La semana ha sido dura para el oficialismo, y la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, lo reconoce. Una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de Revolución Democrática (RD) golpeó a toda la alianza de gobierno. Para algunos, se convirtió en la mayor crisis que han debido sobrellevar. Y los dardos del presidente RD, Juan Ignacio Latorre, al ministro Carlos Montes (PS) solo complejizaron el panorama.
En esta entrevista, Vodanovic aborda el asunto y dice que hay que esperar lo que diga la investigación del Ministerio Público, pero que los partidos deben cumplir con su parte: ”Reforzar las medidas de probidad”.
El oficialismo ha pasado por varias crisis, pero algunos apuntan a que esta es la más grave. ¿Coincide?
Espero que rápidamente se señale desde cuándo y en qué condiciones se han hecho estas transferencias. Es bien importante delimitar cuál es el real ámbito de este tema: cuántas fundaciones están involucradas, quiénes las componen. Eso me parece importante, sin ningún ánimo de exculpar a quienes puedan haber tenido intervención en hechos que la justicia debe calificar si son ilícitos o no.
Pero de lo que se sabe hasta el momento, ¿considera que es el peor momento para el gobierno?
Lo que se sabe en este momento es que hay dos personas relacionadas a un partido: uno forma una fundación y el otro le hace transferencias. Ambos están ligados de alguna manera a la diputada de Antofagasta (Catalina Pérez). Lo que nosotros necesitamos saber es si estos hechos son constitutivos de delito, si hubo tráfico de influencias, distracción de recursos públicos. Hasta ahora, sabemos la relación entre las personas.
¿Cuánto golpearía al gobierno que se demostrara un delito?
Siempre es grave que haya hechos que afectan la confianza. Todos debemos estar en la misma sintonía de pedir que se apliquen las medidas más drásticas que pueda en esto y también que haya una revisión del sistema. Así lo hemos hecho los presidentes de partidos, en orden a que se revise este sistema de asignaciones directas que está vigente desde 2019.
¿Cómo evalúa la respuesta de los partidos de gobierno, y especialmente de RD?
El presidente de RD ha dicho que tomaron la decisión de querellarse en contra de todos quienes resulten responsables. Van a tomar medidas, no solo contra los dos militantes que están involucrados, sino también en contra de la diputada, en orden a que el Tribunal Supremo determine si se suspende su militancia. Son medidas necesarias, que deben compatibilizarse con el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero evidentemente, dado el rol que tenían estas tres personas -una diputada, un seremi y un asesor-, con mayor razón debe haber un estándar superior en orden a las exigencias que se hagan.
¿Qué le parecieron las explicaciones de la diputada Pérez? Ella argumenta que no tenía idea del conflicto y que es algo que ocurrió entre dos hombres adultos.
Son responsabilidades personales. Es importante que se esclarezcan los hechos judicialmente. Ahora bien, políticamente, siendo tres personas militantes destacadas del mismo partido y existiendo un vínculo personal de ellos, también es comprensible que desde la ciudadanía se cuestione a la diputada Pérez. Ella tendrá que acreditar lo que ha señalado.
¿Usted confía en que ella no sabía? Para algunos, y dado el lazo, es difícil de creer.
Más importante que si sabía o no, es si ella tuvo participación en los hechos. Eso es resorte de la investigación judicial. El hecho de haber intervenido en la asignación de los recursos sería de máxima gravedad.
¿Pero le cree?
No me corresponde a mí juzgar una situación que está en conocimiento de las instituciones.
Este hecho golpea fuerte al Frente Amplio. Ellos nacieron porque no querían reproducir estas malas prácticas. ¿Qué pasa con ese discurso?
El Presidente Boric fue bastante enfático al señalar que precisamente, por ser personas ligadas a la coalición de gobierno, deben tener un estándar mucho más exigente. Me parece que eso es lo que todos debemos hacer desde los partidos: reforzar las medidas de probidad, exigir un compromiso mucho mayor de quienes están en el servicio público.
¿Se equivocó el senador Latorre al decir que el ministro Montes estaba al tanto de esta situación?
Cuando hay distintos niveles de responsabilidad, no se trata de endosarle el problema a uno o a otro, porque finalmente la complejidad de esto abarca distintos niveles. Pero finalmente el esclarecimiento de los hechos y de la información tiene que provenir del Ministerio de Vivienda.
