Uno de los primeros temas que deberá resolver esta subcomisión -que integran Francisco Soto (Ind.-PPD), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS), Sebastián Soto (Ind.- Evópoli), Natalia González (Ind.-UDI) y Juan José Ossa (RN)- es el régimen de gobierno, es decir, la estructura que organiza un poder del Estado y que define las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Los regímenes tradicionales son el presidencial, semipresidencial y parlamentario. En Chile el régimen de gobierno ha sido tradicionalmente presidencial, un modelo que proviene desde la Constitución de 1833 y que se reforzó en la de 1925.

La Comisión Experta está por mantener el presidencialismo. Por razones políticas, pero también constitucionales. Hay varios expertos que consideran que una de las bases establecidas en el texto vigente restringe hacer una innovación mayor -sobre todo respecto de la opción de instaurar un régimen parlamentario- al establecer que Chile “tiene tres poderes separados e independientes entre sí” y que el país tendrá un “Poder Ejecutivo con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público”.

Si la Convención -gracias a una alianza entre el PC y la UDI- no logró modificar el régimen presidencialista, es un hecho que tampoco lo harán los expertos. Por eso los comisionados adelantan que los ajustes irán a nivel de los detalles.

“Necesitamos mejorar el sistema presidencialista incorporando elementos de colaboración que, en la práctica, van a ser una ingeniería de detalles en el sistema institucional que tenemos”, afirmó el comisionado Francisco Soto.

Son varios los expertos que están conscientes de que el sistema multipartidista debe permanecer, pero que es necesario diseñar normas constitucionales que acoten el mapa de partidos que tienen representación parlamentaria. Desde 2015, cuando se aprobó la reforma electoral que eliminó el sistema binominal, las colectividades que han logrado un escaño en el Parlamento han aumentado sostenidamente.

Los comisionados buscarán fórmulas para pasar de los más de 20 partidos que actualmente hay en el Congreso a, en el escenario ideal, menos de 10 colectividades. “El hecho de que existan tantos partidos políticos con representación parlamentaria si bien puede tener, como se dice coloquialmente, un buen lejos, es un inconveniente para los sucesivos gobiernos”, comentó Ossa (RN), presidente de esta subcomisión.

El diagnóstico es transversal. “Francamente eso es impresentable para la gestión del buen gobierno”, afirmó Osorio (PS) en una sesión de la subcomisión.

La misma idea fue abordada por la experta González (Ind.-UDI): “Hoy día tenemos más de 21 partidos con representación parlamentaria, o sea, saltamos de ocho a 21 en muy pocos años y eso significa que a los presidentes de cualquier color político se les hace más difícil llevar a cabo su programa de gobierno y su agenda”.

Por eso, un mecanismo que corre con fuerza al interior de la comisión es la implementación de barreras electorales. Comunes en experiencias comparadas, esos umbrales consisten en establecer una regla especial para la distribución de los escaños del Parlamento. Esta herramienta estipula que, por ejemplo, no podrán disputar escaños parlamentarios los partidos que no obtengan un determinado porcentaje de votos válidamente emitidos en una zona electoral específica.

Las barreras pueden ser un porcentaje de votos a nivel nacional o a nivel de territorios electorales más pequeños y específicos. Un ejemplo que es mirado con interés por algunos expertos es el de Alemania, cuya barrera es de 5%, o la experiencia española, que tiene un umbral de 3%.

El comisionado Osorio aseguró en enero en entrevista con La Tercera que “el sistema electoral determina el sistema político”. Por lo mismo, son varios los especialistas que aseguran que la Comisión Experta deberá verse en la obligación de regular en el anteproyecto -con mayor o menor detalles- el sistema electoral para evitar la fragmentación.

Pese a que este es un tema de rango legal, la crisis del sistema político no deja otra opción -según el diagnóstico compartido de la comisión- más que constitucionalizar el tema. Los expertos saben que tendrán que hacer la excepción.

