Para que alguien sea comandante en jefe de la Armada, primero debe completar una carrera que, en general, dura 30 años. Considerando ese plazo, sumado a que las primeras cadetes ingresaron en 2007 a la institución y que se requiere, además, cumplir un lustro dentro del Alto Mando, deberán transcurrir al menos 25 años para que una mujer sea nombrada en ese puesto. Dicho de otra forma, solo en 2047 una oficial de mar podría ocupar el puesto más importante de esta rama de las Fuerzas Armadas.

Lo mismo se repite en el Ejército y la Fuerza Aérea, aunque allí la espera será menor. En estas ramas, que abrieron cupos femeninos en 1995 y 2000, respectivamente, restan 18 años para que las mujeres en carrera puedan ser candidatas a encabezar sus instituciones. Es decir, recién en 2040. Por ahora, en ambas instituciones la presencia femenina está en torno al 20%. Misma proporción que tiene Carabineros en su personal.

Actualmente, en la policía uniformada hay cinco oficiales generales en el alto mando, que está integrado por 41 funcionarios. Pero allí, cumpliendo los tiempos de ascensos y requisitos legales, cualquier oficial general, independiente de su género, puede acceder hoy al máximo cargo.

Esta realidad no solo se replica en espacios altamente jerarquizados. Tanto en el sector público como en el privado, y pese a los avances alcanzados en los últimos años, la presencia de mujeres en espacios de poder y decisión aún es acotada. Y hay preocupación entre quienes miran con atención estos procesos, por el rezago que podría generar la pandemia y la salida de mujeres desde el mercado laboral.

Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres, señala que “la pandemia produjo un aumento de la brecha entre hombres y mujeres, porque se redujo la participación laboral femenina, que es el piso base para que a posteriori las mujeres lleguen a los altos cargos, de mayor responsabilidad”. Eso sí, señala que una señal de esperanza es que en los directorios privados, donde antes de la pandemia se había logrado representación femenina, esta, al menos, no retrocedió.

Durante 2021, Heike Paulmann Koepfer se convirtió en la primera presidenta del directorio de Cencosud. Es la única mujer de un directorio de nueve hombres. Sin embargo, en empresas como Soquimich o Entel, los altos cargos son masculinos en su totalidad. En el rubro de los servicios básicos, Enel sólo tiene dos mujeres de los seis integrantes del directorio: Mónica Girardi e Isabella Alessia. La misma cantidad repite Aguas Andinas, que tiene en los restantes cinco cargos a varones. Y en el sentido opuesto, TVN tiene un directorio compuesto casi en una mayoría absoluta por mujeres, sólo lo integra un hombre.

El informe de gestión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), handbook de género 2020, precisa que las 30 compañías del Ipsa suman a 1.615 ejecutivos en sus directorios. De ellos, solo 160 son mujeres, es decir, apenas el 10,1% ha llegado a los puestos más cotizados.

Fernanda Vicente, presidenta y fundadora de Mujeres del Pacífico -ONG que visibiliza a mujeres del rubro del emprendimiento-, analiza que tras la pandemia y de cara a 2022, “ya no existen los espacios vedados para las mujeres. El avance va a ser mucho más rápido de lo que creemos en todo el mundo y a todo nivel. Lo que antes pasaba en cinco años, ahora pasa en tres”.

Y es que en ello, proyecta Jünemann, tienen directa influencia los hitos políticos del año que recién pasó. “En el área pública tuvimos la primera Convención Constitucional paritaria del mundo, y con dos mujeres, Elisa Loncón y Elisa Quinteros, presidiéndola de forma consecutiva. También se suma la entrada en vigencia de la ley de paridad 40%-60% para las empresas del sector público. Y a nivel de la elección presidencial, quedó clarísimo que fueron las mujeres quienes definieron el balotaje”, comenta.

Así, de cara a la presentación del futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric -quien ha dicho que será paritario-, hay un dato que toma relevancia: en el Poder Ejecutivo solo existen dos ministerios que jamás han sido ocupados por una mujer, en más de 200 años de historia: Interior y Hacienda. Y fuera de los cargos ministeriales en el Estado, con 114 años de historia y 22 directores a su haber, el Servicio de Impuestos Internos (SII) solo ha sido dirigido por hombres. Lo mismo en el Banco Central, que fue creado en 1925 y nunca ha tenido a una presidenta, o en la Contraloría General de la República, fundada dos años más tarde.

Aunque en esta última se abre una posibilidad: a fin del próximo año el actual contralor, Jorge Bermúdez, termina su período. Así, se generará una instancia para que el Presidente nomine a una mujer y sea ratificada por los tres quintos del Senado.

“Un reflejo de los cambios que están ocurriendo en la sociedad”. Así define Natacha Pino Acuña (45) la nominación que en 2019 la llevó a inscribir su nombre en la historia como la primera rectora electa en Chile, a la cabeza de la Universidad de Aysén. “Si no ocurrió antes, es porque no era tan aceptado. Me da la impresión de que todo tiene que ver con este cambio de mentalidad”, dice.

Pino ya no está sola. Dos mujeres obtuvieron el año pasado, en las urnas de sus respectivas sedes, el máximo cargo en esta rama de la educación superior: Elisa Araya, en la U. Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce), y Marisol Durán, en la U. Tecnológica Metropolitana (Utem).

