El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, anunció ayer el inicio del proceso de salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio de la crisis de legitimidad y los cuestionamientos a las elecciones del pasado 7 de diciembre, donde Daniel Ortega fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo.
Siguiendo las instrucciones del jefe de Estado, Moncada presentó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una denuncia por “intromisión” en los asuntos internos de Nicaragua, después de las “continuas muestras de injerencia”. “Frente a las acciones violatorias de la OEA y Estados Unidos, manifestamos nuestra renuncia a esa organización, instrumentalizada bajo intereses del país norteño”, anunció el canciller del país centroamericano.
El proceso de salida dura dos años, plazo en el cual Nicaragua debe cumplir con obligaciones que tenga pendientes con el organismo regional, con sede en Washington.
Elecciones cuestionadas
Después de las elecciones del 7 de diciembre, en que el Presidente Daniel Ortega salió reelecto luego de encerrar a los líderes y candidatos más importantes de la oposición durante la campaña, la relación entre Managua y la OEA se agrió definitivamente. Según una resolución de la Asamblea General, aquellas elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes, y no tienen legitimidad democrática”. Por lo mismo, se estaban evaluando que medidas tomar en contra del régimen sandinista.
El 12 de octubre, ocho países –entre ellos Chile– apoyaron un proyecto de resolución de condena en la OEA a Nicaragua. En virtud de la Carta Democrática Interamericana, a la cual suscriben los países miembros, “se puede suspender a un Estado miembro si se rompe el orden democrático y la diplomacia no ha dado resultado”.
Tanto Washington como Londres anunciaron sanciones para distintos funcionarios e instituciones nicaragüenses. El Departamento del Tesoro norteamericano hizo pública una lista de sancionados, entre ellos el MinisterioPúblico, acusado de perseguir y encarcelar a opositores de Ortega.
En Reino Unido se anunciaron prohibiciones de viaje y congelación de activos a ocho funcionarios de alto rango en Managua, incluyendo a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
