Han caminado por el desierto largas horas. No han comido, están mal abrigados, cargan dos mochilas con ropa y al hijo a cuestas. Un bus boliviano los trajo hasta Pisiga, a escasos kilómetros de la aduana Chile-Bolivia, para que cruzaran por donde pudieran, en los más de 184 kilómetros de frontera del territorio aimara. Y como los éxodos clandestinos ocurren de noche, ambos decidieron adentrarse y cruzar de forma irregular, junto a muchos otros en la misma condición. Todo por lograr un mejor pasar, por cumplir el ‘sueño chileno’.

A 3.600 metros sobre el nivel del mar, en medio del altiplano andino, el frío golpea como fierro en los huesos y la altura apuna a cualquiera. Son las 3 de la mañana y el termómetro marca -8° Celsius. Raquel y Néstor finalmente pisan suelo chileno. Tras 11 días de viaje desde Venezuela, avanzando por trochas, durmiendo mal y gastando los ahorros familiares, se adentraron a Colchane.

La pareja cuenta que se negaron hasta el final a dejar Venezuela y que desde Valencia, en el estado de Carabobo, veían cómo sus amigos y vecinos vendían sus pertenencias para dejar el país, convencidos de que en otras latitudes podrían terminar sus privaciones. Quisieron esperar a que las cosas mejoraran, pero llegó un momento en que el salario de camionero de Néstor no cubría más de tres días de comida. Así, cualquier opción era mejor que quedarse.

Raquel y Néstor se unieron este año a las miles de familias que han migrado irregularmente a Chile en los últimos dos años. La llama que encendió la mecha, afirman los expertos, fue la pandemia: con los aeropuertos y fronteras cerrados, los pasos no habilitados aparecieron como la única alternativa para aquellos más desesperados.

Las cifras de la Policía de Investigaciones dan cuenta de esto. Si en 2019 entraron 8.048 personas en esta condición, en 2020 la cifra se duplicó, con 16.848. Y este año se intensificó: a septiembre, iban en 33.503.

Son números que evidencian la tendencia al alza. Desde 2011 a la fecha, el número de personas que llegaron al país en situación irregular ha aumentado en 3.533%.

Quienes lideran este ranking son los venezolanos, que solo este año ya registran 25.314 entradas clandestinas. Les siguen, aunque muy de lejos, los bolivianos, con 4.504; los colombianos, con 1.382, y los haitianos, con 1.009 (ver infografía).

El registro cuantifica únicamente a las personas que han sido pesquisadas por las policías, ya sea porque se autodenunciaron ante la PDI o bien porque se les solicitó su identidad. Y ello deja fuera a un número indeterminado que no ha sido contabilizado formalmente.

“Este es un problema que aún no se puede controlar. Estamos recibiendo alrededor de 400 migrantes diarios, gente que llega prácticamente con lo puesto. Nuestra comunidad es mayoritariamente de la tercera edad y se ha visto muy afectada, porque han sufrido saqueos o incluso la ocupación de sus casas, ya que quienes llegan no traen las ropas adecuadas para soportar el frío”, reconoce Javier García, el alcalde de Colchane, una de las comunas más golpeadas con el fenómeno migratorio.

Raquel y su familia alcanzaron a estar solo un par días en la remota comuna limítrofe de la Región de Tarapacá, pues consiguieron establecerse en Talcahuano, Región del Biobío. “Me gusta esta comuna, es tranquila. Mi marido y yo ya estamos trabajando, y nuestro hijo está yendo al jardín. Ha resultado todo bien”, cuenta.

Eso sí, cada dos semanas deben ir a firmar a la PDI un documento de migración, a la espera de que llegue la carta de expulsión y poder apelar a ella, para obtener la residencia definitiva. Es el protocolo que siguen todos los inmigrantes que ingresaron de esta manera.

Pese a todo, saben que han tenido suerte: otros compatriotas han sido deportados.

A 237 kilómetros al suroeste de Colchane, en Iquique, cientos de extranjeros aún deambulan y duermen por las calles, playas y plazas intentando conseguir el dinero o los permisos para continuar el rumbo hacia el sur, tras ser desalojados en septiembre de la Plaza Brasil y sufrir el ataque de un grupo de iquiqueños al día siguiente, en una lamentable postal que recorrió el mundo.

“Lo que ahí ocurrió fue solo una acción de difusión por desplazamiento, porque, aunque esas personas ahora no están en la Plaza Brasil, están en las playas o en otras plazas”, dice el sociólogo y académico de la Universidad Arturo Prat (Unap), Daniel Quinteros.

