

Ese plan avanza. Tenemos niveles de inasistencia grave, efectivamente, pero los datos son que las escuelas están funcionando.