El camino de la abogada Natalia González -independiente en cupo UDI- siempre ha estado ligado a las políticas públicas. Sus inicios se dieron en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet trabajando como asesora del exministro de Hacienda Andrés Velasco en el “cuartito azul”. Luego se fue a perfeccionar con un máster en derecho en la Universidad de Chicago. A su vuelta siguió trabajando como asesora durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera en las carteras de Energía y Hacienda.

Con el paso del tiempo terminó en Libertad y Desarrollo (LyD), donde hasta el año pasado era la directora del área constitucional. En la actualidad tiene un rol consultivo como consejera de políticas públicas.

Hoy es integrante del Consejo para la Transparencia. Pese a que no existe incompatibilidad, ha conversado con el organismo para hacer uso de un permiso sin goce de sueldo para la primera etapa del proceso constitucional -de marzo a comienzos de junio-, periodo en que los comisionados redactarán el anteproyecto.

¿Cuál es su evaluación del diseño de este segundo proceso?

El diseño que hoy día se plantea es razonable, porque combina adecuadamente la experiencia política con la experiencia técnica, académica o de políticas públicas. Una de las falencias del proceso anterior es que se hizo caso omiso de la técnica y de la tradición constitucional. Este proceso contempla una cuestión fundamental en cualquier democracia representativa, que es que tiene pesos y contrapesos internos.

¿Cuáles cree que fueron los errores del proceso anterior?

La mayor crítica que tengo de ese texto es que se transformó en un proyecto refundacional en una dirección contraria al sentido común de la ciudadanía y contrario a nuestros aprendizajes institucionales anteriores. Los países no legislan ni se imponen reglas desde cero. Lo hacen tomando como base los aprendizajes que esas regulaciones van dejando. El texto era muy preocupante, porque principios básicos como el Estado de Derecho, la separación de poderes, el control entre esos poderes, los pesos y contrapesos, fueron puestos en tela de juicio.

¿Cuál es el riesgo más grande que tiene este segundo proceso?

Uno de los desafíos será honrar las reglas que nos ha puesto el Parlamento. Esas reglas son las 12 bases institucionales. Cuando miras las bases, en algunas de ellas la apertura con la que están escritas podría dar lugar a distintas interpretaciones. Quienes cumplamos un rol en la Comisión Experta tenemos que honrar de buena fe la letra y el espíritu de las 12 bases, porque ellas son el fruto de nuestra tradición constitucional y del proceso fallido anterior. Hay un riesgo en esa interpretación y espero que todos juguemos en la cancha de la buena fe.

El texto anterior fue calificado como maximalista. ¿Le gustaría que el de ahora sea mínimo?

La Constitución no debe ser vista como un instrumento de política pública. En el proceso anterior esos planos se confundieron y, ahora, uno de los desafíos es ponerle límites a esa construcción y entender que hay cuestiones que son constitucionales y otras que no.

¿Qué ideas pretende defender en la redacción del anteproyecto?

Estamos llamados a defender las bases institucionales esenciales, como la separación de poderes clara, pesos y contrapesos al poder, garantías y libertades efectivamente protegidas, no solo declaradas, sino que con sistemas de protección y de reconocimiento efectivo. Tenemos un sistema político que ha sido deficiente producto de una mala reforma al sistema electoral, que derivó en una excesiva fragmentación que hace muy difícil la gobernabilidad. Eso es lo que hay que corregir.

¿Qué rol le gustaría que tuviera la derecha en la comisión?

Todos, no solo la derecha, debemos tener un rol constructivo y de diálogo responsable con miras a proveer un anteproyecto serio. Si el diálogo es transparente y con argumentos, es compatible con una discusión enriquecedora.

¿Cómo responde a las críticas que ha recibido por su perfil? Hugo Herrera reprochó su vinculación con LyD.

No conozco al señor Herrera, ni su trabajo ni su motivación para atacarme a mí o a la institución en la que me desempeñé. Tampoco conozco sus razones para emprenderlas contra personas muy valiosas que actualmente trabajan en LyD. Me parece una cobardía valerse de las caras visibles de una institución para deslizar críticas injustas hacia los profesionales jóvenes y talentosos que ahí se desempeñan. Lo suyo es un insulto a nuestra libertad, autonomía y raya no solo en lo obsesivo, sino en expresiones calumniosas.

¿Cree que es como exigir requisitos más amplios?

Cuando el Congreso decide hacer una reforma constitucional poniendo requisitos a quienes vamos a integrar la Comisión Experta, se traza una regla muy clara. Bajo esa regla no existe incompatibilidad con el trabajo presente o pasado en un centro de estudios o, en mi caso, ser parte de sus consejos consultivos. Me resulta altanero, arbitrario y contrario al Estado de Derecho que personas erijan sus criterios morales u otros por sobre el Parlamento para exigir requisitos ulteriores o ir más allá de la ley. Ese rol no le corresponde a nadie.