Un camino que se asoma es explorar la posibilidad de que en las elecciones parlamentarias se compita en listas cerradas. Eso implicaría que en vez de votar por un candidato, se vota por el partido. Siguiendo esa línea, una idea sobre la mesa es cambiar el sistema proporcional actual por uno mixto que combine escaños electos en distritos uninominales complementado por otros escaños electos de manera proporcional en base al desempeño electoral de la lista a nivel nacional, como es, por ejemplo, el sistema alemán. La desventaja que plantea esta modificación es cambiar la costumbre y tradición chilena de votar por personas para transitar hacia un sistema de voto de listas.

En paralelo, hay varios expertos que esperan crear normas que desincentiven que los parlamentarios, una vez electos, renuncien a sus partidos. Una opción es que el escaño se quede en el partido, por lo tanto, si un congresista renuncia a su colectividad, pierde su puesto y esta designa a otra persona. Todo ello implicaría reforzar a los partidos políticos, y una alternativa podría ser traspasar la democracia interna de las colectividades -el control del padrón, la elección de directiva, entre otros aspectos- a organismos externos como el Servel.

El trasfondo de esto apunta a hacerse cargo de la alta fragmentación del sistema político. “En Chile siempre ha existido el multipartidismo, pero el multipartidismo no debe confundirse con la extrema fragmentación del sistema político, que es cuando el multipartidismo deja de responder a ideas, a programas de gobierno, y comienza a responder a caudillos, a líderes o a intereses particulares”, dijo Osorio. El comisionado socialista tiene interés en pensar normas que apunten a reforzar la “disciplina parlamentaria”.

En este ítem una alternativa preliminar será dotar a los presidentes de la República de “una caja de herramientas” más útil para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad. La experta Antonia Rivas (CS) comentó en una entrevista con La Tercera que hay que buscar un “sistema político que habilite la política y permita que sea quien sea la fuerza política que gobierne, lleve adelante su programa”.

Eso implicaría avanzar hacia un “presidencialismo de coalición en un sistema multipartidista”. Estos ajustes podrían direccionarse para fomentar la coordinación del gobierno con su conglomerado. Cuando el experto Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), actual vicepresidente de la Comisión Experta, expuso en la Convención sobre este tema, abordó el punto. “Por ejemplo, pienso en herramientas para conformar el gabinete, facilitar el tránsito desde el gobierno al gabinete y viceversa. E incluso, y esto lo digo con algo de temor, eliminar la regla de la incompatibilidad (entre ser ministro y parlamentario). De esa forma se fideliza, se genera lealtad entre el oficialismo y el gobierno”, comentó Soto hace más de un año.

Estas opciones habría que acompañarlas de reformas para crear incentivos de colaboración entre el gobierno y la oposición, como compartir las urgencias, evaluar la iniciativa legislativa parlamentaria y sobre todo hacer calzar la elección parlamentaria con la segunda vuelta presidencial. En este paquete de ideas se evaluará, además, una posible ampliación del periodo presidencial y ajustes al periodo de los parlamentarios.

El comisionado Soto, además, pidió revisar las urgencias legislativas que, según dijo, “nunca desde 1925″ han sido eficaces en sus plazos. También solicitó reflexionar sobre las acusaciones constitucionales: “Se han transformado en un instrumento para la responsabilidad política y no para la responsabilidad constitucional. Una de mis sorpresas fue que la Convención no se hizo cargo del problema y nosotros tenemos que abordarlo”.

Otro punto que se debatirá será la disminución de las atribuciones del Presidente para elevar las del Congreso, como por ejemplo, reformar algunas designaciones que son de competencia del Ejecutivo. Una de ellas podrían ser los embajadores, para que sean designados con acuerdo del Congreso o de una de las cámaras.

Otro paquete de normas apuntará a revisar el proceso de elaboración y tramitación de leyes en el Congreso -que en palabras de Francisco Soto sigue “prácticamente igual desde el siglo XIX”- y dotar de mayor poder para tomar decisiones a los gobiernos regionales.

Un aspecto que probablemente concite mayores disensos será la opción de incluir escaños reservados indígenas y la paridad, algo que, según la ministra Segpres Ana Lya Uriarte, pasó de ser “un principio a una realidad”.

“Tenemos una obligación con la paridad (...) Necesitamos un sistema político que no margine, como el actual, a los pueblos indígenas que habitan en este país llamado Chile antes de la colonización”, dijo ante la subcomisión la experta Rivas.