El abogado Máximo Pavez será uno de los cuatro comisionados de la UDI en la Comisión Experta. Al actual vicepresidente del gremialismo le tocó seguir de cerca lo que fue la fracasada experiencia de la Convención cuando fue subsecretario de la Segpres. Si antes fue la contraparte del Ejecutivo con el órgano redactor, esta vez será uno de los protagonistas del futuro Consejo Constitucional.

Pavez ha sido profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica por más de 10 años. Además, es experto en derecho parlamentario. Por casi 11 años ha trabajado como asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, de diputados, senadores y del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Esa experiencia, dice, es la que quiere poner a disposición de este nuevo intento por redactar una propuesta de nueva Constitución.

¿Cuáles cree que fueron los errores del proceso anterior que llevaron al fracaso del 4-S?

El proceso pasado fracasó por el texto, tono, comportamiento, ambiente, por plantear una discusión constitucional desde la revancha, la violencia, la soberbia, el odio y la división. Eso fue derivando en un mal texto, en comportamientos impropios y en actitudes que pugnaron con el sentido común del ciudadano chileno.

¿El diseño de este nuevo proceso quedó con los resguardos para evitar esos errores?

Para generar una buena conversación se requería que el proceso fuera distinto al anterior y que fuera mixto, breve, con menos personas y que no partiera con la hoja en blanco, es decir, que no haya espacio para la refundación de Chile ni para las reivindicaciones exageradas con un ánimo de revancha. El diseño institucional del Acuerdo por Chile tiene por objeto generar los mecanismos para alejar el fantasma de la Convención en cuanto a un ambiente inadecuado con propósitos inconvenientes.

¿Cómo debiese ser el trabajo de los 24 comisionados?

La Comisión Experta tiene que orientar un tono y un tipo de discusión. Eso significa voluntad de diálogo y entender que este es un lugar donde las ideas más identitarias tienen que someterse a un acuerdo para que trabajemos en torno a una Constitución y no a un programa de gobierno. Esto tiene que ser una conversación muy institucional y con sobriedad.

¿Qué principios o ideas fundamentales le gustaría defender en la redacción del anteproyecto?

Tenemos que tener una Constitución nacida en democracia que asegure y resguarde la libertad de las personas. Eso significa la posibilidad de elegir el destino de sus vidas, el destino de llevar adelante todas las iniciativas que las personas quieran en el ámbito económico, cultural y, por supuesto, que las personas puedan elegir las entidades que van a proveer los derechos sociales. Además, me gustaría trabajar para que en la Constitución haya normas y principios que nos permitan tener de verdad un Estado moderno en materia de transparencia y de buen servicio.

¿Qué significa para usted la definición de una de las bases de que Chile es un Estado social y democrático de derecho?

El Estado social y democrático de derecho es una oportunidad para tener un mejor Estado del que tenemos hoy, que es un Estado que a veces llega tarde, llega mal a las soluciones y, salvo excepciones, es un Estado que no es competitivo para proveer derechos y servicios. Un Estado social y democrático de derecho tiene que partir de la base de un Estado que puede ser más activo en la provisión de bienes y derechos que garanticen un piso mínimo de dignidad y bienestar. Todo eso requiere de un estándar mucho mayor del que tenemos hoy en materia de transparencia, eficiencia, eficacia y buen servicio. El Estado social y democrático de derecho tiene que estar orientado a que el Estado pueda ser activo en la provisión de ciertos bienes que aseguren un piso de dignidad, pero sin hipotecar la libertad de las personas para contribuir a la sociedad y para elegir. En ningún caso significa asfixiar la libertad de las personas, ni evitar, ni menos prohibir que las personas puedan concurrir con su libre iniciativa a la creación de otros bienes. En síntesis, el Estado social y democrático de derecho debe ser compatible con la libertad de las personas y su derecho a elegir, a crear y emprender.

¿Qué correcciones al sistema político cree que hay que hacer?

Esas son definiciones que vamos a conversar en colectivo, pero sin duda hay que buscar todas las herramientas para mejorar la gobernabilidad y eso significa que hay que buscar un buen diseño en el cual, en mi opinión, se mantenga el presidencialismo, pero donde el Congreso Nacional como contrapeso principal tenga roles más definidos. Además, hay que mantener la iniciativa del Presidente en materia de gasto fiscal, eso es muy importante.

¿Cómo responde a quienes han reprochado su designación?

Las críticas están centradas en no conocer completamente la trayectoria de muchas de las personas que estamos nominadas. Me tocó ser subsecretario del Presidente Piñera y estoy muy orgulloso de haber contribuido al gobierno, pero eso fue un año de mis 12 de los cuales llevo vinculado a las tareas públicas. He trabajado con muchos ministros, muchos senadores, muchos parlamentarios y, por lo tanto, creo poder ser un aporte en virtud de esa trayectoria a la discusión de los temas institucionales.