Él ha observado de cerca el fenómeno migratorio en Chile y, específicamente, en Tarapacá.

“Los albergues están condicionados para que los migrantes se autodenuncien. Les dicen que lo hagan y les ayudará a regularizar su situación en el país, pero no les informan que existe la Ley 20.430, que permite solicitar refugio”, explica.

Según cree, esta es una de las razones por las que ha aumentado tan explosivamente la cifra de extranjeros en esta condición, mientras las solicitudes de refugio, en contraparte, han caído. Según el recuento de la PDI, durante los últimos tres años apenas 140 personas ingresaron en calidad de refugiados. El grueso de esos ciudadanos entró en 2019 (120). En 2020, en tanto, solo lo hicieron siete extranjeros, mientras que en 2021 solo van 13.

Para el alcalde iquiqueño, Mauricio Soria, esta olla a presión aún sigue hirviendo: “Están llegando entre 250 y 300 personas diarias, lo que nos tiene saturados, con un 50% de esas personas sin siquiera poder entrar a una residencia sanitaria”.

Soria denunció en la justicia la “inacción” del gobierno frente al problema en su comuna, presentando un recurso de protección que la Corte Suprema acogió esta semana.

El fallo de la Tercera Sala de la máxima corte estableció que las medidas del Ejecutivo han sido “insuficientes” ante la crisis y exigió mayor “diligencia”.

“Las autoridades recurridas deberán, en un breve plazo y previa coordinación con la Municipalidad de Iquique, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a enfrentar de modo adecuado la crisis humanitaria y migratoria en actual desarrollo, procurando, asimismo, cautelar en todo momento los derechos de los migrantes que ingresan al territorio nacional por los pasos fronterizos de la zona afectada”, refirieron los ministros en el escrito.

Aunque Natan Olivos, delegado presidencial subrogante de Tarapacá, asegura que el problema está bajo control.

“En febrero fue el peak de las migraciones irregulares, pero ahora la situación está mucho más controlada. En las calles debe haber unas 300 personas, y en nuestros albergues sanitarios otras 600 o 700″, dice la autoridad, que el jueves lideró la expulsión de 155 migrantes colombianos y venezolanos, todos con antecedentes penales, en un vuelo que salió de Iquique.

La problemática situación ha sido observada a nivel nacional. A inicios de año, un grupo de expertos de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó al Gobierno de Chile a “detener de inmediato” los procesos de expulsiones colectivas de inmigrantes, argumentando que “tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria”, acorde a los establecido en las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Y aunque el delegado presidencial (s) reconoce que la infraestructura para soportar el éxodo migratorio no fue suficiente durante los primeros meses del año, afirma que las cosas han cambiado: “Tenemos un dispositivo de primera respuesta en Colchane y otras zonas fronterizas, además de residencias sanitarias y un albergue que vamos a levantar junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el Campus Lobito, de la Universidad Arturo Prat”.

Además, añade que se ha reforzado la seguridad. “Estamos trabajando arduamente para controlar el flujo migratorio en la región y el país. Para eso, nos hemos coordinado con la PDI, Carabineros y la Policía Marítima, pues también se están dando ingresos por el mar desde Perú”, dice.

Las ONG presentes en la zona también han ejecutado una serie de acciones para abordar la ola migratoria. El Acnur y el Servicio Jesuita Migrante son las principales organizaciones trabajando en el lugar, entregándoles comida, útiles de aseo y documentación legal a los recién llegados, para evitar que sean deportados.

“Es imprescindible involucrar a las comunidades locales de acogida en la búsqueda de soluciones y trabajar junto a la sociedad civil, el sector privado y las autoridades nacionales, regionales y locales, para establecer estrategias que permitan a estas familias tener una primera llegada digna al país que dé respuesta a sus necesidades humanitarias. Hemos estado trabajando en ello y seguimos haciéndolo por el bienestar de las familias”, comentan desde el Acnur.

Pero pasan los días y la cifra de extranjeros que llega al país por pasos no habilitados se mantiene al alza. Y todos coinciden en que este no será un problema de fácil solución.

“Este problema llegó para quedarse. Se pueden poner más filtros para complicar el arribo de los extranjeros por pasos no habilitados, pero van a seguir llegando igual. Las rutas ya están hechas y hay grupos de WhatsApp donde las comunidades ayudan a sus compatriotas para que puedan cruzar de la mejor manera. Sin una política más profunda para enfrentar esta crisis, el número de personas en situación irregular continuará aumentando”, sentencia Daniel Quinteros.