Hace seis años, el excomandante sandinista y Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (75) llegó a la Plaza de la Revolución en Managua a bordo de una comitiva de cuatro camionetas Mercedes Benz G63 V8 AMG blindadas, cada una valorada en más de US$ 178 mil, para el aniversario del natalicio del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca. Esta semana cuando se volvió a conmemorar la fecha el 23 de junio, el mandatario reapareció tras un mes en silencio acusando una conspiración internacional para realizar un “golpe de Estado” en su contra y rechazó la condena internacional por la detención de hasta ahora 19 opositores, de los cuales cinco son precandidatos presidenciales que intentan desbancar al orteguismo tras 15 años en el poder, en las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre.
La última declaración de patrimonio del autoproclamado “presidente de los pobres” data de 2002, cuando señaló contar con más de US$ 217 mil en las arcas familiares. Desde ese momento el líder del FSLN acumula un largo historial de nuevos ingresos de dinero. Tras liderar el país por primera vez entre 1985-1990 perdió los comicios de 1996 y 2001 para luego volver a la presidencia en 2007.
El exguerrillero calificado como un “hábil, desconfiado y frío político” recibió la venia de la Corte Suprema para buscar su segundo periodo consecutivo en 2012. Después modificó la Constitución en 2014 para asegurar su tercera reelección en 2016, pero antes de terminar el que hasta ahora es su último mandato el próximo año pretende en noviembre asegurar una quinta elección.
En más de una década el sandinismo expandió su control al Legislativo y el Poder Judicial cercando a la oposición, mientras la familia presidencial consolidó una serie de negocios millonarios que incluyen empresas energéticas, combustibles, turísticas y telecomunicaciones, con los que amasan una fortuna “incuantificable” ante el secretismo gubernamental.
En 1998 Ortega admitió que el entonces líder libio Muammar Gaddafi le entregó dinero para el FSLN y sus finanzas personales. Según la BBC, el apoyo “oficial” dejó a Libia una deuda de US$ 313 millones. Para la campaña presidencial de 2006, Ortega logró el respaldo del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez que posterior a la victoria sandinista donó US$ 6 millones, lo que fue solo el inicio de las transacciones entre ambos países.
Los lujos han sido un sello de Daniel Ortega, su esposa y Vicepresidenta, Rosario Murillo (70), y de sus nueve hijos sin contar a la primera hija de Murillo, Zoilamérica con quién no tienen vínculo desde que en 1998 denunció por abuso sexual a su padrastro, el mandatario nicaragüense. La familia vive en una “fortaleza”, como es descrita la casa en El Carmen, rodeada por un muro de un metro, vallas de metal, “miguelitos” y francotiradores. La propiedad confiscada al exvicepresidente Jaime Morales (2007-2012) fue ampliada y ahora utiliza varias cuadras a la redonda, entre ellas siete casas ajenas, calles y un pequeño estadio en el que Ortega ejercitaba, según el diario El País.
Los lujos de la familia
Los Ortega-Murillo posicionaron en cargos clave a sus descendientes. Laureano Ortega (39), fungió como asesor presidencial en inversiones extranjeras y entre sus pasiones -además de los relojes rolex de US$ 40 mil- está la ópera, por lo que creó el Teatro Nacional de Managua y respaldado con la fundación familiar Incanto -que según una investigación del diario Artículo 66 recibió en solo tres años alrededor de US$ 250 mil del presupuesto público- fundó el festival Pucciano en el que participa cada año como tenor.
Aunque no es el único festival lanzado por la familia. Camila Antonia Ortega (33) lanzó la iniciativa Nicaragua Diseña, una especie de “semana de la moda” después de participaciones como modelo.
El encargado de los negocios locales y el petróleo es Rafael “Payo” Ortega (53), primogénito de Murillo y al igual que Carlos Enrique (44) fueron adoptados por Ortega. De acuerdo al diario El País, la cooperación petrolera del gobierno de Venezuela suma más de US$ 3.500 millones, dinero que permitió crear y controlar un sistema de distribución de combustibles en Nicaragua. Justamente la esposa de Rafael, Yarida Leets es dueña de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), propietaria de las bencineras de todo el país.