¿Fue un error, entonces?
Se lo hice ver a él (Latorre) en términos no de que fue un error, sino de que no creo que colabore en absoluto a la solución del problema el hecho de imputarse eventuales responsabilidades entre unos y otros. El propio senador Latorre me aseguró, y así lo hizo también cuando conversó con el ministro Montes, de que esa no había sido su intención, sino más bien señalar que se habían tomado todas las acciones desde el ministerio para obtener prontamente la información.
¿No queda en un pie complejo el ministro después de esto? De alguna manera se reabre la disputa de las dos almas...
No creo que tenga que ver ni con edad ni con coaliciones de gobierno, sino más bien con la unidad con la que se deben enfrentar las problemáticas cuando son temas que tienen que ver con el actuar, en este caso, de un ministerio. Lo dije hoy (ayer) en la reunión de partidos políticos: cuando el problema es de uno de los partidos, finalmente tenemos que actuar en conjunto para poder dar soluciones. Aquí no se trata de hacer una caza de brujas, sino más bien de hacer propuestas que sean enfocadas en darle garantías a la ciudadanía de que si hay hechos ilícitos se van a investigar, se van a castigar y de que no se van a volver a repetir.
La oposición ha deslizado que este caso es similar al Caval, que golpeó al gobierno de Michelle Bachelet. ¿Son comparables?
Yo le pediría a la oposición que intente ser constructiva. Más que buscar comparar situaciones, debemos abocarnos como clase política a impedir que ocurran estas situaciones. Esto no le hace bien a la política en general, porque la ciudadanía termina desconfiando en base a hechos que todavía están siendo investigados. Yo pediría prudencia.
¿Pero no identifica similitudes con el caso Caval?
No podría yo identificar similitudes, porque el caso Caval fue un caso que se investigó por años. Recientemente se le ha puesto término, hace pocas semanas. Me parece que si la justicia demora tantos años en esclarecer los hechos, no soy yo quien pueda juzgarlos (a ellos) tan anticipadamente.
¿Qué tan dañada queda la confianza de la ciudadanía con la clase política? Ya venía a la baja por otros temas.
Es que se conocen datos, pero sin un análisis. Insisto, no es mi voluntad en ningún caso bajar el perfil del problema. Pero sí me parece que tenemos que conocer todos los antecedentes. Mientras no tengamos claridad de lo que realmente estamos hablando, es muy difícil hacer un diagnóstico. Me parece urgente que la ciudadanía cuente con toda la información: de cuántas transferencias se han hecho, a qué fundaciones, desde qué época, quién cambió este sistema en 2019 y para qué pasar de un sistema que existía de una forma a estas transferencias directas.
¿Considera necesaria la salida de la subsecretaria de Vivienda? Hay parlamentarios que condicionan el apoyo a los proyectos del gobierno a su permanencia.
Los subsecretarios y subsecretarias son los jefes del servicio, son quienes tienen la supervisión administrativa de cada ministerio. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa que tendrá que ser señalada por la Contraloría en esto, si es que hubo o no una responsabilidad administrativa. Más allá de eso, por supuesto, siempre está la responsabilidad política, que es el Presidente el que puede ejercer.
Con los actuales antecedentes, ¿cree necesaria la salida de Rojas?
Me quedo con lo que dijo el ministro Montes: la subsecretaria contaba con la confianza de él.
¿No teme que, al permanecer ella en su cargo, el ministro salga perjudicado? Ya vimos lo que pasó esta semana, cuando el senador Latorre le endosó responsabilidad a él.
Aquí no se trata de endosarse responsabilidades. Evidentemente, el control de la gestión también tiene responsables. Por lo tanto, yo llamo a que se haga aceleradamente una investigación de todo esto, incluso pedirle al Ministerio Público que haya un fiscal que tenga una atención preferente a este tema. Mientras más días pasen, más se daña la confianza de la ciudadanía.
¿Es inconveniente que el Presidente haya viajado al sur con esta crisis política? Algunos pidieron que regresara.
Hoy día todo es cuestionable. Si el Presidente vuelve, también se va a cuestionar. Conozco las dificultades que existen para ir a la Antártica. Se planifica con meses de anticipación. Entiendo que el Presidente haya optado por ir a esta visita que también tiene por finalidad hacer soberanía.
