En medio de las crecientes cifras de delincuencia que se registran en Perú, altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte se mostraron a favor de llevar adelante medidas similares a las adoptadas por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto pese a que este tipo de estrategia ha sido fuertemente cuestionada a nivel internacional, por no respetar los derechos humanos.
El primero en mencionar el tema fue el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en el II Congreso Internacional de Flagrancia. “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo.
Ante esto, el premier Alberto Otárola calificó de “eficiente” los planes en marcha de Bukele respecto de la lucha contra las pandillas organizadas.
“Se podría (evaluar aplicar el modelo de El Salvador), ciertamente, que se podría. Uno de ellos, aunque no sé si es el caso de El Salvador, nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional”, indicó Otárola.
Y aclaró que el gobierno no busca calificar a todos los extranjeros de delincuentes porque existen los que buscan en el país nuevas oportunidades y los que solo llegaron a Perú a delinquir.
“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. Perú tiene su propia política de seguridad pública, hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar varios aspectos”, añadió.
Otárola indicó que uno de los planes que busca emprender el gobierno de Boluarte es el de modificar cerca de 50 normas para “hacer a la Policía más eficiente y poder atender a los ciudadanos”.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, los crímenes están volviendo a los números que se tenía antes de la pandemia. De acuerdo a su último informe del período entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, un 23,2% de jóvenes mayores de 15 años fue víctimas de estos actos, lo que representó un aumento de 0,7% respecto al segundo semestre de 2022 y subió un 3,3% con respecto a 2021. Datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) muestran que en el primer trimestre de este año se registraron 26.652 robos, un promedio de 296 diarios.
Antes de la instalación del régimen de excepción, El Salvador presentaba altos niveles de delincuencia en las calles. Los muertos y heridos por asaltos eran tema de todos los días. En 2015, era considerado el país más violento a nivel mundial. La tasa de homicidio ascendía a 105 por cada 100 mil habitantes. En 2019, el país presentó 2.390 homicidios.
Bukele asumió como Presidente en junio de ese año y desde entonces las cifras oficiales registran un descenso en la criminalidad. De hecho en mayo pasado, el mandatario señaló que habían logrado que no ocurrieran homicidios en 365 días (no continuos), desde llegó al poder hasta el 10 de mayo de este año.
Producto de estas medidas también han aumentado las detenciones. Por ejemplo, en 2022 se registraron más de 18 mil detenidos en solo un mes. Estas acciones pueden ser realizadas por los policías sin que exista una orden judicial que las respalde.
Para luchar contra la criminalidad, en El Salvador se instaló un régimen de excepción llamado Plan Control Territorial y consiste en una figura que suspende el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, entre ellos la libertad de asociación y el derecho a la defensa. También se permite a las autoridades intervenir las telecomunicaciones sin que exista una autorización judicial de por medio.
A juicio de la experta peruana Ursula Indacochea, coordinadora de la organización estadounidense Due Process of Law Foundation (DPLF) que ha monitoreado la situación en El Salvador, es muy difícil que se aplique estas medidas en “Estados que tienen democracias, porque implicaría básicamente hacer desaparecer el debido proceso penal y cooptar el sistema de justicia”.
Indacochea explicó que la estrategia de Bukele no es principalmente de seguridad, que solamente implique decretar estado de excepción y detener masivamente a las personas, sino que es un plan de control territorial y quizás hasta de control social, que ha tenido fases. Entre ellas se encuentran el control al sistema de justicia.
“Hay una estrategia primero de debilitamiento de las instituciones que pueden hacer algún tipo de contrapeso o de defensa de derechos a su estrategia de control territorial. Una segunda faceta que acompaña esto es la reforma de las leyes penales”, dijo Indacochea en conversación conLa Tercera.
“Básicamente lo que buscan es aumentar las penas de una manera exponencial de ciertos tipos de delitos, crear delitos nuevos, entre ellos están aquellos que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión cuando periodistas informen sobre las actividades de las pandillas o reproduzcan algún mensaje de las pandillas. Pero también en términos procesales, por ejemplo, se establece prisiones preventivas indefinidas, jueces sin rostro, juicios masivos, detenciones masivas”, añadió. “No existe la obligación de registrar las detenciones, ni de dar a los familiares la información de dónde se encuentran sus familiares detenidos. O sea, hay una serie de reformas que afectan la posibilidad de defenderse en un juicio de una forma tan brutal, que eliminan casi por completo las garantías del debido proceso”, concluyó.b