Las tres académicas son las únicas mujeres en el Consejo de Rectores (Cruch), que está integrado por 30 universidades públicas y privadas. Una ecuación que, según ellas estiman, debiera avanzar en paridad durante los próximos años, considerando que cuando Pino fue electa, solo un 20,5% de los cargos de vicerrector(a) y rector(a) eran ocupados por mujeres, de acuerdo a la Fundación Aequalis.

Para Pino, ellas deben “jugar un rol y atraer a otras mujeres que también son capaces de dar ese paso”. Si bien no hay una estimación, algunos planteles, como las universidades de Chile o la de Concepción, tienen elecciones este año, donde se espera postulen mujeres para encabezar las rectorías. “Hay muchos rectores dispuestos a que su continuidad sea una mujer”, precisa.

Roxana Pey, coordinadora de la Cátedra Amanda Labarca de la U. de Chile, señala que son múltiples las causas de la poca representatividad de la mujer en las tomas de decisiones educativas, las que van “desde lo cultural hasta el prejuicio”. “Hay una discriminación, pero también hay muchos aspectos institucionalizados que desfavorecen a las mujeres, no hay una igualdad en el cuidado de los hijos ni en las remuneraciones. Entonces se va acumulando un conjunto de discriminaciones que terminan perjudicando”, sentencia.

En paralelo, las casas de estudio han avanzado en esta materia, con programas e iniciativas que persiguen dar más representatividad a las mujeres no solo en las bases, sino también en los puestos de toma de decisión.

En 1896 ingresaron las primeras mujeres a la recién creada Policía Fiscal de Santiago, antecesora de la Policía de Investigaciones (PDI). Nicolasa González, Margarita Vásquez y Francisca Gamboa fueron las primeras agentes que se integraron esas filas.

“Solemos decir que las mujeres no se incorporan a la PDI, sino que nace con las mujeres desarrollando tareas propias del servicio”, asegura Consuelo Peña, jefa de la región policial de La Araucanía. Las mujeres comenzaron a integrar el alto mando en 2005: hoy hay cuatro de ellas, específicamente en jefaturas operativas policiales.

En 2018 se alcanzó la cifra más alta en la PDI: el 32,5% del personal. Un año después se autorizaron las denominaciones femeninas para los grados policiales.

¿Una directora general? A diferencia de lo que ocurre en las FF.AA., es probable en un plazo menor. Según establece la ley, para que el Presidente pueda nombrar a un director o directora general, esta debe estar dentro de las ocho antigüedades. Y si bien -aclaran desde la PDI- actualmente no existen mujeres en esa condición, esto podría ocurrir durante el período del actual director general. Por ende, ese hito se podría alcanzar en la próxima nominación de 2026.

A nivel judicial la situación es más compleja. En 2001 por primera vez una mujer ingresó a la Corte Suprema en calidad de ministra: María Antonieta Morales. Y hace menos de un mes, la ministra Andrea Muñoz presidió la corte en calidad de presidenta subrogante. Pero hasta ahora, oficialmente, nunca una abogada ha ocupado ese cargo.

Actualmente, de los 21 ministros de la Corte Suprema, siete son mujeres. Danitza Pérez, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) apunta al proceso constituyente para revertir esta situación. “Es muy importante hablar de la necesidad de incorporar criterios de paridad en la conformación de las cortes y tribunales. La forma en la que se han elaborado estas políticas ha sido absolutamente insensible del género, creada y pensada para hombres”, dice Pérez, ejemplificando con la priorización de antigüedad por sobre el mérito.

A nivel de fiscalía la situación no cambia mucho: de las 19 fiscalías regionales, cuatro están dirigidas por mujeres. El cargo de fiscal nacional ha sido ocupado por tres hombres desde su creación, nunca por una persecutora.

Aunque este año se abrirá el proceso para designar al sucesor de Jorge Abbott, y con ello una oportunidad para torcer la tradición. En cambio, en la Corte Suprema esto tomará más tiempo: el ministro Juan Eduardo Fuentes concluye su período en 2025 y solo en esa fecha habrá definiciones.

Más allá de las barreras de antigüedad de ciertas instituciones jerarquizadas, ¿qué falta para que más mujeres copen estos espacios?

Para la presidenta de ChileMujeres, la redacción de una nueva Constitución, que termine asegurando la inclusión efectiva, sería un impulso.

“La nueva Constitución puede ser una herramienta efectiva para acelerar la disminución de las enormes brechas de género que aún tenemos en nuestro país. Por eso, como Fundación ChileMujeres hicimos a la Convención propuestas de dos artículos: uno general sobre la libertad, la igualdad ante la ley y la no discriminación, y otro específico de igualdad de derechos y oportunidades laborales, ambos con un rol activo del Estado”, dice Francisca Jünemann.

Por otro lado, Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de ComunidadMujer, agrega que “hay mucho que hacer, como ir despejando las barreras que son más estructurales, que se traducen en las dificultades de las mujeres, tanto para acceder como para desarrollarse en el mundo del trabajo. Ahí están todos los temas del cuidado, de la falta de corresponsabilidad; necesitamos modernizar el Código Laboral chileno, que carga todo el costo de la maternidad de las mujeres y eso se traduce en mayor brecha salarial. También hay otras leyes que no han logrado ser reformadas, como la de sala cuna, que es un gran desincentivo de la contratación de trabajadoras”.