El periodista Juan Carlos Ortega (40), es el director de la agencia audiovisual Difuso, que presta servicios al gobierno nicaragüense y tiene un grupo de rock llamado Ciclo. Esta casado con la exmiss Universo de Nicaragua, Xiomara Blandino. Según el portal Infobae, en 2015 el ministerio de Turismo entregó US$ 400 mil para financiar la película Drunk Wedding de Paramount Pictures, en la que participa el heredero y que fue un “fracaso” en la taquilla porque recaudó US$ 3 mil.
Los demás descendientes tienen un perfil más bajo. Daniel “Tino” Edmundo (41), es el primer hijo biológico de Ortega y Murillo”, y un fanático del baseball, y la menor es Luciana Catarina (32), una reconocida maquilladora. Entre todos los hijos se han repartido el control de los medios de comunicación que han adquirido, como el canal 4, 6, 9, 8 y 13, así como la Nueva Radio Ya, Radio Nicaragua y Radio Sandino y el portal 19digital. La plataforma Connectas señaló en febrero pasado que los hijos de la pareja presidencial se han beneficiado con contratos estatales de telecomunicaciones por US$ 936 mil.
“La razón de la permanencia en el poder de Ortega es continuar acumulando riquezas e impunidad. La fortuna que tiene la familia no es estática porque al controlar el combustible y la electricidad la capacidad de generar riqueza aumenta, lo mínimo al 2018 de la fortuna es más de US$ 2.700. Más allá de la apropiación de la cooperación venezolana, Ortega está exprimiendo los bolsillos de los nicaragüenses porque tienen la más alta tasa de utilidad de los negocios de combustible es en Nicaragua. Ortega está acostumbrado a la condena internacional, pero le duelen las sanciones a los negocios”, relata a La Tercera el economista nicaragüense Enrique Saenz.
Sanciones internacionales
Desde el estallido social nicaragüense de 2018, que dejó más de 300 fallecidos en las protestas y múltiples denuncias de represión policial, la comunidad internacional ha implementado varias rondas de sanciones contra familiares, funcionarios y empresas ligadas al orteguismo, entre ellos Rosario Murillo y cuatro hijos.
Uno de los primeros multimillonarios conglomerados en caer en la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU fue Alba de Nicaragua (Albanisa), parte de un convenio de cooperación entre Nicaragua y Venezuela que habría generado ingresos por más de US$ 4 mil millones y cuyo 51% era de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Luego se sumaron sanciones al Banco Corporativo (Bancorp), cuyo fideicomiso está valorado en US$ 2.500 millones, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) y otros nueve negocios -entre ellos hoteles y productoras- quedaron en muerte financiera.
Esta semana y después de una decena de detenciones centradas a los precandidatos opositores EE.UU. estaría ad portas de nuevos castigos contra la familia Ortega Murillo por “autoritarismo y corrupción”.
La reciente aprobación de la ley de Reforzamiento del Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral de Nicaragua (Renacer) que ahora debe ser aprobada por el Senado, propone que la Casa Blanca promueva “gestiones diplomáticas” con otros países para “imponer sanciones selectivas” a ciudadanos clave del gobierno. Además, busca revisar la participación del país en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (DR-Cafta). Una eventual salida del acuerdo comercial le costaría al gobierno de Ortega alrededor de US$ 1.500 millones en exportaciones.
“Hasta ahora no se conoce un impacto directo de las sanciones a Ortega. Las sanciones lo único que hacen es congelar bienes que tengan en el extranjero, pero se pueden empezar a dar incentivos a los testaferros para que delaten el origen de los bienes. En un espejo venezolano se asume que, al igual que Nicolás Maduro, Ortega hará las elecciones que obviamente ganará para después convocar un diálogo. La gran diferencia es que Venezuela tiene recursos naturales, petróleo por lo que aún con bloqueo y sanciones logran estar en el mercado internacional, pero si a Nicaragua le cortan los créditos enfrentará un proceso de decadencia económica”, señala a La Tercera Harold Rocha, experto nicaragüense en derecho internacional.
La comunidad internacional busca presionar al gobierno de Ortega para asegurar unas “elecciones libres y justas”. El segundo país más pobre de América Latina está quedando cada vez más aislado en la región. Sus aliados políticos como Venezuela y Bolivia, Argentina y México que se abstuvieron de firmar una carta de presión de la OEA, pero convocaron a sus embajadores a volver a sus países para consultas ante las “preocupantes acciones” de Ortega.b
